Desde mi picoesquina

Cárcel Vieja y el ordeno y mando

Quizá sea en el ámbito municipal, dada la cercanía de la Administración a los vecinos y vecinas, donde esa deseada participación sea más viable. Pero ¿son éstas las líneas de actuación del PP en la Región de Murcia?

02.05.2017 | 04:00

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un precepto constitucional consagrado en el artículo 23 de nuestra Carta Magna. Además, la OCDE, en su Manual sobre información, consulta y participación, recomienda que la Administración pública reconozca la capacidad autónoma de la ciudadanía para discutir y plantear alternativas. La activa participación ciudadana es una nueva frontera de las relaciones entre instituciones públicas y sectores populares que algunos países, como Canadá, en donde es una prioridad fundamental, y Holanda, en donde la participación interactiva de la ciudadanía es fundamental en la toma de decisiones, han empezado a explorar. Quizá sea en el ámbito municipal, dada la cercanía de la Administración a los vecinos y vecinas, donde esa deseada participación sea más viable. Pero ¿son éstas las líneas de actuación del PP en la Región de Murcia? Veamos.

El BOE del pasado 19 de abril publicaba el anuncio del ayuntamiento de Murcia de la convocatoria del concurso de anteproyectos con intervención de jurado para la rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua prisión provincial de Murcia, convocatoria que nace viciada en su origen: tanto el propio concurso como las bases administrativas que rigen el mismo han obviado la necesaria participación popular en ese proceso. Si, como se expresa arriba, el protagonismo de las ciudadanas y ciudadanos debiera ser el eje conductor en las actuaciones de los gestores públicos, ese planteamiento está puesto hoy en cuarentena claramente, pues los Gobiernos del PP, en sus distintos ámbitos, están acostumbrados a considerar lo público como su particular patrimonio y, por lo mismo, son tremendamente refractarios a todo cuanto huela a participación y control popular.
Recientemente, además, el Colegio de Arquitectos de Murcia (COAMU) organizó una jornada con expertos para debatir sobre ese asunto, pero eminentemente técnica, y en la que a la actuación ciudadana se le reservaron 30 minutos.

Pese a tantos inconvenientes, la presión social, aunque menor de la deseada, ha influido, sin duda, para que el tema de la Cárcel Vieja se haya abierto un hueco en la agenda política y social. Recordemos que la apertura simbólica de los muros de esa prisión, en octubre de 2015, en acto organizado por la Asociación de la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU), con la presencia de dos personas, hoy centenarias, que penaron en sus estancias, don José Fuentes Yepes y el maestro don José Castaño, fue el punto de arranque de la reivindicación de la rehabilitación y puesta en valor de ese edificio. Pero no puede caerse, como pretende el Ayuntamiento, en la banalización de ese espacio con una indefinición, al día de hoy, de usos futuros en los que, nos tememos, la Memoria Histórica ocupe (si es que lo ocupa) un lugar residual.

Porque, como expuso el profesor Medina Albaladejo en el acto del COAMU (y yo mismo recordé en mi artículo La Cárcel Vieja, ante todo Espacio para la Memoria, del 3 de octubre de 2016 en este periódico), la antigua prisión provincial fue testigo de la ejecución de más de 540 personas entre 1939 y 1942, a las que hay que añadir las fusiladas con posterioridad, hasta 1945, y otras 60 que fallecieron por desnutrición y enfermedades varias entre sus muros.
Esa es la razón por la que tanto la recién creada Plataforma Ciudadana Cárcel Vieja-Memoria y Cultura Viva como MHMU han presentado al Ayuntamiento un petición expresa para que en el punto 11 de las bases administrativas del concurso se incluya un apartado que valore, con 9 puntos adicionales, el que en el futuro edificio remodelado haya espacios para exposiciones permanentes e itinerarios didácticos sobre ese establecimiento penitenciario, junto a usos archivísticos, museísticos y biblioteca, vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, se instó a los grupos municipales a la presentación de una moción, que iba a discutirse en el Pleno del pasado día 27, para intentar, al menos, modificar en parte las bases del concurso. En ella se pedía, expresamente, la definición de los aspectos memorialistas, concretándolos en un Museo de la Democracia, la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, así como un recurso de apoyo a la labor investigadora sobre la Memoria Histórica local y regional. Asimismo, la moción planteaba la necesidad de contar en el jurado del concurso con miembros de MHMU, algún catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la UMU y alguna persona en representación de los grupos municipales. Se pedía, además, que en ningún caso los usos de tipo hostelero fueran los primeros que ocuparan el recinto remodelado, para impedir que se diluya el prioritario carácter memorialista y cultural del mismo.

Pero la política del ordeno y mando del Ayuntamiento, personificada claramente en la figura del concejal responsable de Fomento, que convenció a Ciudadanos para que no apoyara dicha moción, hizo que, ante la posibilidad de que tanto este partido como el PP presentasen una moción alternativa, aquélla fuera retirada. Esperemos que la receptividad hacia alguna de las demandas ciudadanas que detectamos en el COAMU y la necesaria movilización social puedan influir para revertir la dinámica municipal.

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