El Partido Popular ha planteado la conveniencia de eliminar como parte activa de la acusación popular a los partidos políticos, los sindicatos y, en general, las asociaciones como Manos Limpias formadas con el propósito principal de ejercer dicho tipo de acusación. Se trata de una contrapartida que vendría a equilibrar la petición de Ciudadanos de retirar indiscriminadamente el aforamiento a los políticos, sean cargos de libre designación o de representación.

La acusación popular consiste en la posibilidad de que cualquier ciudadano o persona jurídica intervenga como acusación autónoma en la fase de instrucción de cualquier investigación en el ámbito del derecho penal. Y eso aunque no sea parte perjudicada directa o específicamente por el posible delito. Se diferencia así de la acusación particular, diseñada para los que hayan sido perjudicados directamente por el posible delito.

Ha emergido una legión de defensores de la acusación popular, cuyos argumentos merecen ser rebatidos. Ya dijo Gustavo Bueno que la muestra máxima de respeto a un adversario es molestarse en demostrar que se equivoca.

El primer argumento que conviene demoler es que excluir a partidos y sindicatos de la acusación popular exigiría reformar la Constitución. Eso simplemente es mentira. En su artículo 125, la Constitución dice que «los ciudadanos podrán ejercer la acusación popular y participar en la Administración de la Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales».

La institución del Jurado y el Tribunal de las Aguas o el Consejo de los Hombres Buenos no son objeto de este debate, que versa solo sobre la acusación popular. Y lo que dice la Constitución es que podrán ejercerla los ciudadanos en los procesos penales según determine la ley. Resulta obvio que para excluir a los partidos no hay que tocar la Constitución sino recogerlo en la correspondiente ley de desarrollo, posiblemente el Código Penal. Mienten, pues, los que afirman que requeriría una reforma constitucional.

La Constitución no menciona a los partidos, sino a los ciudadanos. De hecho, las primeras sentencias del Tribunal Supremo al respecto interpretaron que los partidos estaban excluidos, porque no son ciudadanos. Fue más tarde cuando, vía jurisprudencia, no vía ley, se amplió generosamente el concepto de 'ciudadanos' para incluir a todo tipo de agentes.

Hasta donde yo sé no hay ninguna ley que regule la acusación popular, sino que hay que remitirse a una norma de 1882, un siglo anterior a la Constitución vigente, para encontrar alguna concreción. Y, sorpresa tras sorpresa, ahí se restringía al delito de soborno, ahora cohecho, y al de prevaricación de jueces y fiscales. Fue vía jurisprudencia que se amplió a todo tipo de delitos contra el bien común, porque para los otros ya estaba la acusación particular.

Por otra parte no hay acusación popular en ningún otro país de la Unión Europea. Es una luz que brilla solo en España, lo que quizás esté relacionado con el predicamento del que gozó la Inquisición en nuestro país. Así que aquellos que tomen como modelo a Francia, Italia, Inglaterra o Dinamarca, deberían aclararse mejor.

También mienten los que dicen que si se excluyese a los partidos de la acusación popular solo podría denunciar el fiscal, lo que favorecería a los corruptos. Cualquier particular podría seguir denunciando e interviniendo en la fase de instrucción como acusación autónoma. Porque eliminar por completo la acusación popular para equipararnos con las demás democracias europeas sí requeriría modificar la Constitución.

Otro hecho sorprendente es que tanto Podemos como Ciudadanos defiendan con ahínco la acusación popular. Los primeros son firmes defensores de lo público en todos los sentidos, oponiéndose a los acuerdos con la sanidad privada, a los conciertos educativos e incluso a la prensa libre, pero no son partidarios de que el monopolio de la acusación lo tenga el Estado a través del Ministerio Fiscal. Paradójico y todavía más que los modernos campeones del liberalismo, Ciudadanos, ya libres de la lacra fundacional socialdemócrata, coincidan con ellos. Cabe sospechar que lo hacen por puro interés más que por defender ninguna clase de principio.

Es un sarcasmo que los que quieren separar la política de la administración de la Justicia insistan en inscribir a los partidos políticos, máxima expresión de la política, en el mismo meollo de los procesos judiciales. Eso es la mejor manera de politizar la Justicia, como los hechos demuestran. Unos grandes regeneradores, como Ciudadanos, deberían saberlo.

El PSOE, que ha experimentado lo que es ejercerla y sufrirla, ve con simpatía restringir la acusación popular. El primer político en pedirlo públicamente fue en 2003 el ahora candidato Patxi López con motivo del cierre del periódico en vasco Egunkaria. Habrá que estar atentos, pues, a los futuros pactos de Estado al respecto.