Algunos agentes políticos se han empeñado en difundir la idea de que la región de Murcia padece un grave problema de corrupción, pero que afortunadamente han emergido dos partidos jóvenes que se encargarán de remediar esa plaga: Podemos y Ciudadanos. Su problema estriba en que es fácil comparar sus denuncias y promesas con lo que ocurre en otras comunidades autónomas y en España.
Hace pocos días la Comisión Europea ha publicado su Índice de Competitividad Regional, que incluye datos sobre el nivel de corrupción de las distintas regiones europeas. Según dicho Índice, la región más corrupta de España es Andalucía, mientras que Murcia es la cuarta menos corrupta. Asombrosa divergencia con los partidos jóvenes.
Afirma Podemos que urge desbancar al Gobierno regional del Partido Popular para acabar con la extendida corrupción que la hegemonía popular durante veinte años ha acarreado. Pues bien, resulta que el hipotético lodazal murciano parece más bien una charca más limpia que las de otras trece regiones españolas.
Y afirma Ciudadanos que es imprescindible que Pedro Antonio Sánchez, el presidente regional, dimita de inmediato por hallarse investigado por el caso Auditorio y que, en caso contrario, apoyarán una moción de censura para derrocarlo. En alianza expresa con el PSOE y solapada con Podemos. Lo curioso es que no descartan imponer nuevas elecciones ni siquiera aunque se archive la investigación antes del juicio oral. ¿En qué quedamos?
Y tampoco sobra conocer lo que proponen unos y otros en lugar del Gobierno popular. Los de Podemos lo tienen claro: un Gobierno presidido por algún miembro destacado del PSOE, la segunda lista más votada. Sí; el mismo partido que lleva gobernando Andalucía desde la transición a la democracia y no ha podido evitar que aparezca en el clamoroso puesto de la región más corrupta de España. Esa es la ilusionante oferta que hace Podemos para limpiar el imaginario lodazal murciano.
Imaginación no les falta: también dicen que en la Venezuela de Maduro no hay presos políticos y que ni siquiera el socialista López lo es. Y se muestran indignados cuando alguien insinúa que muestran cierta predilección por Venezuela o que han establecido alguna clase de conexión con su Gobierno. Y todo porque afirman algo tan obvio como que el socialista López, no Patxi claro, es un delincuente común, al que lógicamente no se le permitió que presentase pruebas en su defensa, un sucio truco habitual en la justicia burguesa.
Los de Ciudadanos muestran más contención, pero tampoco se privan de exhibir ciertas contradicciones notables. Algunas son de poco fuste y colaterales al meollo de este artículo, el lodazal murciano, pero tienen suficiente gracia para que convenga mencionarlas.
A las pocas semanas de convertirse al liberalismo reformista desde su socialdemocracia fundacional, Ciudadanos ha decidido apoyar a los partidos de izquierda en su oposición a liberalizar la estiba española, tal como exige el órgano competente de la UE. Es conocido que la condición de estibador se viene traspasando en España de padres a hijos varones y otros parientes cercanos desde que ese modelo corporativo y machista fuese inaugurado por un célebre ministro franquista, Girón de Velasco, el León de Fuengirola. Los estibadores atesoran tal amor a la familia que han rechazado las ventajosas condiciones de prejubilación que les ha ofrecido el Gobierno español a costa del erario: sería bueno para los titulares, pero ¿y las siguientes generaciones? Pues bien, Ciudadanos ha estrenado su liberalismo negándose a reformar la estiba sin negociar lo suficiente.
Por otra parte, es bien sabido que apoya sin fisuras al Gobierno socialista de Andalucía, que ha implantado el segundo impuesto de sucesiones más duro de España, solo por detrás del forjado por sus homólogos asturianos. Presumen de haber logrado subir la cuota exenta hasta 250.000 euros, disimulando que en cuanto pase de ese umbral se tributará por todo el patrimonio. Cualquier liberal considera obvio suprimir ese impuesto, como han hecho la mayoría de los países de la UE, pero seguimos esperando que Ciudadanos lo exija en Andalucía o lo plantee en el Congreso español.
Y qué decir de su lucha contra la corrupción. Han presentando en el Congreso una proposición de ley para que sea obligatorio dimitir cuando se abra e juicio oral, pero aquí y en Madrid piden que sea al abrirse la investigación. Cosa, por cierto, que no aplican en Andalucía: allí apoyan a varios investigados, como el alcalde de Granada, sin pestañear. Y apoyan férreamente al partido que ha gobernado sin interrupciones en la región más corrupta de España. Pero no así, al menos del todo, en la cuarta menos corrupta: Murcia.
No hay que perder la esperanza de que Ciudadanos logre consolidar sus acuerdos con el PP, pero lo de Podemos lo llevan inscrito en su ideología. El PSOE, por su parte, tendrá que optar.
