Aunque no faltan demandas legítimas, también ha habido mucho victimismo e instrumentalización a la hora de tratar la financiación autonómica. Un asunto en el que es fácil manejar discursos simplistas y arrastrar voluntades con mensajes equívocos, cuando de lo que se trata es de ser justos con todos.

La cuestión es que el Estado de las autonomías está desarrollado solo a medias y se solapan las realidades de las regiones y el Estado. Este último ha transferido numerosas competencias a las comunidades, sin darles la autonomía financiera que da la gestión de impuestos.

El problema es que si el reparto se decide en Madrid o mediante un modelo estático, es fácil que aparezcan los agravios.

Esto se ha intentado resolver con sucesivos modelos de financiación, que han pretendido repartir los fondos de una forma equitativa y solidaria con un éxito solo parcial. La última norma nos coló un sistema que tiene la virtud de redistribuir relativamente bien, en base a una fórmula de ponderación que tiene en cuenta la población total, la infantil, los jubilados, la dispersión poblacional, la superficie y la insularidad, para, sobre la marcha, aplicar otros fondos (Suficiencia, Cooperación y Competitividad) que redistribuyen otra parte de los recursos con criterios contradictorios y opacos. Y, lo que es peor, aseguran que nadie va a perder el statu quo que tenía en el año 2009.

Hablando en plata, en el sistema actual un riojano recibe de media un 20% más de financiación que un murciano, y el descalabro llega al 30% si nos comparamos con un cántabro, por no mencionar a vascos o navarros, que por su sistema foral reciben casi el doble.

Ante esta tesitura, los gobiernos regionales se han rasgado las vestiduras y han usado su infrafinanciación para tapar de todo. Con argumentos que van de la demanda de deudas históricas al «España nos roba». Se han aportado muchas quejas, pero pocas soluciones prácticas.

Por esa razón, Ciudadanos se moja y lo hace en base a ideas que hace tiempo vienen defendiendo economistas de prestigio. El mensaje deber ser claro: no podemos engañar a la población prometiéndole ponernos por encima de la media de financiación, ya que la única solución es que todos recibamos proporcionalmente lo mismo.

¿Cómo se consigue esa igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos esenciales, es decir, sanidad, educación, ayudas sociales, justicia y seguridad?

Pues, en primer lugar, estableciendo una cartera básica de servicios, común para las todas las CCAA, cuya financiación esté garantizada.

Esta medida, creemos, tiene que ir vinculada a una corresponsabilidad fiscal. Es decir, las comunidades que deseen incrementar los servicios respecto de los garantizados deberán sufragarlos con recursos propios. Y, por último, exigimos un modelo transparente, para que los ciudadanos sepan cuántos impuestos y a qué administración pagan, de forma que puedan exigir responsabilidades a quien corresponda.

Y, ¿cómo vamos a conseguirlo a nivel práctico?

En primer lugar, estableciendo un único fondo de financiación, que suprima los múltiples fondos actuales. En segundo lugar, hay que asegurar la equidad del modelo, es decir que, con independencia de su CCAA de residencia, todos los españoles puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos de las autonomías, igualando la financiación por habitante ajustado de todas ellas. En tercer lugar, creemos que se puede afinar la ponderación de las necesidades de gasto, en función de las competencias asumidas, y teniendo más en cuenta la población estudiantil, incluida la universitaria, el creciente gasto en protección social, la población mayor de 64 años y la emigrante y en riesgo de pobreza, así como la renta media de cada comunidad. Y, por último, abogamos por establecer un fondo de estabilización presupuestaria, que permita ahorrar en años de prosperidad para mantener los servicios esenciales en períodos de crisis.

Más pronto que tarde habrá que abordar cómo integramos los regímenes forales vasco y navarro al sistema común español, en base a los mismos principios de igualdad. Mucho me temo que la coyuntura política es la mejor para alcanzar este objetivo y el pasteleo de los presupuestos pueda traernos lo contrario. Alguien me dirá que es el coste de la estabilidad, pero creo que ya es hora de ir pensando en equidad, más allá de los intereses de los partidos.