Empieza a prender la impresión de que Pedro Antonio Sánchez es un político con muy buena suerte. Procede del hecho de que seguramente no hay otro caso como el suyo en cuanto a acoso judicial desde todos los frentes y por causas muy diversas, algunas de apariencia terminal, pero del que se va zafando paso a paso también de diferentes maneras. Es verdad que la buena suerte no es una categoría política, y desde luego no sería aceptada como tal en San Esteban, pues desde allí aludirán que la razón de la supervivencia del presidente a las sucesivas denuncias de que ha sido objeto es todavía más sencilla: es inocente y punto.

Lo último, el caso de la pasarela de Puerto Lumbreras, una adjudicación en su etapa de alcalde de la localidad que, según la denuncia de Podemos, se produjo a dedo mediante el procedimiento de fraccionar los encargos de obra. El juez ha archivado el caso porque se ha cumplido el plazo de seis meses de investigación que otorga la Ley de Enjuiciamiento reformada por el PP en la anterior legislatura sin que la aportación de pruebas por los denunciantes haya hecho exigible la calificación de ´excepcionalidad´ para que prosiga el procedimiento. En resumen, un caso menos que pende sobre la cabeza del presidente. A esto unos, sus partidarios, le llamarán expresión de justicia, y otros, sus detractores, buena suerte.

No hay, desde luego, mejor ocasión para una celebración que verse liberado de una acusación judicial, y es lógico que se venda el hecho como consecuencia de que las ´persecuciones políticas sistemáticas´ tienen las patas muy cortas si se basan en meras suposiciones que no pueden ser respaldadas por pruebas. Esto no es incompatible con acumular buena suerte, pues es difícil no quedar empitonado en alguno de estos lances.

Sin embargo, en esta ocasión, la buena suerte deja un sabor agridulce. Y es que PAS se ha convertido a su pesar en el primer político de España que se ve favorecido por la suspensión de un proceso judicial acusatorio a causa del cumplimiento del plazo de investigación. No es lo mismo salvarse del caso tras la conclusión del mismo que por un ´interruptus´ que fue decidido por el partido en el poder que más causas de corrupción acumula. El PP viene presumiendo retóricamente de que en su día aprobó desde el Gobierno un paquete de medidas anticorrupción en número sin precedentes. Ocurre que una vez examinadas tales medidas no era difícil llegar a la conclusión de que en realidad la mayoría, al menos las más sustanciales, incidían en lo contrario, es decir, en la protección de los supuestos corruptos. Por ejemplo, la eliminación del concepto ´imputado´ para no estigmatizar a quienes se vieran en tal situación, y más claramente todavía esa limitación temporal de los plazos de investigación judicial, que en realidad contribuye a dar cobertura a los denunciados y mete presión a los jueces instructores sin que éstos hayan visto mejorados los medios de que disponen para desarrollar su labor con plena funcionalidad.

Por esto digo que la buena suerte de PAS en el caso pasarela es, en el fondo, una buena mala suerte, pues aparece como el primer exponente del beneficio de la ley ingeniada por su partido y deja el sabor amargo de que el archivo de la causa no se ha decidido por falta de indicios sino por el cumplimiento de la fase de investigación que determina la ley reformada por el PP. Aparte de que es verdad que seis meses habrían dado para saber si un contrato fue fraccionado para salvar la obligación del concurso y si, en tal caso, podría haber algo delictivo en ello.