Que Pedro Antonio Sánchez sería llamado por el TSJ a declarar como ´investigado´ en el caso Auditorio no supone ninguna sorpresa. Es un trámite previsto desde el mismo momento en que dicho tribunal aceptó considerar la remisión de la jueza de Lorca que investigó el asunto. Por tanto, la única novedad es que se van cumpliendo los plazos. Ocurre que, con la convocatoria a declarar el próximo 6 de marzo, el presidente adquiere formalmente la condición de ´imputado´ según la denominación que regía antes de que el Gobierno de su partido decidiera cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer desaparecer esa figura, que mientras tanto fue incluida en el pacto de investidura del PP murciano con Ciudadanos: todo político ´imputado´ en un caso de corrupción, tanto si dispone de responsabilidades institucionales como orgánicas, ha de ser separado de su cargo. Hoy no hay imputados, sino investigados, que es el caso de PAS en este momento. Pero la equivalencia es incontestable. Según el pacto PP-Cs, la citación del TSJ al presidente establece el momento crítico en que debiera producirse la dimisión de éste según lo pactado.

El argumentario PAS.

Pero en política no todo es tan nítido. En primer lugar, desde el Gobierno se sugirió que el pacto aludía a la ´corrupción política´, y el presidente no admite que en el caso Auditorio se diera ese supuesto, sino que, en todo caso, pudieron producirse ´irregularidades administrativas´. Recordemos que este matiz ya fue señalado, al poco de la firma del pacto de investidura, por el diputado y alcalde de Lorca, Francisco Jódar, advirtiendo así desde el principio, como acaba de reiterar, que no bastaría una imputación, sino que ésta tendría que referirse a delitos relacionados con la corrupción, y el PP siguió afinando al respecto, tratando de definir la corrupción en el hecho de ´meter la mano´ en la caja pública, es decir, en el cohecho. Eso por un lado: para el Gobierno, por muchos delitos que la investigación en el juzgado ordinario de Lorca se le atribuyan a PAS, no hay caso de corrupción mientras no haya indicios de cohecho.

Pero hay otra segunda vía de escape, esta más enfocada al proceso que estamos viviendo. El presidente ha admitido que podría dimitir cuando se produzca el equivalente a una ´imputación efectiva´, es decir, cuando los jueces instructores decidan, si lo deciden, enviarlo al banquillo. Ahí es donde, tanto San Esteban como los distintos portavoces del PP nacional que estos días se han pronunciado al respecto, establecen la línea roja definitiva. Un presidente de Comunidad no irá, como tal, al banquillo. Pero están dispuestos a soportar todas las presiones que intenten precipitar la dimisión antes de llegar a ese punto del trayecto.

Por tanto, la mirada, ayer, no se posaba tanto en el presidente de la Comunidad, que estaba cantado que sería llamado a declarar, como sobre Ciudadanos, partido a que le tocaba pronunciarse, llegada esta circunstancia, acerca de la interpretación del pacto firmado con PAS. Y Ciudadanos no parecía tener dudas: el presidente debe dimitir ya, dado que ha alcanzado la condición de ´investigado´, es decir, de ´imputado´, según el compromiso adquirido en el punto número uno del pacto de investidura.

¿Qué moción?

Bien, pero ahora ¿qué? Si el presidente, acogiéndose a los matices de su argumentario, decide, como es obvio que ha resuelto, que no se propone dimitir y, de momento, cuenta con el apoyo de su partido hasta en boca del presidente nacional, Rajoy, interpelado ayer enmedio de sus relaciones internacionales ¿qué tocaría hacer a Ciudadanos? Se supone que recabar los medios para que caiga contra su voluntad. ¿Y de qué mecanismos dispone Ciudadanos para llevar a cabo su propósito? No le bastaría retirar cualquier tipo de apoyo parlamentario al PP, pues el Gobierno puede desenvolverse hasta final de año y más allá con los Presupuestos que precisamente Ciudadanos contribuyó a apoyar. ¿Entonces? Queda la opción terminal, la activación de la ´opción de oro´: la moción de censura. Pero este es un callejón sin salida.

