Vaya. Qué novedad. El fiscal acusa a Pedro Antonio Sánchez de cinco delitos en su gestión como alcalde de Puerto Lumbreras durante la construccion del Auditorio de la localidad. Ya lo hizo anteriormente, con un argumentario que parecía incontestable y que, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia desconsideró, pues decidió trasladar la investigación del caso al juzgado ordinario de Lorca a la espera de perfilar mejor todos los detalles del desarrollo de la obra. Una vez que parece concluida esa investigación, el fiscal insiste en sus convicciones previas e insta a la jueza instructora a que devuelva el caso al TSJ, pues observa que en la tramitación de esa infraestructura hay una sucesión de delitos que concurren principalmente en el exalcalde y hoy presidente de la Comunidad, quien en condición de tal disfruta de aforamiento, y habría de ser juzgado por una instancia superior a la ordinaria.

Prevaricación, fraude, falsedad en documento público u oficial, malversación de caudales públicos, administración desleal. Son los delitos por los que el fiscal reclama la imputación de Sánchez, una cascada verdaderamente aplastante, pero en la que falta la palabra fatal: cohecho. No está. Esto indica que ni siquiera el fiscal ha apreciado enriquecimiento ilícito en esta operación, lo cual es motivo de alivio tanto para el protagonista como para quienes no desearían tener a un presidente bajo sospecha de haberse cobrado una comisión del coste global de una obra pública.

Sin embargo, la retahíla de las acusaciones, aun si sólo se pudiera probar la mitad de ellas, es muy inquietante. Sabido es que la corrupción política no consiste únicamente en la apropiación particular, o para el partido correspondiente, de las comisiones por contratas sino que en muchos casos lo que se activa es la ´plusvalía electoral´, es decir, a veces no se pretende el beneficio particular, sino el aprovechamiento electoral. Pongamos el caso Umbra, de Murcia, en el que a todas luces se combinan ambos aprovechamientos: el exalcalde Cámara quería ganar eternamente las elecciones mediante la masturbación política a los aficionados del Murcia allegando regalos municipales al promotor del club y del nuevo estadio, así como de las urbanizaciones anexas, con un tranvía al servicio de éstas, y de paso, supuestamente, también le caía algo a su bolsillo a través de las recalificaciones de terrenos a su suegro, convenientemente agradecidas por éste en imposiciones insólitas a las cuentas de sus nietos.

En el ´caso Auditorio´, a pesar de todo, no hay novedad, pues no puede serlo la persistencia de la fiscalía, que redunda en lo que ya sabíamos. Por tanto, la ansiedad que algunos muestran en la exigencia de responsabilidades es precipitada, sobre todo cuando es obvio que si el presidente debe ir al banquillo será porque las cosas caerán por su propio peso. En poco tiempo, además. Es patético que al PSOE se le agiten los jugos gástricos ante este informe de la fiscalía cuando hace unos días veíamos a Chaves y a Griñán, también libres de cohecho, pero indudablemente afectados por la corrupción a que incitan las ´plusvalías electorales´, merodeando alrededor de Felipe González y de Susana Díaz en un acto que parecía querer impulsar la ´regeneración´ socialista. Para que funcione la autoridad moral es preciso ser consecuente.

Vivimos tiempos infartantes, sin duda, en que no hay paciencia para distinguir las cosas: el informe de un fiscal (recurrente y nada novedoso, por otra parte) de una acusación probada, que tal vez, es un posibilidad, se confirme (o no) en pocos meses. Y que obligaría a aceptar sin rechistar que la jueza de Lorca ignore esa sugerencia o que, posteriormente, el TSJ eluda el encargo de la fiscalía, como ya hizo en su día. Más prudente y consecuente sería esperar a ver qué ocurre aun considerando el alcance que tiene el informe de la fiscalía. Con todo, hay que anotar que las acusaciones son gravísimas y quedan lejos de las implícitamente admitidas ´irregularidades administrativas´. Pero no hay que amontonarse. Lo que tenga que ser, será.