¿El sexo oral es sexo?

Bastaría con reparar en el primero de ellos: prevaricación continuada. La prevaricación es un delito, y si es continuada, delito sobre delito. En la propia definición de este acto se señala que se produce ´a sabiendas´ de la incorrección, pero incluso ignorando su trascendencia, las consecuencias serían las mismas, pues es sabido que el desconocimiento de la ley (que es muy difícil que concurra en este naso) no puede ser motivo de excusa. Si se atendiera sólo a este delito de entre los cuatro que señala la instructora, el presidente sería, de entrada, inhabilitado para cargo público y hasta para votar en unas elecciones durante el periodo de tiempo que la sentencia estableciera. Digo esto porque hay que dejarse de bromas y encarar la situación como es, no como apetecería que fuera.

La aparente indiferencia a las calificaciones de la exposición razonada de la instructora recuerda al famoso pretexto de Bill Clinton cuando, obligado a admitir que había mantenido, con los pantalones bajados, un cierto intercambio con Lewinski en el despacho oval, alegó que «el sexo oral no es sexo». Entonces ¿la ´prevaricación continuada´ no es ´prevaricación´?

Tal vez a sabiendas de que el ´argumentario´ inicial ha sido pulverizado, surgen otros, que ya no se elaboran para las declaraciones públicas, pero que se murmuran en los corrillos con la intención de que contagien un efecto de simpatía con la ´víctima´ o que sirvan para relativizar los efectos de lo que pudiera ocurrir en sede judicial. Se dice que Pedro Antonio Sánchez ha tenido mala suerte, ya que su notoriedad política condujo a que se colocara el foco sobre él a diferencia de otros alcaldes que, en la tramitación de obras municipales equivalentes al Auditorio de Puerto Lumbreras, actuaron de idéntica manera. Se sugiere así que el resto de auditorios o teatros municipales, piscinas cubiertas, polideportivos o casas de la cultura habrían sido instalados con semejantes procedimientos, pues la burocracia administrativa obligaría, en favor de la eficacia y la resolución política, a sortear o trampear ciertas exigencias, sin que de esto se derive necesariamente una incursión en el capítulo de la corrupción, que desde esta concepción sólo quedaría limitada al tráfico de maletines.

Pero quienes recurren a esta desesperada argumentación parecen no ser conscientes de que admiten implícitamente las acusaciones contra PAS, pues lo que cabría derivar de todo esto, si así fuera, no es la exculpación política de quien ´ha sido pillado´ por un exceso de exposición pública, sino la puesta en marcha de una investigación general sobre las obras municipales subvencionadas desde la Comunidad Autónoma. Ha de tenerse en cuenta que las leyes y normas administrativas no son imposiciones del Dios Creador sino que están ordenadas por el estamento político, que es el que se ha de obligar a cumplirlas; si no lo hace con pulcritud habrá que sospechar que ese aparato normativo garantista constituye, en la práctica, un señuelo para convencer al ciudadano de que existe rigor en la contratación y ejecución de obras a la vez que, entre los políticos, se propaga la ´cultura fáctica´ de burlarlo.

De modo que cuanto más se baja el listón de los ´argumentarios´, hasta el punto de que algunos aspectos ni siquiera son publicables, más se confirma la endeblez de la réplica a lo que, en el proceso judicial, se avanza como constatado. Ni siquiera encaja la ´teoría de la conspiración´, como la que transciende del hecho de que el fiscal del TSJ resultara un mero continuador de las denuncias de su esposa, quien antes del nombramiento de su marido había firmado distintas denuncias contra la gestión del PP, entre ellas la de PAS, pues aun si pudiera apreciarse tal cosa, lo satisfactorio para el caso sería que la fiscalía hubiera disparado al aire, pero ocurre que la instructora no sólo ha ratificado casi todo el informe fiscal sino que ha abierto una pieza separada para intentar llegar hasta un supuesto uso fraudulento de los recursos destinados al Auditorio, algo que ha decidido por su cuenta con independencia de la acusación, que no advirtió distracción de fondos en las obras del edificio. La mejor manera de preservarse contra las ´conspiraciones´ es no dar lugar a que encuentren causa.

Una cierta perplejidad. En continuidad con lo anterior, lo que está causando perplejidad incluso en círculos cercanos al entorno más directo del presidente es que alguien con una inteligencia política tan constatada, a sabiendas de que su destino sería la presidencia de la Comunidad, pudiera ejercer su cargo en la alcaldía de Puerto Lumbreras con tanta desenvoltura y desentendimiento de la norma como señala el auto judicial.

