Miedo me da el intento del Ejecutivo regional de asumir las competencias de Costas, aún en manos del Estado. Que el PP quiera ampliar las atribuciones de la Comunidad para hacer y deshacer en las playas justo cuando tiene que decidir qué va a pasar con Puerto Mayor resulta más que sospechoso. Si el Gobierno murciano fue capaz de autorizar las obras iniciadas en 2004, a sabiendas de que no cumplían los más mínimos requisitos que exige la legislación para ocupar el espacio público marítimo-terrestre, ahora podría idear cualquier cosa. Desde el punto de vista de la empresa promotora, que consiguió una licencia de Franco en 1975, podría entenderse la prisa por sacar el máximo partido a una autorización que le permitía incluso construir cientos de viviendas en terrenos ganados al mar, a pesar de saber que los plazos de ejecución de la obra podían haber expirado hacía tiempo. Pero que el Gobierno regional le diera hilo a la birlocha es imperdonable. Al final, al igual que ha ocurrido en los demás pufos urbanísticos, el único que ha salido imputado ha sido el exdirector de Calidad Ambiental Antonio Alvarado, que uno a uno va cargando con la responsabilidad penal en todos los juzgados. Mientras tanto, la única playa sin urbanizar de La Manga, vallada desde hace catorce años, es un cementerio de chatarra oxidada. Y ahora quieren el mar como premio.
