El capote que la Fiscalía Anticorrupción ha prestado al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, para que salga ileso de la operación ´Púnica´, no va a salirle gratis ni al Gobierno ni a la Justicia. Otro de los acusados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el cartagenero Fidel Saura, que fue jefe de gabinete del exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz, y también está imputado por negociar con la red dedicada a captar a los políticos con la promesa de hacerles un lavado de imagen a través del marketing en Internet, ha presentado un recurso exigiendo el mismo trato que PAS. La operación de ingeniería legal desplegada por el Ministerio y la Fiscalía ha dejado al descubierto fisuras de la democracia que resultan difíciles de entender con un Gobierno en minoría. La imagen que ha ofrecido el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, al desautorizar públicamente la independencia de las fiscales que investigan el caso ´Púnica´ frente al superior que las obligó a dar carpetazo a las actuaciones contra Sánchez no puede ser más inquietante. Sin pudor, el ministro dijo que se fía más de «la independencia de un señor de 60 años» que de las profesionales que trataban de eludir la jerarquía de mando del Ministerio Público, dando a entender que en sus responsabilidades impera la obediencia debida por encima de las garantías legales. Pero tanta confianza en esa caballería invisible que el PP tiene camuflada en el poder judicial les ha traicionado. Meter la mano no es el único pecado imperdonable.
