Desde que Partido Popular y Ciudadanos firmamos el pacto por la gobernabilidad en 2015, en la Región de Murcia se han creado 36.200 nuevos empleos, 6.900 jóvenes han abandonado las listas del paro y ha crecido un 14% la contratación indefinida; se han bajado impuestos y adoptado medidas liberalizadoras que han colocado a nuestra Comunidad Autónoma a la cabeza en crecimiento económico y creación de empleo en España y Europa; juntos estamos solucionando problemas históricos y avanzando en materias básicas como las infraestructuras y el agua. Se están produciendo, pues, progresos muy significativos y beneficiosos para todos los murcianos.

Pues bien, unas discrepancias que se reducen a la interpretación política de un solo punto del acuerdo que se está cumpliendo, ¿son motivo suficiente como para romper unilateralmente un pacto que está reportando resultados tan positivos, como para, en consecuencia, poner en riesgo la estabilidad política y la recuperación económica de la Región? Un partido responsable y con altura de miras como presume ser Ciudadanos debería tener como prioridades las necesidades e intereses de la Región de Murcia y el bienestar del millón y medio de murcianos, y no sumarse al ruido de quienes mantienen una estrategia de desgaste político y personal cortoplacista, ruin e irresponsable.

Además, la historia reciente demuestra que actuar con coherencia es un valor fundamental para ganar credibilidad en política. Y coherencia es lo que le falta a Ciudadanos cuando utiliza varas de medir distintas dependiendo del ámbito o territorio que sea. Desde el PP nos preguntamos por qué las reglas que aplica al PSOE en Andalucía no valen para la Región de Murcia, por qué sostiene en su cargo al alcalde socialista de Granada, que mantiene su condición de investigado tras haber declarado ante el juez, y a los consejeros imputados de la Junta socialista de Andalucía. Por qué la doctrina sobre responsabilidades políticas que en su momento sentó el propio Albert Rivera, «no es lo mismo meter la pata que meter la mano», lleva como oculta pero evidente coletilla «excepto en la Región de Murcia». Y esa doble vara de medir ha quedado al descubierto cuando Ciudadanos acaba de presentar en el Congreso de los Diputados una ley que sitúa en la apertura de juicio oral el límite de la renuncia o cese en el cargo público. ¿Qué nos hace a los murcianos merecedores de peor consideración que al resto de los españoles?

A estas preguntas deberá dar cumplida respuesta el partido de Ciudadanos, y a ello le conminamos. Mientras tanto, en el Partido Popular seguiremos defendiendo la presunción de inocencia como derecho fundamental de nuestro sistema de libertades y, en consecuencia, jamás condenaremos a inocentes. No enredemos, no ensuciemos, dejemos trabajar a la Justicia con el máximo respeto para que salga a relucir la verdad.

Hacemos una llamada a la responsabilidad y apelamos a Ciudadanos para que regrese al sentido común y la responsabilidad que hasta ahora le ha caracterizado, porque esta Región no se merece un Gobierno PSOE-Podemos que, además de contravenir la voluntad expresada por los murcianos en las urnas, supondría un verdadero retroceso por las mismas políticas contraproducentes y desincentivadoras que defienden. No demos pasos atrás, no pongamos en peligro los avances conseguidos: a la Región de Murcia le está yendo muy bien con el pacto de gobernabilidad entre Partido Popular y Ciudadanos y las políticas reformistas impulsadas por el firme liderazgo de Pedro Antonio Sánchez. Sigamos así, trabajando juntos en positivo y para construir.