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¿Quién protege al consumidor?

19.03.2017 | 22:08

A pesar de la protección formal que la Constitución y las leyes españolas otorgan a los consumidores, nuestro país nunca se ha caracterizado por la tutela efectiva de esos derechos. Muy al contrario, los últimos años hemos asistido a una sucesión de escándalos de carácter económico con un denominador común, el abuso cometido sobre consumidores y usuarios de todo tipo de servicios.

Un caso muy común ha sido la adquisición de vivienda durante los últimos años de alza explosiva de precios. Más allá de consideraciones sobre su coste final y la falta de protección por parte de las administraciones, los consumidores han tenido que sufrir todo tipo de atropellos en este proceso. Los defectos en la construcción, las irregularidades cometidas por las entidades financieras (préstamos multidivisa, cláusulas suelo, comisiones abusivas, etc.), o la prestación de los servicios de suministro, como es el caso de la electricidad, el gas o el agua.

Podemos encontrar ejemplos en muchos otros sectores productivos: en el ámbito financiero, en el mercado de telecomunicaciones, en los distribuidores de hidrocarburo, en la industria alimentaria, en los fabricantes de automóviles o en los medios de comunicación.

La lista es interminable y siempre acaba sufriendo las consecuencias el consumidor y en último término el contribuyente. Es lo que venimos denominando «capitalismo de amiguetes», un sistema construido alrededor de puertas giratorias, intereses partidistas y clientelismo, y uno de los factores que impide a nuestro país competir en igualdad de condiciones con el resto economías desarrolladas.

En Ciudadanos consideramos que la labor que desarrolla la comisión nacional de los mercados y la competencia ha sido fundamental y digna de alabar. Sin embargo, esto no es obstáculo para reclamar mejoras en su estructura y funcionamiento que permitan avanzar para lograr una «completa y suficiente protección de los consumidores».

En este sentido, el acuerdo de investidura alcanzado entre Ciudadanos y el Partido Popular (12-13-15) recogía las exigencias de nuestro partido en la materia, incluyendo la independencia de los órganos reguladores y la separación de la CNMC en entidades independientes, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por fin nuestras exigencias van a cristalizar mediante la creación de cuatro nuevas autoridades administrativas independientes (AAI) encargadas de la defensa de la competencia y de la supervisión económica y financiera. La CNMC se dividirá en dos, una AAI de la Competencia y otra de Supervisión y Regulación de los Mercados. A éstas se les sumarán otras dos, la AAI de Seguros y Planes de Pensiones y la AAI de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros, para completar de esta manera una estructura que debe mejorar de forma sustancial la protección que Consumidores y Usuarios reciben en nuestro país.

Estas importantes reformas de los organismos regulatorios se han negociado, además de con el Partido Popular, con el Partido Socialista Obrero Español. Más allá de matices en la arquitectura del nuevo modelo, para Ciudadanos es una satisfacción que su apuesta decidida por la modernización de los sistemas de garantía y por la independencia de los organismos reguladores buscando mejorar la protección de consumidores y usuarios de servicios sea asumida también por otros partidos políticos. Nuestra voluntad pactista y nuestros planteamientos reformistas así lo avalan, poniendo de manifiesto nuestro compromiso con la modernización y mejora de la competitividad de la economía española.

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