El Castillete

En el punto de mira

16.05.2017 | 04:00
En el punto de mira

Por razones tanto de proximidad familiar como de amistad con personas que durante décadas han sacado adelante la Educación de personas adultas en la comarca de Cartagena, tengo un cierto conocimiento de la evolución de este segmento de la enseñanza a lo largo del tiempo. Inicia su andadura este servicio a principios de la década de 1980 a través de una serie de asociaciones voluntariosas (también algunos Ayuntamientos) que se nutren de subvenciones que otorgan, no siempre puntualmente y en cuantía suficiente, las distintas Administraciones. Lo cierto es que el esfuerzo de esos colectivos va afianzando la educación de adultos como servicio educativo que discurre paralelo a las enseñanzas convencionales. Los educadores, con el tiempo, pasan a ser contratados por los Ayuntamientos, en un ejemplo claro de asunción forzada de competencias impropias que, en realidad, corresponden a la autonomía. Ésta asume a esos trabajadores y trabajadoras como personal laboral y, finalmente, como funcionario.

Ahora bien, el proceso de consolidación laboral del profesorado ha discurrido casi en paralelo a un progresivo vaciamiento del servicio lo largo de la última década. Efectivamente, en estos últimos años, de curso en curso, se ha procedido por parte de la Administración regional a limitar el ámbito competencial de la enseñanza de personas adultas, reduciendo los grupos y, en consecuencia, provocando un deterioro de la oferta. La ofensiva alcanzó un punto álgido hace un par de años mediante un borrador de decreto autonómico que reducía a su mínima expresión la educación de adultos. La movilización sindical y del profesorado implicado contuvo esta agresión, si bien la labor de zapa y laminación prosigue subrepticiamente de tal modo que la consejería de Educación elimina grupos atendiendo exclusivamente a criterios cuantitativos de ratio y eludiendo el servicio público que se presta, básicamente orientado hacia colectivos sociales desfavorecidos.

Porque en esencia el ninguneo que sufre la educación de personas adultas por parte de la Administración del PP refleja dos aspectos inherentes a la política de este partido. Por un lado, su rechazo a lo público; por otro, su indiferencia hacia ese sector de la población que requiere de una compensación educativa para insertarse social y laboralmente. Y esto es lo que aporta esencialmente este servicio, a saber, inclusión a través de la formación, es decir, vertebración social y, en definitiva, una aproximación a la igualdad real de oportunidades. Tal es así que mientras el gobierno racanea con los escasos fondos que se destinan a la educación de adultos, no tiene ningún inconveniente en destinar cantidades ingentes de recursos a subvencionar centros concertados para que asuman una oferta educativa (bachiller y FP) cuya demanda cubre satisfactoriamente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, la red pública. Así pues, la degradación de esta parte de la formación no es otra cosa que una opción ideológica y política de la derecha, que no termina de asumir ni el concepto de servicio público, ni la lucha contra la desigualdad, ni la necesaria integración de las personas amenazadas de exclusión.

Resulta sorprendente que a estas alturas no exista una Ley Regional de Educación de Adultos, como sí ocurre en otras Comunidades Autónomas, lo que abunda en la idea de que este tema no ha interesado. Sencillamente se está dejando morir por inanición esta oferta educativa. Cada final de curso, invariablemente, se anuncia una minoración de grupos para el curso siguiente, basándose exclusivamente en criterios de rentabilidad económica; criterios que se tornan extraordinariamente laxos cuando se trata de duplicar gasto educativo de manera innecesaria para subvencionar la enseñanza privada concertada. Una Ley regional que debiera garantizar, en lo fundamental, que la oferta educativa permanente llegue a todos los rincones donde haya población con necesidades formativas y que se agrupe en tres modalidades: enseñanzas regladas, no regladas y formación para el desarrollo social, laboral y personal. Ello acompañado de una suficiencia financiera que posibilite hacer realidad esa idea de formación permanente. Si aspiramos a una sociedad más formada, cohesionada y próspera, no puede ser de otra manera.

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