an sólo el 4% de las personas con discapacidad intelectual severa o profunda ha trabajado alguna vez a lo largo de su vida, según un estudio de Plena Inclusión financiado por el Real Patronato sobre Discapacidad. El monográfico Todos Somos Todos. Derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo busca un compromiso para no excluir a estos ciudadanos. El estudio ha sido desarrollado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca.
Las principales conclusiones del estudio apuntan la urgencia de intervención por parte de la Administración para cubrir las necesidades de este colectivo del cual se prevé un incremento de su grupo poblacional. Para el año 2008, el total de personas con discapacidad intelectual profunda o severa ascendía a 63.610, alcanzando un nivel de prevalencia sobre el total de la población del 0,16%.
La población con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo incrementó un 44,2% en 2008 con respecto a 1999, lo que en términos absolutos se traduce en que en el 2008 habría residiendo en hogares 14.413 más que en el año 1999. En cuanto a la integración social apenas el 6% dispone de estudios primarios completos y el 96% se encuentra inactivo, «lo cual podría mejorar mediante una escolarización combinada basada en el tándem 'centro-colegio' que en muchas Comunidades Autónomas todavía no es aceptada».
Para eliminar los escenarios de exclusión se propone revisar los apoyos que están destinados en un más de un 60% en residencias y centros de día que, según los expertos, «debe redirigirse a la ayuda personalizada acompañada de un modelo en el que la propia persona puede opinar sobre sus necesidades, además de evitar la atención médica que se dispersa por falta de una profesional especializado que atiende de primera mano».
Plena Inclusión ha elaborado un posicionamiento en el que se refuerza su compromiso por reivindicar la finalización del modelo de servicios asistenciales segregados, así como el cumplimiento de los derechos básicos establecidos en la Convención de la ONU junto a una batería de medidas que acompañan dicho posicionamiento.
Plena Inclusión Región de Murcia es el resultado de la unión de más de 3.000 familias que trabajan en común por el bienestar de las personas con discapacidad intelectual formando veintisiete entidades que dan empleo a quinientos profesionales.
En toda España, Plena Inclusión está formada por 891 entidades repartidas por el territorio nacional. Representa a más de 106.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.
