Entender. Según la RAE, puede significar tener idea clara de las cosas o tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. Parece que el Partido Popular en su conjunto, con relación a la imputación de corrupción que pesa sobre el presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, no entiende nada. La realidad es que nunca han entendido nada en lo que tiene que ver con cumplir la palabra dada, en asumir responsabilidades políticas, en medir con el mismo rasero a todos; en definitiva, no entienden lo que es la limpieza democrática y luchar contra la corrupción.

Más de ciento veinte cargos y ex cargos del Partido Popular actualmente imputados por corrupción en la Región. De esta cantidad indigna, hay doce personas que actualmente están en activo en la vida política y pública, protegidos por el amparo de su partido. Durante este tiempo han rodado cabezas de dirigentes relevantes del PP, como por ejemplo Miguel Ángel Cámara, ex alcalde de Murcia o Joaquín Bascuñana, ex delegado del Gobierno. ¿Les recuerdan? Cayeron, porque Ciudadanos obligó al PP a que dimitiesen para poder darle su apoyo en el gobierno. Estaban en la misma situación que PAS hoy, y hoy el PP se cierra con tozudez sin, efectivamente, entender nada.

Hace un año, yo misma fui ponente de la reforma que el PSOE planteó sobre la Ley de Transparencia de la Región de Murcia -ley que impulsó el propio PSOE en abril de 2013-, que consiguió con el apoyo de todos los grupos (sí, del PP también) incluir el famoso artículo 54 que dice literalmente sobre los imputados por delitos de corrupción: «En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones».

Si se dan cuenta, la clave del asunto es entender. Sí, entender que éticamente un responsable político de esta altura no puede estar en el cargo, no puede representarnos a todos los murcianos y murcianas cuando está imputado por cuatro graves delitos (que no errores) de corrupción. Y sobre todo, no puede incumplir la palabra dada y lo que firma.

Mi partido, el PSOE, lleva más de 15 años denunciando casos y casos de corrupción en la Región de Murcia, y por supuesto siendo también muy contundente dentro de nuestras propias filas cuando han aparecido ovejas negras (el último caso: en 2015, con el alcalde socialista entonces de Mazarrón, imputado por prevaricación administrativa). Muchos años donde, y quiero relatarlo a raíz de la denuncia pública del fiscal López Bernal el pasado jueves 23 de febrero, altos cargos socialistas tuvieron que llevar protección por las amenazas que sufrían al atreverse a ir a los juzgados a denunciar la corrupción sistémica del partido popular (caso Umbra, Zerrichera, Lo Poyo, Novo Carthago, Camelot, Biblioteca, Urdemasa, Pagamenta, Roblecillo, Vertedero o Auditorio).

Los días siguen pasando, y por un lado el PP sigue enrocado en sí mismo, en mentiras como que no es corrupción, que es un error, que no dijo que si le imputaban se iría€ cuando hasta los propios fiscales están dejando muy claro en sus declaraciones que sí es corrupción, y que da igual llamarlo investigado, es lo mismo que imputado. Y por otro lado, Ciudadanos le está dando tregua innecesaria cuando la situación está más que clara.

Por el bien de los intereses de la ciudadanía de la Región de Murcia, por la estabilidad institucional y por demostrar que se tiene ética política, Pedro Antonio Sánchez debe dimitir, al igual que todos los cargos del PP actuales que están siendo investigados por la justicia por corrupción.