Está acercándose el tiempo del gran pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos relativo a las medidas a adoptar con los políticos sujetos a investigaciones y procesos judiciales. El PSOE está transitoriamente ocupado en culminar sus elecciones primarias, pero su colaboración será necesaria para que ese pacto se materialice. Porque no se cerrará en Murcia, ni en Madrid ni en ninguna otra Comunidad autónoma, sino que tendrá necesariamente alcance nacional. Y eso será así al margen de que en alguna región, como la murciana, se adelanten iniciativas al respecto. Iniciativas que no prosperarán si no cuentan con el respaldo de las direcciones nacionales de los respectivos partidos.

En los últimos años hemos asistido a toda una serie de decisiones sobre esta cuestión que han ido invariablemente en contra de los políticos en ejercicio. Se les ha obligado a dimitir de puestos de gobierno y de puestos de representación no bien se les abría una investigación, aunque fuese como consecuencia de alguna denuncia presentada por un partido rival. Una vez implantada esa costumbre, que Ciudadanos ha incluido además en los pactos firmados con el PP, era inevitable que denunciar al adversario se convirtiese en un instrumento más de la pugna política.

Ese clima ha acarreado el debilitamiento de dos elementos típicos de la democracia representativa: la presunción de inocencia y el principio de elección popular de los representantes políticos. La primera se ha trocado, en el caso de los políticos, en presunción de culpabilidad: si se admitía a trámite una querella, el implicado debía inmediatamente perder el puesto de gobierno o de representación que viniese ocupando, al margen del posterior archivo o absolución.

El lema que se viene empleando para justificar tal proceder es el de que las responsabilidades políticas son distintas e independientes de las judiciales. Cualquier desavisado podría pensar que esa frase significaría que las responsabilidades judiciales las resuelven los jueces y las políticas, las urnas. Pero estaría muy equivocado: en realidad significa que las denuncias de ciertos particulares contra políticos en ejercicio o de unos partidos contra otros tienen consecuencias políticas perjudiciales inmediatas para el denunciado.

El asunto ha adquirido tal dimensión que los responsables máximos del PP y del PSOE han llegado a convencerse de que está convirtiéndose en insostenible. El fallecimiento de Rita Barberá representó un punto de inflexión y lo que venga en el futuro será distinto de lo anterior: concretamente se tratará de evitar que la situación siga agravándose en perjuicio de los políticos activos.

En los nuevos pactos se acordará que la dimisión de los puestos de gobierno no tendrá que producirse antes de que se abra juicio oral y eso tanto para los casos en los que el investigado lo sea en un trámite normal o en un procedimiento abreviado, normalmente reservado para delitos más leves. Ese acuerdo figura ya en los estatutos del PP y del PSOE y en la proposición de ley que Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados. No supone la defensa total de la presunción de inocencia, que exigiría esperar a una sentencia condenatoria, pero al menos supone una relativa protección contra denuncias que carezcan por completo de base objetiva.

Cosa distinta será la dimisión de los diputados y, en general, de las personas que ostenten cargos de representación. Porque en esos casos no solo está en juego el principio de presunción de inocencia, ya devaluado, sino también el de representación popular. Exigir la dimisión de un diputado que no haya sido inhabilitado por sentencia judicial sería atentar directamente contra el dictamen previo de los electores, una faceta verdaderamente delicada.

Que eso es así se ha visto en dos casos importantes. Por un lado, los jueces decidieron que organizaciones políticas afines al independentismo vasco podían presentarse a las elecciones, aunque muchos sospechasen que eran la expresión política de ETA. Primó el principio de representación popular respecto del de la prudencia ante posibles delincuentes. Y lo mismo ocurrió en el caso Homs: siguió de diputado hasta que el Tribunal Supremo lo inhabilitó.

Es posible, por tanto, que los dirigentes del PP y del PSOE planteen en las inminentes conversaciones pertinentes que no cabe exigir entregar los puestos de representación antes de la condena y que sería bastante con destituir a los encausados de cualquier puesto de gobierno.

Si Ciudadanos insiste en pedir que se eliminen los aforamientos de los políticos, es muy posible que el PP y el PSOE insistan en compensar el desequilibrio introducido en la nueva legislación con la idea antes dicha de conservar los puestos de representación. Y no solo eso: pedirían también que se eliminase simultáneamente la capacidad de los partidos políticos de actuar como acusaciones populares en los procesos judiciales.

Esas son algunas de las pistas que Ciudadanos deberá tener en cuenta para que los próximos pactos prosperen.