Más de quince años. Ése es el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación inicial de la ley 5/2001 del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (SMS), esa ley que hemos modificado por unanimidad en la última sesión plenaria de la Asamblea Regional y que tanto revuelo ha montado por las pretensiones que había por parte del PP en el inicio de su tramitación.

Los objetivos del PP en la modificación de la ley eran tres: garantizar que los profesionales que hubiesen participado en libre designación o en concurso de méritos para acceder de manera provisional a un punto de nivel superior al base, no perdiesen la propiedad de su plaza básica; establecer un baremo subjetivo y parcial de méritos para la participación en los concursos de méritos que se convocaran, y modificar el régimen actual de incompatibilidades de los puestos de nivel igual o superior al 28.

El PSOE ha estado de acuerdo sólo en el primero de los objetivos. Pensamos que era una cuestión de justicia porque es algo que ya aprobó esta cámara para el personal directivo y porque sucede en otros ámbitos de la función pública al ocupar distintas responsabilidades; por ejemplo, los que somos diputados o diputadas en esta Asamblea siendo empleados públicos: no perdemos nuestro puesto de trabajo, ni siquiera nuestra plaza de destino. Tenemos que garantizar que los profesionales puedan participar en los distintos concursos con garantías en sus plazas básicas de referencia. Medida de justicia que, además, esperamos que desbloquee las convocatorias de los concursos de méritos.

Con el segundo de los objetivos el PSOE no ha estado de acuerdo porque pretendía establecer un baremo cerrado de méritos para las convocatorias de concursos de méritos; un baremo que, a nuestro modo de entender, lo único que pretendía era disfrazar una libre designación como concurso de méritos. No podíamos apoyar la subjetividad y la parcialidad de un baremo de méritos que pretendía asignar un 50% de la puntuación a un proyecto de evaluación subjetiva valorado por una comisión de tres personas, de las cuales al menos dos eran puestos de libre designación. Por un lado, la modificación reducía el número de puestos de libre designación; pero, por otro, pretendía blindar los concursos de méritos para aquellos que sacaran mejor puntuación en la presentación de un proyecto subjetivo. Afortunadamente, contamos con el apoyo de los grupos de la oposición a una enmienda del grupo parlamentario socialista para que esta modificación no saliese adelante.

Por último, el PSOE, junto con los partidos de la oposición, ha logrado que no se lleve a cabo la amnistía que pretendía realizarse con el tema de las incompatibilidades. Durante estos quince años de vigencia de la ley, el Gobierno regional ha incumplido sistemáticamente la Disposición Adicional Tercera que hace referencia a la incompatibilidad de los Jefes de Servicio (nivel 28 o superiores) con cualquier otra actividad o pública o privada; han incumplido la ley y pretendían, con la modificación que planteaban, un reconocimiento del poder legislativo a esos incumplimientos, algo que el Partido Socialista no podía permitir.

El PP pretendía que desde el poder legislativo se realizara una amnistía global a la gestión del SMS en el asunto de las incompatibilidades de las Jefaturas de Servicio. Pretendía que se hiciera borrón y cuenta nueva en todo lo sucedido, como si los gestores del SMS no tuvieran ninguna responsabilidad en lo realizado hasta ahora y fueran nuevos en la toma de decisiones, cuando la realidad es que los gestores del SMS (tanto los actuales como los anteriores) son responsables del incumplimiento de la ley, de la permisividad con este asunto y de la pasividad en la toma de decisiones al respecto. Se han dedicado a esperar, de brazos cruzados, negociando a escondidas y pretendiendo que una modificación de la ley les diese un balón de oxígeno a la nefasta gestión que han realizado, no sólo en este tema, sino en toda la planificación del SMS.

Allá por el mes de febrero, la consejera de Sanidad nos decía que había distintas interpretaciones sobre la normativa de incompatibilidades. Mis palabras fueron que la normativa es tan clara que se puede afirmar eso de ´blanco y en botella'. La responsabilidad de gestionar con rigor y legalidad el SMS no es de los pacientes, de los profesionales o del legislativo, sino de sus directivos y de su consejera. Y si han tomado decisiones contrarias a las normas, se han debido tomar medidas a tiempo, algo que no han hecho hasta ahora.

Hemos asistido en los últimos días a la actividad a la que nos tiene ya acostumbrado el Gobierno cuando algo no les cuadra en su visión: atacar al contrario, amenazar con un colapso de los servicios públicos y, algo muy vergonzante, la consejera de Sanidad llegó a decirles a los murcianos y murcianas que, de prosperar la modificación de ley sin poner lo que quiere el gobierno que ponga en cuanto a incompatibilidades, «impediría que personas sin recursos económicos puedan acceder a ser atendidos por profesionales de prestigio». Toda una ofensa a los miles de profesionales facultativos del Servicio Murciano de Salud que trabajan de sol a sol y no saben decir que no, les echen lo que les echen encima. Gracias a esos profesionales funciona la Sanidad pública murciana, no gracias a sus gestores que lo único que han hecho en este tema es cruzarse de brazos, no cumplir la ley y esperar acontecimientos proponiendo amnistías.

El propio presidente de la Comunidad, el cercado judicialmente Pedro Antonio Sánchez, ha llegado a decir que la gente más humilde no podrá acceder a los servicios de los mejores profesionales de la Sanidad porque éstos se marcharán a la privada, obviando conscientemente que los mejores profesionales de la sanidad están y estarán siempre en la sanidad pública que entre todos hemos construido: esos médicos de atención primaria o especialistas que, día a día, se entregan (a pesar de la caótica planificación y gestión del SMS) a ese servicio público que los ha formado y que tiene los mejores medios personales de atención al paciente. Pueden estar tranquilos los murcianos y murcianas: están en las mejores manos profesionales; otra cosa es que estén en la sanidad mejor gestionada, pues de ser así no estaríamos hablando de listas de espera, cierres de consultorios o disminuciones de personal.

El Gobierno regional ha intentado hacer creer que el problema de gestión de la sanidad murciana es la compatibilidad de las jefaturas de servicio, que se iba a hacer un daño irreparable a la sanidad pública regional, que se iba a prohibir algo que está prohibido ya, que se puede servir a dos señores en todos los niveles de responsabilidad. Para el PSOE, en ciertos niveles de responsabilidad hay que proteger mucho más aún el sentido de la función pública reflejado desde la propia Constitución y exigir mayor dedicación al servicio público. Como bien dice Miguel Martín en su blog Epikrisis, «es como si un caballero jedi perteneciera a los dos lados de la fuerza».