No hace falta ser adivino para intuir lo que va a hacer el presidente de la Comunidad Autónoma una vez que sea formalmente imputado por el Tribunal Superior de Justicia. Maíllo, encargado de negociar en su día con Rita Barberá el divorcio político, ya ha dado una puntada. Génova mantendrá a PAS, pase lo que pase, porque «en el peor de los casos» no estaríamos ante un caso de corrupción sino ante «un error administrativo».
No es eso, desde luego, lo que dicen ni el fiscal ni la juez de Lorca que instruyen el caso Auditorio, que lo acusan de hasta cuatro delitos: fraude, malversación de fondos públicos, prevaricación continuada y falsedad en documento oficial cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Pero bueno, cada uno en su defensa tiene derecho a decir lo que estime oportuno y a actuar políticamente como considere conveniente.
Para lo que tampoco hace falta ser adivino es para adelantar que, si finalmente se lleva a afecto, este enrocamiento numantino terminará erosionando también al Partido Popular. Basta con mirar un poco hacia atrás. El empecinamiento de Valcárcel por guardarle el puesto a Sánchez para cuando estuviera desimputado acabó costándole al PP la mayoría absoluta en la Asamblea. Y de esa pérdida de la mayoría vino el acuerdo con Ciudadanos; y del acuerdo con la formación naranja vendrá ahora la petición de dimisión. O sea, una vuelta al principio, una pérdida de tiempo y energía, y un bochorno que la región se podría haber ahorrado si desde un primer momento hubiera imperado un mínimo sentido común en la derecha murciana.
Claro que para que haya dimisión, Ciudadanos tendrá que mantener su palabra dada. Algo que, visto lo visto en la investidura de Rajoy, no es lo que se lleva ahora. Por mucho que jure y perjure el otro Sánchez que exigirán el cumplimiento del primer punto del acuerdo de investidura, que obliga a dimitir a los cargos públicos que son imputados por corrupción política, habrá que esperar a verlo para creerlo. Aunque bien mirado, desdibujado por la 'entente' cordial entre el PP y la gestora del PSOE en las últimas semanas, el partido de Rivera se está quedando sin margen de maniobra, y una buena forma de hacerse notar es precisamente escenificando su 'intransigencia' ante la corrupción.
Decía el otro día un ilustre jurista murciano en una conferencia que «corrupción no es sólo meter la mano en la caja». Que dictar resoluciones injustas a sabiendas, puede ser tan grave en algunos casos como el cohecho. Por la sencilla razón de que las cosas se hacen con algún fin. Se prevarica por algo y para algo. De manera que, por lo general, cualquier prevaricación lleva detrás algún interés económico o personal.
Más le valdría al PP que en lugar de ir cambiándole el nombre a las cosas, 'investigado' por 'imputado', 'indemnización en diferido' por 'pago para tapar la boca' o 'error administrativo' por 'prevaricación', se dedicara a limpiar la era de una vez por todas. Sobre todo en una región que, según Alberto Nicolás, de Jueces para la Democracia, estaría a la cabeza de la corrupción urbanística en España, país que a su vez se encuentra en este ranking a la cabeza de Europa.
Si acaba imputado, Pedro Antonio Sánchez no debería de barajar otra salida que no fuera la de dejar el cargo. Por el bien de la región, y probablemente también de su partido. Otra cosa que no sea eso es desprestigiar, si cabe más, las instituciones que representa. No hay mejor 'pim pam pum' de feria para la oposición que un presidente de Comunidad imputado. Ni peor agonía política para un presidente señalado por la justica, recordemos a Camps, que la causada por el atrincheramiento.
La historia del inconcluso Auditorio de Puerto Lumbreras, ahora auditado, no es sólo la historia de un cúmulo de fallos administrativos, como quieren hacer creer algunos. Es mucho más que eso. Es la rocambolesca historia, según todos los indicios, de un proyecto urbanístico con fines políticos en el que se incumplieron de forma sistemática y reiterada los procedimientos legales más elementales para beneficiar, supuestamente, a determinadas personas. Es la odisea del extraño deambular, según la jueza, de unos fondos provenientes de una subvención de seis millones de euros que en parte «cambiaron de destino o aplicación, desconociéndose cuales fueron esos usos». Lo que justifica que se haya abierto una pieza separada. Es el relato de una gestión política y municipal nefasta que tenía su norte en el despilfarro y la especulación.
Y es, sobre todo, la crónica de una chapuza. Una colosal chapuza, que junto a muchas otras, lleva marcando el rumbo del PP regional, empecinado en seguir apostando por quien tantos dolores de cabeza le ha dado y le seguirá dando.
