Películas como la oscarizada La ley del silencio (1954), de Elia Kazan y con Marlon Brando en el papel protagonista, contribuyeron a popularizar una imagen mafiosa, turbia y ruda del trabajo en los muelles portuarios, ya fueran éstos los neoyorquinos de Hoboken o cualquiera de los distribuidos por las 28 autoridades portuarias españolas. Quizás por esa herencia perversa, o por la proverbial opacidad que rodea a casi todo lo que pasa dentro de los recintos portuarios, los estibadores españoles siguen siendo vistos como unos privilegiados que trabajan poco (apenas un 75% de la jornada laboral), ganan mucho (entre 60.000 y 100.000 euros anuales según el ministerio de Fomento), gestionan un poder desmesurado que vuelcan en su beneficio laboral y se jubilan jóvenes (dado que se benefician de coeficiente reductor en las cotizaciones sociales). Les ocurre, salvando las diferencias, lo mismo que a los controladores aéreos: su estatus socioeconómico parece escocer.
En honor a la verdad, hace muchas décadas que el sector español de la estiba portuaria dejó de estar regido por criterios mafiosos (si es que alguna vez fue así), si bien el esquema organizativo al que responde perpetúa un modelo seudomonopolístico que lo convierten de forma cíclica en una diana contra la que disparan los partidarios de las políticas liberales, entendidas éstas en su más amplia expresión. El teórico monopolio de la estiba española fue atacado primero por los Gobiernos del PSOE y luego por los del PP, si bien apenas han saltado esquirlas de las sucesivas incursiones contra el muro que forman los 6.156 trabajadores del sector, agrupados bajo el paraguas del todopoderoso sindicato sectorial conocido como Coordinadora Estatal de Trabajadorse del Mar, vulgo 'La Coordinadora'.
Estos días un ministro neófito, Íñigo de la Serna, asedia un castillo ante cuyas murallas ya hincaron la rodilla Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco y Ana Pastor. De la Serna ha desempolvado un discurso que ya es conocido a fuerza de haberlo oído en otras bocas: es preciso reformar (léase liberalizar) el sector de la estiba en cumplimiento de las directrices que emanan de Europa y en aras a fomentar la competitividad, lo que redundará en ahorros de costes y beneficios para el sistema general de puertos. Los teóricos de esta pretendida liberalización estiman que los costes del sistema portuario (actualmente dependientes de la estiba en un 60% de media) podrían aligerarse hasta un 15% al introducir medidas de flexibilidad en la gestión del sector.
La nueva intentona gubernamental para poner fin al régimen monopolítico de la estiba ha dividido a la patronal de empresas estibadoras y consignatarias, Anesco, y ha reactivado la conflictividad laboral en los puertos españoles, una situación que amenaza con ir a más (Coordinadora anuncia huelgas) si el Gobierno persiste en su pulso, que se materializa en un Real Decreto que el ministro De la Serna tiene previsto llevar este viernes al Consejo de Ministros y que la estiba rechaza de plano.
Según el plan ministerial, para acabar con las actuales restricciones a la contratación de mano de obra portuaria y abrir la puerta a al establecimiento de más empresas que oferten servicios de carga y descarga portuaria, el pretendido modelo organizativo elimina la actual obligatoriedad de que las empresas participen en el capital de las sociedades de estiba (Sagep) y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificado de profesionalidad con al menos cien horas de esperiencia).
Así mismo, el decreto de Fomento contempla la entrada en escena de los Centros Portuarios de Empleo, bolsas laborales (siempre dos al menos por puerto) a las que las empresas podrían acudir para contratar mano de obra estibadora y la cesión de trabajadores por parte de empresas de trabajo temporal (ETT). Todo este proceso abarca un horizonte de aplicación de tres años durante los que las empresas estarían obligadas a contratar personal de las Sagep a razón del 75% de sus necesidades el primer año, 50% el segundo y 25% el tercero. Para 'comprar' la paz laboral, el ministerio de Fomento mandata a los puertos para asumir los 'pasivos laborales' de los trabajadores de las Sagep, cuyo coste se estima entre 300 y 350 millones de euros.
El Gobierno justifica su repentina prisa (la reordenación del sector lleva más de dos años rodando por los despachos del ministerio de Fomento) por el ultimatum que ha recibido de la Unión Europea, que interpreta como obsoleto el actual modelo organizativo de la estiba española y que exige el cumplimiento sin más dilación de una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014. Y para forzar aún más al Gobierno español, Bruselas ahora amenaza con el cobro inmediato de sanciones: 21,5 millones acumulados que aumentan a razón de 27.522 diarios.
A todos esos argumentos, los estibadores responden con avisos de movilizaciones, que de producirse (y existen precedentes) podrían incidir en la economía española pues los puertos son la vía de entrada al país del 86% de las importaciones y la puerta por la que salen el 60% de las exportaciones. Como discurso de fondo, Coordinadora invoca la rentabilidad que confiere al sistema el actual modelo organizativo, denuncia el intento hostil de llevar a cabo una reconversión salvaje del sector para abocarlo a un marco de precariedad, critica al Gobierno por 'ponerse al servicio' de los intereses de la patronal y advierte de que la desregulación laboral de los muelles comprometería la seguridad en los mismos al dar entrada a trabajadores sin experiencia ni cualificación suficiente para trabajos muy especializados en los que se manejan máquinas complejas (grúas, barcos, vehículos terrestres de grandes dimensiones...)
El novato ministro De la Serna contra el último reducto monopolítico que posiblemente queda en España; los dados ya ruedan por el tablero.
