Si hay alguna hipocresía mayor que darse golpes de pecho, echar una bronca en el Parlament catalá o llamarse madre superiora (si es que esto último es verdad) para llevarse los dineros no solo catalanes sino quién sabe también si nuestros a Andorra, alegando que el abuelo era millonario (a diferencia del de Víctor Manuel, que solo era minero), es la de los burdeles. Esos que nos encontramos por cualquier carretera española con luces rojas, verdes y amarillas (como diría Sabina) que te invitan a parar y conocer a la Magdalena. Todo el mundo sabe que existen, pero sin embargo son invisibles a la verdad de la ley. Solo de vez en cuando una redada pone fin a la explotación sexual del ser humano.

Al igual que un cura no puede estar en un puticlub, los sindicatos no pueden comerse los dineros de los trabajadores y un juez no puede prevaricar, por ser lo más deleznable, tampoco se puede seguir fingiendo que los burdeles son sitios de alterne voluntario y sus camareras están de propio gusto en ellos. Habrá de todo, imagino, pero lo cierto es que aunque lo que el legislador penal castigue sea no a la prostituta/to ni al cliente en sí, sino al proxeneta, chulo o rufián que vive del ejercicio de la prostitución de otras persona, lo más grave es que se practique contra voluntad. Secuestradas y maltratadas. Creo que la cuestión es tan importante como para que nuestros legisladores se pongan de una vez las pilas a fin de dar una solución a estos problemas sociales y personales.

Un ejemplo de ir más allá lo ha dado una vez más Holanda. Su capital, Amsterdam, acaba de abrir, auspiciado por su propio Ayuntamiento, un burdel dirigido por las propias prostitutas. La prostitución, que en Holanda se legalizó hace ya diecisiete años, exigiendo a los propietarios de esos negocios obtener una licencia para su apertura y a las prostitutas el pago de sus impuestos, sin embargo no dio el resultado deseado porque el tráfico ilegal de personas siguió existiendo. Por eso se ha dado un paso más con la gestión de los negocios por las propias trabajadoras, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo, desde el tamaño y decoración de las habitaciones hasta las horas que trabajan, el precio del alquiler o los períodos de vacaciones o de enfermedad. Todo ello con la exclusiva finalidad de promover la emancipación y el autoempleo de las profesionales del sexo.

Lo curioso es que haya sido el propio alcalde de Amsterdam el promotor de la idea y por eso lo denominan el ´burdel municipal´. Claro que no solo de pan vive el hombre, por eso la financiación del proyecto era clave. Y como los bancos siempre están desinteresadamente pendientes de cualquier asunto social, el banco holandés Rabobank (no podía ser otro) ha concedido a la fundación Mi Luz Roja préstamos para que el proyecto empiece a funcionar. También aseguradoras y alguna institución contra el sida han colaborado. Claro que no a todo el mundo le parece bien que se legalice la prostitución, y mucho menos que desde el Ayuntamiento se proyecten burdeles gestionados por las propias prostitutas. Sin embargo, una cosa está clara: la hipocresía con que en España se está viviendo la prostitución es algo que debe finalizar.

Su legalización contribuiría, en mi opinión, a evitar la explotación sexual de hombres o mujeres, existiría un control sanitario y de impuestos y, sobre todo, se acabaría con los negocios sucios de los que viven a costa de los demás. Ojala algún día veamos juntos a las luces verdes, rojas y amarillas, un número de control administrativo. Hasta la Seguridad Social lo agradecerá, y las propias trabajadoras mucho más.