No es tan difícil, señor alcalde. Pide usted una subvención para construir un auditorio. Se la conceden. Saca a concurso el proyecto arquitectónico. Y el de obra. Pone en marcha los trámites administrativos correspondientes. Aparecen las hormigoneras. En el plazo concertado, le entregan el edificio. Lo inaugura. Se hace la foto. Y queda como un señor.
Entonces ¿a qué tanta agonía con el auditorio de Puerto Lumbreras? ¿A qué se deben esas idas y venidas, parones, cambios, sustos, reformas, retranqueos, nuevos usos, reemplazamientos, dilaciones y falsas urgencias que con tanto detalle relata el auto de la jueza Consuelo Andreo? ¿Qué mal fario pendió desde el inicio sobre una iniciativa municipal absolutamente convencional que debiera haberse concluido sin más incidentes que los habituales en estos casos: retraso de las obras en unos pocos meses, algún sobrecoste asimilable y la inevitable polémica vecinal sobre si me gusta más o me gusta menos?
El auto judicial que, tras la instrucción de la denuncia, cuenta la historia de ese auditorio no deja espacio para una actuación que resulte normal. Todo está desajustado, todo es tramposo, nadie se permite el lujo de atender con un mínimo rigor a la norma administrativa, nadie comprueba, nadie vigila, cualquiera firma cualquier cosa... Las normas básicas quedan suspendidas desde el inicio mismo de la tramitación, según se desprende, paso a paso, del relato judicial. No puede tratarse de errores, que aunque son inherentes a la naturaleza humana, y en toda circunstancia se pueden cometer uno o dos, nadie está a salvo, si se suceden de manera tan continuada hay que buscar otro concepto que explique la perseverancia, pues lo que no se aprecia es ni un solo acierto, ni por casualidad, y esto sí que resulta extraño.
La ´pieza separada´
Cualquiera podemos opinar con más o menos piedad sobre esta cuestión, y especular hasta el infinito con la legitimidad que ofrece el denso panorama regional y nacional preñado de corrupciones y arbitrariedades. Pero en el ´caso Auditorio´ había una línea roja incluso para los denunciantes: nadie había observado cohecho, es decir, distracción de dinero en la construcción de la obra. Ni siquiera el fiscal, tan incisivo y constante. La instructora tampoco estampa la palabra maldita, pero la pieza separada que se dispone a abrir acerca de la supuesta distracción de dos millones de euros con el objeto de constatar si de ellos se hizo otro uso ´público o privado´ pone los pelos de punta. De la totalidad del relato de la jueza Andreo se deduce que nadie trincó, sino que las cosas se hicieron de aquella manera para sortear la norma administrativa y poder colocar al arquitecto prefijado y disponer la infraestructura en un espacio distinto al inicialmente previsto para que adquiriera mayor relumbrón.
Pero el trajín presupuestario podría dar lugar a sospechas (eso es lo que justifica la pieza separada) aun a pesar de que, al final, todo el dinero, los seis millones de la consejería de Cultura, se hubiera invertido en el auditorio, como han constatado los peritos de la propia fiscalía. Lo que parece es que, antes, algunos de esos millones pudieron haber dado algunos rodeos para tapar otros agujeros, terminar otras obras (en la localidad hay todavía una media docena de obras inacabadas, además del auditorio, entre ellas la propia sede consistorial) o adelantar otros pagos, lo cual significaría que la administración municipal se habría desempeñado con escaso rigor respecto a las exigencias normativas, es decir, que en Puerto Lumbreras se habrían hecho las cosas de manera muy personalista. Y esto sólo habría sido posible por la percepción en el entorno administrativo y político, tanto municipal como autonómico, de un consistente liderazgo del alcalde, llamado a ser el sustituto de Valcárcel desde ocho años antes de que finalmente ocupara su sillón en San Esteban. La facilidad para obtener recursos en favor del municipio y para administrarlos de la manera tan poco ortodoxa como señala el auto de instrucción se explicaría en la potencia de ese liderazgo, capaz de arrastrar a la imputación en el caso a una ristra de más de veinte personas entre funcionarios y políticos, aunque curiosamente se excluya de estas responsabilidades al exconsejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz (el Sobrinísimo de Valcárcel), máxima autoridad in vigilando del desarrollo del proyecto.