Oposición incompatible.

Ha sido Podemos el primer partido que se han lanzado en plancha a solicitar ese recurso. Pero para que se observe la inviabilidad de lo que propone basta escuchar a Ciudadanos, que exige al PP que promueva a otro candidato de la bancada popular. Ambas opciones son incompatibles. Podemos apoyaría cualquier cambio que suponga sacar al PP del poder, pero esto sólo podría ocurrir si Ciudadanos estuviera dispuesto a concertar con ellos el apoyo a un presidente que no fuera del PP. Esta posibilidad aparece muy lejana, en primer lugar desde la perspectiva del propio Podemos, y menos después de Vistalegre 2: el partido de Iglesias, por mucho que el estamento murciano se adscribiera a la corriente errojonista, no va a dar oxígeno al PSOE, aunque retóricamente lo insinúe sólo para poner en contradicción a los demás, a sabiendas de que Ciudadanos, también tras su conversión al liberalismo estricto en su último congreso, no querrá cambiar el color del Gobierno. El PSOE, enmedio de los dos, espera el milagro de que le caiga la breva, pero incluso en último extremo tendría que proponer a otro candidato para la presidencia distinto a su actual líder, pues ni Ciudadanos y, ni mucho menos Podemos, estarían dispuestos a regalar el poder a un político que ya está amortizado hasta en su propio partido como es el caso de González Tovar.

En resumen: Podemos insta a la moción de censura, pero no admitiría a un nuevo presidente del PP, que es justo lo que sugiere Ciudadanos: quitar a PAS para poner a otro de su misma bancada. El PSOE, por su parte, no votará a favor ni se abstendrá para sustituir a PAS por otro candidato del PP y tampoco admitiría a un presidente de cualquiera de los otros dos partidos, pues se supone que es la primera fuerza de la oposición, y le tocaría gobernar si se diera el caso de una coalición de los grupos que se sitúan frente al popular.

La moción bis.

Cabe una fórmula distinta, es decir, no para la promoción de un nuevo Gobierno que concluya la legislatura, sino para que convoque de inmediato unas nuevas elecciones autonómicas. Los tres grupos de la oposición podrían concertar una moción de censura para elegir a un nuevo presidente (desde el líder de Ciudadanos hasta Rosa Peñalver, al frente de la Asamblea Regional) con el compromiso firmado de que convoque nuevas elecciones para lo que, en principio, habría que esperar seis meses con un Gobierno provisional, una experiencia insólita en una Región como Murcia, donde no es seguro que se produjera una participación por encima de un tercio del censo en una convocatoria extraordinaria, y donde al rescoldo de la nueva Ley Electoral no dejarían de aparecer nuevos partidos, como el soterrado de Alberto Garre, que vendrían a trastocar el estatus.

Por lo demás, ninguno de los partidos con representación parlamentaria está en su mejor momento para enfrentarse a las urnas: el PSOE, sin líder nacional y con el regional cuestionado; Ciudadanos... Ciudadanos está como está; y en cuanto a Podemos, tal vez no sería una buena idea por parte de su líder regional, Urralburu, facilitar al aparato de Iglesias la sustitución en peso de la lista electoral que encabezó en 2015. Y quién sabe si el partido más favorecido en tal caso no sería el PP, victimizado por la inestabilidad política a que daría lugar el ´juego´ de los partidos de la oposición que, incapaces de ponerse de acuerdo, echarían suerte en las urnas como hace una y otra vez la clase política catalana con los resultados conocidos.

En definitiva, la oposición se activará durante esta fase de la encrucijada judicial de PAS, pero éste resistirá a sabiendas de que, por mucho que lo insinúen, los respectivos portavoces no van a conseguir acordar una fórmula consistente para desbancarlo del poder mientras cuente con el respaldo de su partido, cuyos activistas, por cierto, siguen recabando avales estos días para convertirlo en unos días en el nuevo presidente regional de la organización.