El Castillete

Moción de censura y cambio

30.05.2017 | 22:34
José Haro Hernández

Usted ha actuado como abogado defensor de los acusados de corrupción del PP. El Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus corruptos. Pone en riesgo el Estado de Derecho y no puede seguir ni un minuto más en su cargo». Son palabras textuales de Isabel Rodríguez, diputada del PSOE, en la sesión del Congreso celebrada el 17 de mayo, que debatía la propuesta socialista de reprobación del ministro Catalá (junto con el fiscal general y el fiscal Anticorrupción), soportada en la connivencia manifiesta de estos cargos públicos con presuntos corruptos afectados por los recientes escándalos judiciales. Apréciese el alcance de las palabras de la diputada: acusa al Gobierno de la Nación, y no sólo al Ministro de Justicia, de varios delitos, entre ellos el de obstrucción a la Justicia y el de encubrimiento de la corrupción. El sentido común nos indica que, cuando se da una circunstancia de tamaña gravedad, el Gobierno ha de ser sustituido dado el peligro que para la misma democracia representa su continuidad al frente del país. La propia diputada así lo contempla cuando asegura que el ministro recusado, por el riesgo que supone para el Estado de Derecho, no puede seguir en su cargo «ni un minuto más». Como quiera que Rajoy reafirma su apoyo al recusado, desoyendo la voluntad mayoritaria del Parlamento, la urgencia del cese se extiende al propio jefe del Ejecutivo.

En este caso, podría pensarse que basta con exigir la dimisión de Rajoy, como plantea el flamante secretario general del PSOE y vencedor de las primarias, Pedro Sánchez. Esta petición presenta dos importantes limitaciones. La primera de ellas es que el interpelado ya ha dicho por activa y por pasiva que no piensa irse. Y la segunda y más importante nos remite al alcance y profundidad de los procesos de corrupción, que afectan a gran parte de las instituciones regentadas por cargos públicos del Partido Popular, y no sólo al Ejecutivo central y sus integrantes. Por consiguiente, no basta con que dimita el presidente del Gobierno y sea reemplazado por otro miembro de su partido: es fundamental acabar con los resortes de poder que sostienen y alimentan la corrupción e implantar un poder democrático honesto que, desde la máxima instancia institucional, limpie el solar patrio y lo ventile. Se requiere, en consecuencia (descontada una sedición militar por razones democráticas obvias) una moción de censura que tumbe al Gobierno y restaure la decencia en la vida pública.

La moción de censura tiene, por tanto, no sólo una dimensión política, sino sobre todo moral y ética. Y además es urgente, dada la situación de degradación institucional acelerada que vive el país. Por ello el argumentario que esgrime Pedro Sánchez (aupado por la militancia socialista para decir no a la derecha, tanto a la que medra en el PSOE como a la de fuera), no es correcto. Primero porque asegura que los números no salen. Y es verdad que, aunque debido a la complicidad de Ciudadanos con el PP las cuentas pudieran no salir, la parte sana de la representación política ha de reafirmar su dignidad frente a los corruptos y sus cómplices, señalarlos y erigirse como alternativa ética a la ciénaga. Esto es perentorio. En segundo lugar, el secretario general socialista y sus colaboradores también argumentan que una moción ha de ser constructiva. A este respecto, Unidos Podemos ha propuesto al PSOE sumarse a una moción de censura que presentase este partido. El candidato ya está fijado: el propio Pedro Sánchez, y el programa de emergencia se puede negociar en unos días sin grandes problemas dada la reorientación que presumiblemente va a imprimir al PSOE su nuevo secretario general, muy alejada (esperemos) de la connivencia con la derecha corrupta que hasta ahora había exhibido el aparato felipista de Ferraz.

Lo cierto es que este país, sus gentes, necesitan superar estar etapa negra de corrupción sin límite y desigualdad creciente. Y para ello no hay otro camino que el de la unidad de las fuerzas progresistas.

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