Tribuna política

El futuro de las ITV en la Región

22.03.2017 | 20:58

No podemos hurtarle a la ciudadanía murciana el debate sobre el mejor modelo de gestión de las ITV en la Región de Murcia. Es un derecho de la ciudadanía conocer si es más eficaz y beneficioso un modelo público, un modelo de liberalización o un modelo de concesión administrativa. Un Gobierno democrático no puede negarle a la ciudadanía su derecho a decidir sobre la forma más eficaz de gestionar un servicio que es público.

Como es sabido, en la CARM, la prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos se desarrolla en régimen de concesión administrativa, por un plazo de adjudicación de veinte años, según resolución de la secretaría general de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo de la Región de Murcia de 21 de julio de 1997. Por tanto, el plazo de vencimiento de la referida adjudicación es inminente.

¿Cómo ha evaluado la eficiencia de este modelo de concesión administrativa? ¿Acaso no tienen los ciudadanos derecho a conocer si se ha cumplido o no, y en qué grado, con el pliego de condiciones de 1997? ¿No debería haber un debate público sobre esto ahora que está apunto de cumplirse el plazo de adjudicación? Estamos también en un momento propicio para evaluar otro modelo de gestión de carácter público de las ITV que posibilitara un servicio de calidad, independencia y transparencia, además de empleo estable y profesional.

Estos cuatro elementos deberían ser debatidos públicamente:

En primer lugar, la ciudadanía murciana tiene derecho a saber por qué este Gobierno está dispuesto a prescindir de los muchos millones de euros que le reportaría a las arcas públicas si las ITV fuera públicas. Según datos de la misma Administración regional, las ITV de la Región de Murcia recaudan alrededor de 48 millones de euros por año, 720 millones de euros en quince años. Sería una fuente de ingresos periódicos y constantes en las arcas públicas regionales y una de las muchas maneras de equilibrar el presupuesto de la CARM.

En segundo lugar, hay que evaluar cómo ha funcionado el modelo de concesión en estos veinte años. El Partido Popular prometió que iba a potenciar la gestión de los servicios públicos a través de empresas privadas, porque de esa manera iban a ser «mejores, más eficaces, darían más prestaciones y serían más baratos». ¿Esto realmente ha sido así? ¿Se ha evaluado? Leyendo el Diario de Sesiones de la Asamblea Regional del 12 de marzo de 1998 se plantea un debate sobre la subida de tasas para los ciudadanos, como consecuencia del proceso privatizador del año 1997. Se subieron un 78,4% las tasas para los turismos. No sólo se subieron las tasas; además, la parte de la tasa que corresponde a tráfico se bajó y, por tanto, disminuyeron los ingresos para la Administración, todo un despropósito, pues para que las empresas privadas no perdieran beneficios (que son altos) tuvieron que echar mano a la Administración. Qué mal negocio para la Administración y qué pelotazo dieron algunos.

En tercer lugar, el Gobierno debe justificar las razones por las cuales la ITV de Alcantarilla dejará de ser gestionada como un servicio público. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué la ITV de Alcantarilla se privatiza cuando resulta muy rentable. Con el resumen económico desde 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 en la mano vemos que el año pasado hubo casi 70.000 inspecciones que dejaron en las arcas públicas 2.246.115 euros. ¿Cómo es que se quiere licitar para su gestión privada un servicio que da estos rendimientos a la Administración pública? Un despropósito. Con los papeles en la mano, no hay ninguna razón para que la ITV de Alcantarilla pase a gestión privada. Más bien todo lo contrario. La ITV de Alcantarilla en cuanto servicio público garantiza que la prioridad es garantizar la seguridad vial y el control de la contaminación. De hecho, su nivel de exigencia es alto como lo demuestra mirando otra vez sus resultados en 2016: un 63% de inspecciones favorables y un 36% de rechazos, entre incidencias graves y leves.

En cuarto lugar, la ciudadanía debe conocer qué consecuencias tiene el introducir criterios de competencia entre ITVs para atraer clientes. Las experiencias de Madrid o Canarias muestran que se rebaja el nivel de exigencia técnica, se rebaja el porcentaje de rechazos y disminuye el tiempo de atención por vehículo. En definitiva, el servicio pierde en calidad. ¿Qué va a ocurrir en la Región de Murcia cuando se introduzca la competencia entre ITVs dado el incremento de estaciones previsto, la mayor parte de ellas muy próximas geográficamente entre sí? Esto es fácil de entender: en las ITV, el beneficio lo da el cliente, por lo que cuantos más clientes se hagan, más beneficios se tienen, por este motivo tampoco interesa rechazar coches, ya que sino perderíamos clientela.

En definitiva, estas son las razones que consideramos justifican el que propongamos la realización y presentación pública de un estudio comparativo de la rentabilidad económica de los respectivos modelos de gestión pública y de gestión privada de las ITV de la Región de Murcia para el periodo de los próximos quince años. Y, además, solicitemos la creación de sendas mesas de discusión con los grupos sindicales y con los grupos políticos.

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