Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. El axioma periodístico por antonomasia -atribuido al editor de The Guardian C.P. Scott- ha vuelto a la actualidad con la irrupción de la posverdad y el advenimiento de los medios digitales y el mal llamado ´periodismo ciudadano´. Aunque su paradigma sea ahora la administración de Donald Trump y los rescoldos del Brexit, estamos ante un neologismo que todo lo inunda. Incluida la actualidad política de nuestra Región, que vive momentos convulsos a raíz de que su presidente haya sido llamado a declarar como investigado por el caso Auditorio y tenga encima aún la espada de Damocles de la rama murciana de la trama Púnica.
El hecho es que un juez ha llamado a declarar a Pedro Antonio Sánchez como investigado el 6 de marzo. El hecho es que ´investigado´ es el equivalente exacto a la figura de ´imputado´ de nuestro antiguo Derecho Procesal. El hecho es que el juez aprecia indicios de varios delitos en su actuación. Pero la posverdad se resiste al empuje de la realidad y asegura -alentada por un coro de adláteres, palmeros, acólitos y estómagos agradecidos- que el presidente no está imputado. Amparados por el derecho de réplica y la equidistancia que los medios practican, aunque sepan que en ocasiones ampara intoxicaciones y trazos gruesos, los defensores de la posverdad intoxican y tratan de hacer comulgar con ruedas de molino a la opinión pública. Sus rostros, tratando de parecer convencidos de lo imposible, son un poema. Sus frases se ciñen a los argumentarios y evitan dar respuestas claras y directas.
El hecho es que al presidente regional se le ha llamado a declarar con relación a la presunta comisión de cuatro delitos: prevaricación continuada, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El hecho es que son delitos, no faltas o ´irregularidades administrativas´ que quedarían bajo otra jurisdicción y no la penal. El hecho es que de esos cuatro presuntos delitos, tres de ellos están tipificados como corrupción política por el Consejo General del Poder Judicial. La posverdad niega la mayor e insiste en que no hay delitos, a pesar de los autos (dos en apenas 24 horas) del magistrado. Y dice que en caso de que fueran delitos -lo que supone un reconocimiento implícito de su naturaleza- no son corrupción política. Otra rueda de molino que hacer tragar.
La posverdad habla de 17 denuncias y 16 archivos, en una contabilidad irreal a la que suman cuatro ante la Junta Electoral, tres recursos contencioso-administrativos y una duplicada tras su archivo y recurso. Ahora ha sumado -Rajoy dixit- que han sido en los últimos dos o tres años, cuando por ejemplo las electorales tienen ya una década de antigüedad.
La posverdad retuerce las palabras, olvida la literalidad y entra en el terreno de la interpretación. Es política, aseguran sus adalides, y ya se sabe que en política no es no hasta cierto punto, por ejemplo. Que ´entenderá´ no es ´obligará´. Pero el hecho es que la redacción la Ley de Transparencia y del acuerdo de investidura dejan poco margen a interpretaciones. Separar de inmediato es eso, separar de inmediato, tal y como se hizo con Bascuñana o Cámara. Y podrá entender o no, pero la confianza ya la tiene perdida.
La posverdad trata de articular un discurso distinto al que recogieron las cámaras y grabadoras cuando el presidente afirmó que dimitiría en el momento en que fuera imputado por el caso Auditorio. Pero el hecho es que las hemerotecas -y ahora las redes sociales- reproducen machaconamente ese mensaje, así como sus declaraciones en el Pleno de la Asamblea Regional.
La posverdad oculta la inseguridad jurídica y el peligro para la economía regional que supone la inestabilidad política y la falta de confianza en la palabra del presidente regional. Lo cierto es que si la situación actual se prolonga, como podría derivarse del enrocamiento en el cargo de Pedro Antonio Sánchez, la incipiente recuperación podría encallar. Ese es el hecho, pero la posverdad acalla a quienes podrían elevar la voz y alertar de ello.
Los hechos son sagrados, pero la verdad está en peligro. Y ese es el principal hecho que no debemos olvidar antes de opinar. Libremente, faltaría más.
