Punto de vista

El imperativo de poner fin a una época

04.05.2017 | 19:44
José Luis Villacañas

Mientras gobernaba el PP, la Justicia trabajó con independencia», dice Mariano Rajoy una y otra vez. Ahora, sin embargo, tenemos suficientes pruebas para terminar la frase: «Y eso a pesar de que hicimos todo lo posible para obstaculizar su trabajo». Pues en realidad eso es lo que el espectador comprendió al escuchar las grabaciones mostradas en el programa del sábado noche de La Sexta. Allí se explicó el sentido del movimiento de algunos fiscales en los meses pasados, lo que llevó a Manuel Moix –«un buen tío»–­ a la Fiscalía Anticorrupción. El conocimiento que tenía de la operación Eduardo Zaplana, que la daba por hecha, la satisfacción de Ignacio González, la alegría de sus confidentes, la complicidad que se daba por supuesta del ministro Rafael Catalá, todo eso, deja contra la cuerdas al Gobierno de Rajoy y, desde luego, al secretario de Estado que recibió al hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid. Con toda esa movida en danza, carece de relevancia que ese hermano no estuviera imputado todavía en el momento de la visita. Con solo tener una ligera idea de los asuntos en que estaba metido González, cualquier funcionario público decente, y todavía más un informado secretario de Estado de Interior, no debería recibir ni a su tatarabuelo.

Lo decisivo de este grupo es que no sabemos hasta dónde pueden llegar sus ramas ni hasta dónde su actuación. González, en el momento crucial de su desesperación, llegó a hablar de pegarle dos tiros a la jueza que investigaba el ático de Marbella. ¿Podemos pasarlo como una broma en alguien que sabemos que iba armado de forma habitual? Más indicativas para apreciar el alcance de la trama parecen las conversaciones grabadas entre González y Zaplana. Estas conversaciones son relevantes por dos motivos: primero, porque muestran la diversidad de intereses en los que intervienen estos sujetos. Son como un radar de oportunidades económicas. Desde asuntos de terrenos en Canarias a un campo de golf con problemas de agua, todo cruce de intereses públicos y privados cae bajo sus aparatos de detección.

Pero, más importante todavía, cuando un asunto cae bajo sus redes, entonces escanean a la plana mayor de su partido, incluidos los altos funcionarios que han pasado bajo su mando, para identificar quién es el mejor situado a fin de resolver un problema que implica por lo general una zona confusa de legalidad. Una vez identificado el agente decisivo, se trata de encontrar al político que pueda tocarlo, influirlo, presionarlo. Así, estas conversaciones examinan desde Dolores de Cospedal hasta su marido, pasando por sus amigos o los amigos de sus amigos. Esto es: en la práctica, esta gente vive para este tipo de cosas. Es su vida cotidiana, su hábito, su normalidad. Política es para ellos hacer negocios con bienes públicos. Da igual quién mande. Su red es operativa porque es sencillamente general. Alguien como el tal Taboada puede estar trabajando con Cristina Cifuentes. Bueno, no pasa nada. Que no se entere Cifuentes y basta. La razón es precisa: «Me lo debe todo».

La cuestión es que nadie está a salvo de este tipo de comportamiento. Llegar, entrar, meter, tocar, todos estos verbos de contacto nos sugieren que, como en las homeomerías de Anaxágoras, todos los elementos están en contacto. Da igual el punto de partida. González encuentra el camino para llegar al final. La impresión que uno tiene tras escuchar estas grabaciones es que se trata de una Administración podrida, que comenzó a gobernar Madrid con el tamayazo, una podredumbre pública, y que algún día sabremos hasta dónde ha llegado en ilegalidades diversas. Por eso es completamente necesario poner esta Administración bajo otra dirección política, abrir los cajones y cooperar con los jueces de forma franca en el esclarecimiento de todos estos hechos. Y por eso no tendría justificación que, si pudiera formarse un Gobierno para este fin, no se formase.

No se trata de que Cifuentes o Rajoy estén o no directamente implicados o imputados. Se trata de que tenemos pruebas políticas suficientes de que el Gobierno, desde el ministro de Justicia al de Interior, usa su poder para proteger a conocidos actores y exgobernantes del PP de una investigación imparcial. Yo no sé decir si esas pruebas son suficientes desde un punto de vista penal y no me interesa si es así o no. Lo evidente es que supuestos criminales conspiraron con cargos públicos que tomaron decisiones a su favor, y cuya finalidad era que su estatuto procesal no pasara de la presunción delictiva. Y se trata de que tenemos sobradas evidencias de que el trato de favor, la influencia, la amistad, la violación o la ignorancia de la ley, son la regla y el hábito de lo que esa gente entiende por hacer política. Para ellos viene a significar siempre una cosa: oportunidades económicas para sí y para los amigos.

Esta experiencia cívica inédita en la historia de España, que es observar y juzgar a una clase política de modo riguroso, no culminará mientras esa misma clase política siga en el poder. Y por eso las mociones de censura deberían hacerse cargo de la situación de urgencia para que esta gente salga de los despachos oficiales cuanto antes. Pero dado que estos hechos sugieren una verdadera situación de excepcionalidad, debería también definir, de forma coherente, Gobiernos excepcionales y ajenos a una lógica partidista. La incapacidad de forjar ese espíritu ha salvado hasta ahora al PP. Los Gobiernos de lógica no partidista se llaman Gobiernos provisionales. Como tales, se dan un plazo de actuación fijado. Establecen alguna ley procedimental nueva, por ejemplo, una ley de financiación de partidos, o una ley electoral, y con ella en la mano convocan elecciones para volver a la lucha política legítima. Nuestros partidos no han sido capaces de hacer nada parecido. Y lo que es peor: han esperado a que lo hagan los jueces, contra el viento y las tempestades que los propios políticos levantaban en su contra.

Un Gobierno provisional es lo que teníamos que haber forjado tras el 20D, cuando ya sabíamos lo suficiente de lo que había tras las puertas de los despachos oficiales. Y no se hizo, para estupor de una ciudadanía que había visto mucho más de lo que se podía aguantar, pero que tuvo que aprender todavía el verdadero significado de lo que es ver demasiado. Y al no brindarnos un gobierno provisional de concentración, dejó de nuevo en manos de Rajoy el control del poder y los tiempos y los ritmos de la verdad. Todavía debemos preguntarnos por qué no fue posible aquello y dónde reside la responsabilidad máxima por no habernos ofrecido lo que una lógica democrática exigía de modo incondicional. De este juicio ha de depender necesariamente el posicionamiento que adoptemos respecto a las fuerzas políticas en liza en España. Pero algo es seguro. Una decisión en favor de un Gobierno provisional de coalición implica un paréntesis en la lucha partidista, para reemprenderla después y solo bajo reglas nuevas y más justas. Si el ideario de uno de los actores es destruir al que se supone que debe ser su socio provisional, entonces hay pocas posibilidades de que se genere el terreno de juego adecuado. La consecuencia ahora la vemos. El crecimiento de la desconfianza y de la soledad, que hacen más difícil poner fin a una época infausta y nefasta. Y lo que es todavía peor: que no dejan ver el final de esta vergonzosa pesadilla.

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