Rescatar a los poderosos

La historia es conocida: bancos y cajas españolas se lanzaron a financiar frenéticamente la burbuja inmobiliaria a lo largo de las décadas anteriores. Como quiera que el ahorro patrio resultaba manifiestamente insuficiente para insuflar la cantidad de recursos que tal orgía especulativa e irracional (España edificaba más que Francia, Alemania e Italia juntas) demandaba, nuestras instituciones financieras, básicamente las cajas de ahorro, se fueron a los mercados financieros europeos para obtener dinero con el que prestar. Así, los bancos alemanes y franceses, entre otros, se convirtieron en los suministradores de capital de unas entidades que, muy irresponsablemente, pensaron que el negocio de la construcción era un pozo sin fondo y sin límite. A ello contribuyó, sin duda, una gerencia al frente de estas cajas que buscaba su propio lucro y la financiación del bipartidismo que la sostenía, y que recurrió a maniobras profesionalmente dudosas y carentes de demasiados escrúpulos para alcanzar tales fines.

La historia no podía concluir de manera distinta a como acabó: se hunde la construcción y demás actividades asociadas a la misma, y los bancos se quedan con títulos hipotecarios que no valen nada. Lógicamente, no pueden pagar a sus acreedores de las finanzas europeas, cuyas cuentas quedan seriamente comprometidas por los impagos españoles. Es entonces cuando se pone en marcha un mecanismo perverso mediante el cual las instituciones europeas y el Gobierno español persiguen un único objetivo: que cobren los acreedores de las tocadas cajas españolas, es decir, los bancos alemanes y centroeuropeos. Se conforma, así, la figura del rescate que, contrariamente a lo que pudiera desprenderse de este término, no persigue el salvamento de la ciudadanía, ni siquiera de la economía en su conjunto, sino de un puñado de bancos privados europeos. El procedimiento, que se ha aplicado tanto en España como en otros países (aquí circunscrito a la banca) es simple: recursos europeos se inyectan a una entidad estatal española (FROB), la cual la transfiere a los bancos; dinero que los contribuyentes españoles habrán de devolver a Europa. Con ese dinero, las entidades financieras pagan las deudas que tienen contraídas con sus acreedores. Por el camino, han sido arrasados tanto los depositantes, fundamentalmente los poseedores de preferentes, como los trabajadores y trabajadoras del sector (1 de cada 3 ha sido despedido entre 2008 y 2015). Es decir, de los préstamos irresponsables concedidos por bancos europeos, no han respondido éstos y los gerentes de los bancos y cajas españoles que tramitaron estos créditos (que se han ido con indemnizaciones multimillonarias), sino todos los contribuyentes, los depositantes y los trabajadores.

Este proceso también se ha utilizado para concentrar y privatizar el sistema financiero español, y paradigmático a este respecto es lo que ha ocurrido con la emblemática CAM en nuestra región: el FROB, el Estado, la vende al Fondo de Garantía de Depósitos por algo más de 5.000 millones de euros, y éste se la cede (por un euro) al Banco Sabadell, que se hace gratis con una infraestructura y red de clientes muy relevantes.

La perversidad de estos mecanismos de rescate es tan evidente que en septiembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE responsabilizó a la Comisión Europea y al BCE de las consecuencias sociales de los programas de rescate aplicados en Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre. Y en la normativa europea empieza a perfilarse que serán los acreedores y accionistas quienes habrán de asumir, en primera instancia, los costes del saneamiento bancario. Pero lo cierto y verdad es que, de momento, cada unos de nosotros y nosotras ha puesto de su bolsillo 1500 euros para rescatar a los banqueros. Como pagaremos, pronto, para rescatar a los propietarios de las autopistas quebradas.