Recientemente hemos conocido por el propio alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta, y de su concejal del ramo, Roque Ortiz, que los planes que anunció el Ayuntamiento respecto a la rehabilitación del edificio de la antigua Prisión Provincial, la popularmente conocida como Cárcel Vieja, siguen adelante. Podemos pensar, por tanto, que este emblemático y especial edificio murciano, que a día de hoy a duras penas se mantiene íntegro y en pie, y que puede considerarse un superviviente inusual del batallón de edificios históricos que en nuestra ciudad han sucumbido al afán especulador y la dejadez interesada, será recuperado. Es bastante probable, pues, (aunque no definitivo) que no sea la versión triste de la historia la que se cuente acerca de la Cárcel Vieja.

Parece ser también que deben desmentirse algunos bulos infundados que se difundieron y que relacionaban el proyecto con una idea de banalización de la memoria del lugar (como la de que el alcalde cifraba en la instalación de un gastro-bar el éxito de su proyecto). En definitiva, el proceso de recuperación del edificio sigue su curso: según nos informaron, en este momento, y en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Murcia, se están redactando las bases que regirán el concurso de proyectos, y esperan que en las próximas semanas se inicie la siguiente fase del plan.

Como vecinos/as y ciudadanos interesados, por descontado que nos alegramos de todo ello. Y más aún cuando les hemos oído afirmar que reconocen como necesario que entre los usos que se le dé al edificio, uno muy importante debe ser el relacionado con la exposición museística de aquello que es lo más característico y esencial de lo que fue durante tanto tiempo la cárcel, la Prisión Provincial. En ella sufrieron y penaron varias decenas de miles de personas. Como señalan las (a pesar de todo) escasas investigaciones sobre la misma, durante mucho tiempo, muchas de las personas que allí penaron fueron sometidas a condiciones de vida infrahumanas, llegando a fallecer (por las mismas condiciones de vida, o directamente, por asesinato) más de quinientas. En general, entre las víctimas de aquel siniestro lugar, una parte muy numerosa lo fueron por motivos de índole ideológica, la inmensa mayoría de las cuales directamente por represión política, ya fueran de derechas (unas pocas decenas) o de izquierdas (varios miles). Pero también, hay que recordarlo, otras fueron víctimas de la legislación penal de cada momento, que las convertía en carne de prisión por motivos de índole étnica, sexual, religiosa, etc.

En cualquier caso, compartimos con el alcalde y el concejal que es imprescindible que en el futuro este rasgo particular del edificio no sea ocultado ni minusvalorado, en particular porque es de justicia con la memoria de quienes la sufrieron, y porque se hace necesario hacer pedagogía de que la democracia, el respeto a los Derechos Humanos, la tolerancia con la diversidad social, no son puntos de partida naturales de nuestra sociedad, sino conquistas jurídicas, sociales y políticas alcanzadas tras la dura lucha y el sacrificio de muchas personas. La referencia a todas aquellas que por estas razones sufrieron la represión tras sus muros es una de las tareas que han de acometerse sin falta.

Pero lamentablemente también conocimos que en los planes del alcalde y del concejal Ortiz no está consultar adecuadamente a la ciudadanía sobre los destinos a dar al edificio rehabilitado. Parece ser que, según la experiencia del señor Ortiz, cuando se consulta a la ciudadanía lo único que se consigue es un conjunto desordenado de ideas y reclamos contradictorios entre sí, cuando no definitivamente irreconciliables, que hacen inútil la consulta. Así que, y en particular en este caso de la Cárcel Vieja, quienes tenemos interés por participar y decidir sobre sus usos futuros, como ciudadanos y no como súbditos, debemos contentarnos (y darnos por satisfechos) con que se nos permita asistir a algún evento público que se celebre, y exponer, de viva voz, ideas y necesidades. El plan del señor Ortiz es que luego nos marchemos a casa y dejemos de estorbar, y que los técnicos y los políticos se arreglen entre ellos.

La magia de este sucedáneo de proceso de participación ciudadana debe estar, es de suponer, en el fino oído que deberán tener los posibles equipos técnicos que pretendan presentarse al concurso de proyectos. Estos equipos, que además de arquitectura deberán saber también de interpretación de demandas sociales, serán invitados asimismo al evento y podrán oír estas ideas. Y si lo estiman adecuado, y tras las interpretaciones oportunas, podrán incorporarlas a sus proyectos. (Inevitablemente habrán de hacerlo, porque será difícil que se puedan elaborar propuestas globales para una obra sin determinar el uso final de la misma, pero es indudable que para ello tendrán que sortear el mismo inconveniente que al señor Ortiz le parece un galimatías irresoluble). Como luego estas propuestas deberán ser puntuadas por el jurado del concurso, de la sagacidad de cada equipo dependerá, por tanto, descubrir de entre la maraña de deseos, ideas, propuestas e intereses que el público formule, no aquellas que sean las más sensatas y adecuadas para la ciudadanía (eso sí, sin que ésta medie en la valoración), sino las que serán mejor valoradas por las fuerzas vivas que dominarán dicho jurado, formado en su mayor parte por políticos y por arquitectos (la mayoría nombrados por políticos), que en nombre del pueblo (pero sin el pueblo) sentenciarán.

