La política ha manoseado tanto la justicia que ya nadie cree en el árbitro. Julián Pérez Templado quizá debería abstenerse y no por las cañas que desde hace veinte años se toma con su amigo Cosme Ruiz (oportunamente nombrado vocal de la junta directiva del PP) sino porque en buena parte de la opinión pública se ha instalado el sentimiento generalizado de que, por lo que sea, la justicia en la región de Murcia rema más de un brazo que del otro.

Pérez Templado, a un paso de la jubilación, seguro que ha pensado en lo bien que le vendría que le pasaran el marrón al otro. Pero si eso no sucede porque no prospera el incidente de recusación del que ya han trasladado a las partes, está obligado a instruir de manera impoluta dure el tiempo que dure, por mucha prisa que tenga el PP. En este mediático 'caso Auditorio', lamentablemente, sobran las sospechas y no ayuda que desde el PP auguren un final feliz con una certeza que asusta. Igual solo es postureo para asustar a Ciudadanos, pero repitiendo tanto que se archiva hay quien empieza a preguntarse qué tendrán con o del juez para hablar con esa certidumbre tras la dura exposición razonada de la juez Consuelo Andreo de Lorca. Se nos olvida, pero si Pedro Antonio Sánchez no estuviese aforado, posiblemente estaría a un paso del juicio oral.

Con el argumento de que «lo podía haber pedido en el juzgado de Lorca», el magistrado, olvidando nuevamente que está en fase de instrucción, ha rechazado sin razonar la petición de investigar dos pagos a la empresa ECISA realizados en 2011 por valor de 183.000 euros a través del consorcio turístico Medina Nogalte entonces presidido por el consejero Pedro Alberto Cruz. Se trata de facturas por trabajos de «Electrificación y Telecomunicaciones en accesos y entorno del Auditorio» que la acusación considera que podrían guardar relación con las dos últimas certificaciones que la constructora presentó al consistorio lumbrerense para liquidar.

Durante la larga declaración de los peritos, el juez solo intervino en una ocasión y fue cuando el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, preguntó a uno de los peritos de la defensa si había podido acreditar la propiedad por parte del ayuntamiento de Puerto Lumbreras de los terrenos sobre los que se levanta el Auditorio. El juez dijo que ese aspecto no era importante para la causa y porque «si hubiera venido alguien a reclamarlo... pero eso no ha pasado», a lo que el fiscal Lozano respondió: «No ha sucedido pero puede ocurrir», y recordó al magistrado que está en fase de instrucción y, por tanto, debe investigarlo todo. El fiscal subrayó la pertinencia de sus preguntas porque «podríamos estar ante un delito de fraude en la subvención». Por cierto que Juan Pablo Lozano, en un momento de la declaración de los peritos de la defensa, les conminó a que dejaran de hablar continuamente de errores y les dijo: «Hablen de discrepancias y ya veremos luego si se trata de errores o de fraude».

Para la fiscalía, «hay delitos en el 'caso Auditorio' que no se los salta ni un camello» y aunque es cierto que el fiscal jefe Díaz Manzanera ha dicho que «el caso se resolverá pronto», el ministerio público acaba de aportar a la causa una ampliación aclaratoria de la pericial de Andrés Checa que estudia y compara la viabilidad del anteproyecto del teatro-auditorio que realizó Lejárraga en 2006 y el proyecto básico del teatro auditorio y edificio polivalente de febrero de 2008. Checa, según módulos orientativos del Cologio de Arquitectos, COAMU, de esas fechas, concluye que la ejecución del anteproyecto de 2006 diseñado para un solar junto a Rambla Nogalte era viable con seis millones de euros pero que la ejecución del proyecto básico del teatro-auditorio y edificio polivalente en el solar donde finalmente se hizo, no era viable económicamente y su presupuesto de contrata sería superior en un 45,26% a la subvención concedida.

Puede que la fiscalía intente demostrar que el investigado sí encargó a Lejárraga un proyecto básico sobre el Auditorio en 2006 aunque ante el juez no supo dar una explicación definida. A preguntas de la fiscalía, Sánchez aseguró que desconocía quién se lo había encargado. Que él ni llamó ni encargó nada al arquitecto y que Lejárraga hizo llegar ideas al Ayuntamiento por su cuenta y riesgo. Una idea por su cuenta y riesgo cuyo coste se corresponde exactamente con el dinero que se pide a la Comunidad y que habría permitido un edificio terminado llave en mano. También demostraría que Lejárraga presentó al concurso de ideas de diciembre de 2007 un proyecto que sabía inviable económicamente desde el principio aunque las bases del pliego de condiciones estipulaban un precio máximo de seis millones. Según los cálculos del perito del fiscal, el arquitecto presentó un proyecto valorado en 8,7 millones mientras la constructora ECISA, que también debía conocer el coste real, ganó el concurso con una oferta a la baja de 5,7 millones. Unos descuadres que nadie en el Ayuntamiento supervisó.

Hay dos cuestiones clave que aún no ha respondido nadie en relación al caso Auditorio y es cuánto vale exactamente lo que hay construido y a medio construir en ese solar de Puerto Lumbreras y dónde están buena parte de los acopios que se adquirieron y la Guardia Civil no ha logrado encontrar.

«La política no es una agencia de colocación de frustrados», asegura Pedro Antonio Sánchez para arremeter contra González Tovar mientras intenta aparentar tranquilidad diciendo que «en política una semana es una eternidad». Tranquilidad que no exhiben muchos de 'sus colocados', porque están viendo peligrar la mamandurria y les da por gritar en televisión de manera compulsiva «¡Me toca los huevos!», como ha hecho un asesor cultural del Gobierno regional (no sé si frustrado o no) cuando un miembro de Podemos criticó las cañas del juez y el enrocamiento del presidente. Llegó incluso a amenazar con tirarle una taza a la cabeza.

Lo que está pasando en la Región de ¡Murcia a Tope! se veía venir. Rajoy y Cospedal fueron advertidos, pero « Valcárcel se empeñó», reconoce Martínez Maillo en petit comité. Y se empeñó para impedir lo que ahora podría suceder y es que entre en San Esteban un comando de limpieza levantando alfombras y abriendo cajones.

Mientras la Justicia recurre, recusa y apela, la política sigue su curso. Génova ha marcado una línea roja y es no perder el Gobierno de la Comunidad. Me atrevería a decir que Pedro Antonio Sánchez ya tiene tomada su decisión y que está de recogida y firma de documentos pendientes porque nadie se fía de Ciudadanos. La cuestión es en qué minuto decidirá Pedro Antonio que es el minuto final.