Promoción política
Que algo tan sencillo como la construcción de un auditorio se convirtiera en una pesadilla administrativa, tal como se describe en el auto de la jueza, sólo se explica porque el alcalde decidió elegir al arquitecto (extraordinario, por cierto, y tal vez precisamente por eso), y a este respecto no hay duda alguna, pues la convocatoria de un concurso en fechas navideñas y con un plazo de quince días es más expresiva que cualquier argumento, sobre todo si el proyecto ya estaba trazado, y hasta se había hecho difusión pública del mismo. Por otro lado, queda claro que los seis millones de subvención no alcanzaban la financiación del auditorio reelaborado por el alcalde, que decidió un nuevo emplazamiento para elevar su sede, tal vez convencido de que el empuje urbanístico que experimentaba Puerto Lumbreras por esas fechas requería una instalación capaz de acoger a un número de espectadores que ni siquiera en la vecina Lorca, tercera ciudad de la Región, tenían asiento. Parece claro, pues, que Pedro Antonio Sánchez se vio contaminado de ciertos aires de grandeza en su propósito de hacer todavía más méritos como alcalde (en las elecciones municipales barría hasta humillar a la oposición como en ninguna otra localidad), y que tales méritos rubricaran su candidatura a la presidencia de la Comunidad cuando se produjera el ´hecho sucesorio´. No olvidemos que el auditorio se inició en los tiempos en que se estaba inflando la burbuja inmobiliaria y cuando a PAS se le abrían las puertas de los despachos de la Administración regional sin necesidad de concertar cita. Tal vez toda esa suficiencia política fuera la causa de un exceso de confianza para fintar los penosos impedimentos administrativos a fin de acelerar los éxitos políticos, sin previsión de que inesperadamente se produciría la crisis que cerró todos los grifos. Con la consejería de Cultura, PAS lo tenia mejor que con ninguna, pues el Sobrino era muy consciente de que el lumbrerense acabaría en la presidencia, y con toda seguridad creía que al satisfacerlo garantizaría su continuidad en ese departamento, en el que sólo estaba sostenido por el Tito. Sin embargo, cuando PAS llegó a San Esteban, Cruz estaba tan quemado que le fue imposible cargar con él. Todavía hoy aparecen herencias de aquella etapa, como el preconcurso de acreedores de la empresa organizadora del festival SOS, designada en su día a dedo por el exconsejero para organizar el evento.
La imputación que viene
Todo lo anterior explica el contexto político y las razones por las que se pudo producir esa relajación respecto a la norma administrativa que describe el auto de la jueza. Pero el problema que todo esto ha arrastrado para el presente de Pedro Antonio Sánchez es tremendo. A nadie le cabe duda de que si el presidente no gozara de aforamiento, su situación al día de hoy sería la de imputado. Pero aunque técnicamente todavía no lo esté, el auto judicial es tan preciso y descriptivo que a los jueces del TSJ les podría bastar con tomar declaración a PAS (en realidad, el único trámite que falta en la investigación del caso) para enviarlo directamente al banquillo, sin necesidad de reproducir la instrucción.
Esto es gravísimo, ya que el presidente firmó un acuerdo con Ciudadanos en el que se comprometía a dimitir en caso de ser imputado a cambio de que ese partido le facilitara la investidura. El contrato (y esta es la única ventaja de que al respecto dispone PAS) deberá ser interpretado en Madrid por la cúpula de Ciudadanos (su delegación local, digan lo que digan sus representantes, no pinta nada en esto) y cabe la remota esperanza para San Esteban de que relativicen el asunto para ganar puntos en el acuerdo nacional con el PP. Esta posibilidad ya se maneja, por extraño que parezca.
No va a ser fácil que PAS se libere de la imputación ni que con ella pueda maniobrar en la vida política con el apretado calendario que se le viene encima, en la perspectiva de los congresos del PP (del regional tendría que salir cómo nuevo líder del partido), pues la tenaza de este auto contiene la suficiente presión como para asfixiarlo como presidente de la Comunidad. Las apelaciones a una causa que dirimiría posibles ´errores técnicos´ no son ya convalidables una vez que la instructora ha aceptado, sobre pruebas y declaraciones en sede judicial, las tesis del fiscal e incluso ha ido más lejos con la apertura de la pieza separada. Por otra parte, la repercusión nacional del caso actuará sobre los equilibrios parlamentarios del PP de Rajoy.
PAS tiene a su favor, en este contexto, la lealtad interna en el PP, un partido que defiende la gestión en asuntos de mucha mayor envergadura que el auditorio de Puerto Lumbreras, como son los casos del aeropuerto, la desaladora de Escombreras, el Mar Menor, o Novo Carthago, entre otros. Aunque hay candidatos para sustituir a PAS en caso de emergencia, los populares murcianos carecen de un líder tan integrado en la organización y con tanta capacidad política como él. Y un segundo aspecto: la oposición sólo podría tumbarlo, en caso de resistencia a dimitir tras una posible imputación, mediante una moción de censura, para lo que se preciaría una coalición a tres bandas entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, algo todavía insólito en el país.
Ah, y todavía está por venir, que vendrá, el auto del juez Velasco, de la Púnica. Se le espera para estas fechas, pero si es como el de la jueza de Lorca, la película de Tim Burton quedará como un cuento de hadas.