Aunque parezca increíble a la luz de estas concepciones de la participación ciudadana, estamos en 2017, y cuando en todo el país (y en todo el mundo) se suceden con gran éxito multitud de consultas ciudadanas sobre la gestión y la transformación de edificios y espacios públicos, formuladas de acuerdo a alguno de las múltiples metodologías que la hacen no solo viable, sino eficaz y eficiente, en Murcia vamos a quedarnos anclados en estos inútiles modelos que la hacen fracasar a propósito, indudablemente con el fin intencionado de demostrarla inviable, devaluarla e invalidarla.

Pretenden convencernos de que no es posible la participación ciudadana porque las demandas y las ideas que se formulen serán muy parciales, contradictorias y mutuamente excluyentes (cuando no sencillamente superficiales), y entonces los políticos no sabrán qué hacer con ellas. Pretenden en definitiva que creamos que será entonces la incapacidad de la ciudadanía, y no la del propio gestor político, la que se imponga con evidencia.

Concepciones como ésta tratan de sustraer de nuevo a la ciudadanía la gestión de los asuntos públicos, y reservarse para estos detentadores del poder político el privilegio de repartir recursos (y prebendas). Es evidente que temen la participación ciudadana y están en la obligación de hacerla fracasar si quieren seguir alimentando su clientela política. En realidad es esta resistencia a una gestión pública colaborativa (la gestión clientelar, autárquica y del despotismo ilustrado) la que representa un lastre para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Por eso, por salud democrática, por transparencia, por eficiencia en la gestión de los fondos públicos, por dignidad, es cada día más necesaria la participación ciudadana. Y cada día más necesarios políticos competentes.

Se hace imprescindible, pues, reclamar un verdadero proceso participativo ciudadano en el proyecto de rehabilitación de la Cárcel Vieja, de acuerdo a alguna de las numerosas y acreditadas propuestas metodológicas que hay en el mercado. En realidad es un objetivo que se puede alcanzar con satisfacción por diferentes vías. Por nuestra parte sugerimos varias ideas, que creemos especialmente relevantes para el momento actual: 1) que se realice a priori a cargo del Ayuntamiento, o que se incluya en las bases como fase obligatoria que deberá estar incluida en los proyectos que se presenten, la realización de un proceso participativo ciudadano regulado según una metodología suficientemente acreditada para este fin (y expuesta de forma pública y previa), con participación directa de la ciudadanía y de los diferentes sectores interesados (vecinos, empresarios de la zona, agentes culturales, asociaciones de defensa del patrimonio, vocales de las Juntas y políticos del Ayuntamiento, etc), que determine los posibles usos más adecuados; 2) que las bases que regirán en el concurso sean expuestas públicamente con carácter previo a su formalización definitiva y que puedan ser objeto de propuestas de mejora por parte de entidades de todo tipo y ciudadanos/as; 3) que en las bases se incorporen indicadores específicos que discriminen positivamente las mejores propuestas de uso memorialístico; 4) que la Asociación para la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria sea uno de los integrantes del jurado del concurso, con el fin de que la ponderación del mejor uso memorialístico que se proponga sea asegurada; 5) que amplíen el marco político de consenso con la oposición, para que se convierta en una verdadero proyecto común para la ciudad.

Queremos insistir por último en la perspectiva de futuro que conlleva la rehabilitación de un edificio tan característico de la ciudad. Y es que nos parece indudable que esta es una gran oportunidad para el municipio, e incluso para toda la Región, la ocasión histórica no solo de rescatar este formidable, especial y emblemático edificio para el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, no solo de obtener un gran recurso que revitalice el entorno socioeconómico (abriendo y extendiendo el eje Catedral-Alfonso X hasta el otro lado de la Redonda y el comienzo del barrio de Santa María de Gracia), y promueva la creación cultural, no solo de afrontar el pasado de una manera constructiva y democrática como se hace y se ha hecho en otras ciudades europeas, sino también la ocasión de poner a Murcia en el mapa de las ciudades que incorporan los procesos de participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. Para ello, y más que una ciudadanía metodológicamente competente, solo hacen falta políticos con visión de futuro que lideren estas innovaciones (que, recordemos, han venido para quedarse), políticos valientes y dispuestos a engrandecer la historia de la ciudad asumiendo este reto. Políticos sin miedo a la participación de la ciudadanía, a quienes en definitiva se deben, dispuestos a impulsar un cambio dirigido a una sociedad y a una gestión pública cada vez más democrática y participativa, en las que no se perciba a la ciudadanía como un problema, sino como la solución.

Firman este escrito Andrés Campoy y Blas Bernal, vecinos; Concepción Artero, arquitecta