Esto es lo que causa más estupefacción. Se supone que quien se prepara para dar un salto sustantivo en la vida política procurará no dejar demasiados cabos sueltos en su gestión anterior con los que después, una vez alcanzado el nuevo estatus, vengan a reprobarle. Un político con tantos registros y habilidades como PAS debiera, por tanto, haber empleado más energías en no ´cometer errores´ para llegar impoluto a su destino que en arriesgarse a cometerlos y en consecuencia quedar aparcado antes o después de alcanzarlo. En ese contexto, el otro caso que pende sobre él, el del supuesto intento de firmar desde la consejería de Educación un contrato para elevar su ´imagen reputacional´ para que lo situara más cerca de la presidencia del Gobierno (caso Púnica) se ve inevitablemente, si es que se demostrara culpabilidad, como una continuidad en el ejercicio de orillar las imposiciones administrativas.

Otro aspecto de la cuestión: ¿ha implicado PAS al PP, a todo su equipo y a los amplios sectores de la sociedad murciana que lo apoyan en una ´huída hacia adelante´ con la esperanza de que precisamente por su estatus como presidente de la Comunidad se daría una mayor precaución en el análisis de sus problemas judiciales y sería salvado de ellos para que no produjeran males mayores como la inestabilidad política de la Región en un momento crucial de supuesta recuperación económica? Si esta hubiera sido su intención, resultaría suicida, no sólo para él. De manera que hay que considerar que lo tiene todo atado y bien atado, con respuestas indiscutibles para que los jueces puedan, sin tretas (que quedarían a la vista, en cualquier caso y que no cabe suponer en ninguno), salvarlo de acusaciones tan documentadas en la instrucción sobre un proceso administrativo.

¿Y qué dice el ´establishment? La pregunta, vista la complejidad del asunto tal y como se prevé su desarrollo desde este momento, es hasta cuándo el ´establecimiento´ murciano mantendrá su apoyo incondicional a PAS, imprescindible, además del de su partido (que es obvio que está férreamente enrocado con él) para el periodo de resistencia en que se adentra. No cabe duda de que el presidente, por su dinámica, vocación y disposición al trabajo, y sobre todo por el manejo magistral de su oficio, ha encontrado en poco tiempo, a pesar de aterrizar en la presidencia como un auténtico desconocido, la mayor aceptación entre los poderes sociales y económicos de la Región, que verían su dimisión, en caso de que tuviera que producirse inevitablemente, como una gran pérdida. Y no sólo esto, se prevé que crearía un vacío, pues a pesar del nutrido número de ´cuadros´ con que cuenta el PP murciano, no hay personalidades políticas equivalentes que dominen sus resortes y sepan administrarse políticamente, tanto en Madrid como entre la sociedad murciana, en un periodo político tan volátil como el actual.

Pero lo cierto es que el diseño de estabilidad que se viene alentando desde San Esteban dando por sentado que las incidencias judiciales que rodean a PAS serán, como en ocasiones anteriores, despejadas, va siendo atendido ya con escepticismo, pues frente a esa doctrina tranquilizadora, los hechos van demostrando que la prevista fase de turbulencias se prevé mucho más intensa que lo que habían previsto los meteorólogos oficiales. De momento, el ´establecimiento´ aguanta y parece tener fe en una salida airosa para PAS, aunque éste tenga que pasar el purgón durante unos meses, en la esperanza de que el ´factor Ciudadanos´ pueda manejarse con cierta tranquilidad. Pero Ciudadanos es un partido que ya luce muchos rotos y es probable que no se ofrezca gratis en sacrificio en caso de que imputen a PAS.

¿Y los jueces? La mirada se vuelve hacia ellos, y apenas se contienen los prejuicios, dando por sentado que actuarán ´políticamente´. Pero esto es mucho suponer y resulta, además, perverso, pues supone prejuzgarlos a ellos, sean cuales sean sus decisiones. En ese ámbito, hace tiempo escuché una frase suelta que tal vez sea ahora bien traída: «Los jueces no estamos para poner o quitar presidentes». Y es que, en efecto, la Justicia, por muy ciega que sea, no puede evitar saber que de sus decisiones cabe trascender una crisis política, la misma que los políticos no son capaces de generar por sí mismos en el ámbito de su propio oficio. En el TSJ no pueden dejar de ser conscientes de que de la aplicación de sus resoluciones se trasladarán movimientos políticos ajenos a sus sentencias, pero tratar de evitarlo significaría renunciar a la aplicación de la ley, si es que ésta exige estigmatizaciones de imputación. A fin de cuentas, quienes se meten en líos son los políticos, que son los que pactan consecuencias extrajudiciales a la vista de la mera emisión de los autos judiciales.

Pero, en definitiva, la clave está, se quiera ver o no, en que si el sexo oral es sexo y la prevaricación continuada es prevaricación, sólo con la demostración clara de que nadie ha prevaricado podría resolverse este infernal puzzle. Que sea pronto.