En un acalorado debate parlamentario, en el ya lejano 2005, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que presidía un tripartito de izquierdas (PSC, ERC e ICV), le espetó a Artur Mas, entonces líder de la oposición y que había perdido el poder en el 2003: «Ustedes tienen un problema que se llama el 3%». Era una clara alusión a un rumor extendido: que durante su etapa de gobierno CDC se había financiado cobrando un 3% de la adjudicación de obra pública. El asunto se acabó diluyendo porque Mas (en una reacción airada) amenazó con retirarse de la elaboración de un nuevo Estatut, asunto prioritario para el tripartito.

Cuatro años después (verano del 2009) la Policía registró, por orden judicial y tras que Hacienda detectara retiradas muy frecuentes de billetes de 500 euros, el Palau de la Música (una de las grandes instituciones culturales catalanas) y se descubrió que su presidente, Fèlix Millet, perteneciente a una de las grandes familias catalanistas, había sustraído de la institución nada menos que unos 25 millones de euros. Para evitar la cárcel, Millet hizo una confesión parcial y devolvió unos tres millones.

Fue un escándalo mayúsculo porque en el Consorcio del Palau participaban, además de una fundación privada (a la que representaba Millet y de la que formaba parte lo más granado de la burguesía catalana), la Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona.

Ya en los primeros momentos hubo indicios de que parte del dinero distraído había ido a CDC. El Palau recibía donaciones con finalidades culturales de empresas constructoras que en parte encubrían comisiones por obra pública concedida por la Generalitat. Y, tras una pequeña mordida por 'el trabajo realizado' de Fèlix Millet y su segundo, Jordi Montull, el Palau hacía llegar esos fondos a CDC y también pagaba facturas de algunas empresas por servicios prestados al partido en el poder. Además, las relaciones de Fèlix Millet con CDC eran conocidas y Xavier Millet, hermano del defraudador, había sido el candidato del partido a la alcaldía de Barcelona.

Pero todo eran filtraciones judiciales y el líder de CDC, Artur Mas, negó con total rotundidad (incluso ante una comisión de investigación del Parlament) que CDC se hubiera lucrado a través del Palau. No obstante la investigación judicial apuntaba claramente a Daniel Osàcar, tesorero de CDC, y Mas, aunque hasta hace pocos días ha manifestado una total confianza en su tesorero, trazó una última, aunque bastante pintoresca, línea de defensa: los estatutos de CDC dan al tesorero libertad absoluta en la gestión económica, podía incluso liquidar todo el patrimonio del partido, por lo que ni él ni CDC podrían ser nunca culpables de la gestión de Osàcar.

CDC estaba bajo sospecha desde el 2009 pero la instrucción del caso (no entro en detalles) fue muy lenta y así pudo emprender la marcha hacia el independentismo en el 2012 (y afrontar la confesión de Pujol en el verano del 2014) sin afrontar el 'caso Palau'. Y Mas llegó a asumir en las elecciones del 2012 y en las plebiscitarias del 2015 el papel de 'liberador' de Cataluña.

Pero ahora, con ocho largos años de retraso, ha empezado el juicio y ya en la primera sesión tanto Fèlix Millet como Jordi Montull han cantado 'la Traviata': parte del dinero sustraído del Palau (unos seis millones de los 25) habían ido a las arcas de CDC. Y aunque Daniel Osàcar lo niega todo y todavía no hay sentencia, los hechos parecen irrebatibles. Maragall tenía razón cuando hace doce años afirmó -sin presentar pruebas- que CDC se financiaba con el 3%. Aunque en el 'caso Palau' Montull ha confesado al fiscal que la comisión subió del 3% al 4% porque CDC necesitaba más dinero. Y hay otra causa judicial separada, que apunta a gente muy próxima a la cúpula de CDC, que confirmaría esta forma de financiación. Además estamos, no sólo ante un mecanismo ilegal y repetido de financiación irregular, sino también ante la asociación del partido gobernante en Cataluña durante muchos años -el que se erigía en defensor del orden y la catalanidad- con un confeso defraudador que robaba dinero del Palau para sus asuntos privados, desde viajes exóticos a diversas obras y reformas en sus domicilios pasando por las facturas de las bodas de sus dos hijas.

¿Qué consecuencias políticas va a tener el juicio a Millet? Un análisis rápido y apresurado detecta las siguientes:

Una. Artur Mas no va a seguir en la vida política y, contra lo que deseaba, no va a poder ser de nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat.

Dos. Tras el 'caso Pujol' y el 'caso Palau', la vieja CDC, transformada hoy en PDE.Cat, afronta una vida muy difícil. La nueva coordinadora del Partit Demócrata, Marta Pascal, va a tener que romper con el pasado -Artur Mas es todavía presidente del partido- o perecer víctima de los pecados de la etapa anterior.

Tres. Aunque Marta Pascal -que tiene fuerte personalidad y representa una nueva generación- consiga apartar a Mas y a su camarilla, el futuro no es nada brillante, al menos a corto plazo. Ya en las últimas elecciones, las legislativas del 2016, fue sólo el cuarto partido en votos (detrás de la coalición que lideran Ada Colau y Podemos, de ERC y del PSC), aunque, por su presencia en las provincias con menor población, logró un diputado más que los socialistas.

Cuarto. El liderazgo del independentismo va a pasar, ya estaba sucediendo, a ERC que lidera Oriol Jonqueras y que, en principio, tiene posiciones más radicales y a la izquierda. Pero Jonqueras se está demostrando un político pragmático y en los próximos meses puede inflexionar la hoja de ruta independentista. De todas formas el choque de trenes entre la Generalitat y el Estado por la celebración de un referéndum de autodeterminación va a ser muy difícil de evitar.

Quinto. El prestigio del independentismo no sale fortalecido pero es aventurado sostener que el fin de Mas sea un golpe mortal a un movimiento que ha doblado su apoyo social desde el 2006. El fin de Mas cierra una etapa pero el independentismo continuará siendo una fuerza relevante en Cataluña. Salvo, claro, que algún partido español, o no independentista, sea capaz de esbozar y llevar a la práctica una oferta más sugestiva para la mayoría de los catalanes, que debe incluir como mínimo a una parte del 47,8% que votó a formaciones separatistas en las elecciones plebiscitarias del 2015. Y esto es algo que hoy por hoy parece bastante remoto.