El pasado jueves 3 de noviembre, la Asamblea Regional aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, consultar a la Junta Regional de Contratación sobre la posibilidad de introducir cláusulas en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas de la Comunidad Autónoma, para penalizar a las empresas que utilicen sus intereses en paraísos fiscales y territorios offshore para eludir el pago de impuestos en España. Además de obligar a estas empresas a informar sobre cada una de sus filiales en estos territorios. El objetivo es que el Gobierno regional introduzca estas cláusulas y obligaciones en las licitaciones públicas.

Es el primer paso de un gran batalla iniciada por la ONG Oxfam Intermón contra los paraísos fiscales, la evasión y la elusión fiscal para un reparto justo de la riqueza que permita erradicar la pobreza. Tratan de que en todos los niveles de gobierno de las administraciones públicas se declaren Zonas Libres de Paraísos Fiscales. Esto implica el compromiso de diferenciar a las empresas que concurren a las convocatorias de contratación en función de su responsabilidad fiscal.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyamos esta campaña de Oxfam Intermón. En la Asamblea Regional hemos forzado un acuerdo que compromete al Gobierno regional. El siguiente paso lo darán nuestros compañeros y compañeras de los grupos municipales socialistas, en los 45 municipios de la región, con la presentación de mociones al Pleno de sus ayuntamientos en el mismo sentido.

El pasado jueves también conocimos la lista de los cien españoles más ricos, con fortunas declaradas que acumulan casi 120.ooo millones de euros. Entre ellos están Amancio Ortega y Sandra Ortega, de Inditex; Rafael del Pino, de Ferrovial; Juan Miguel Villa Mir, de OHL; Ana Botín, del Banco Santander o Florentino Pérez, de ACS. Todas sus empresas tienen filiales internacionales en paraísos fiscales y territorios offshore. El Banco Santander, 235; y ACS, 113. Las 35 empresas de Ibex tienen un total de 891 empresas filiales en paraísos fiscales y territorios offshore. Desde el año 2009 los principales grupos empresariales españoles han incrementando su presencia en estos territorios en un 240%. Casi la mitad domiciliadas en dos direcciones de Delaware, el segundo Estado más pequeño de EE UU con menos de un millón de habitantes, en donde no es necesario registrar el nombre de los propietarios reales de la empresa, sino que se pueden usar testaferros.

El uso de los paraísos fiscales se ha convertido en el ´modus operandi´ para las grandes corporaciones españolas. Las estructuras empresariales creadas en estos territorios les permiten aprovechar las disfunciones existentes entre las distintas legislaciones, para utilizar la más laxa con el objetivo de no tributar. Esta política empresarial puede ser técnicamente legal, pero éticamente es reprobable. Las empresas deben entender que su aportación fiscal es necesaria para el bienestar común, el desarrollo y el progreso de España.

Mientras que el resto de impuestos han recuperado la capacidad recaudatoria del año 2007 y los beneficios de las empresas se han reducido solo el 1%, los ingresos del impuesto de sociedades han caído el 58%, lo que supone que la hacienda pública deja de ingresar cada año 22.000 millones de euros. En el año 2015 el resultado neto de explotación de las 35 empresas del Ibex fue de más de 85.000 millones de euros, de los que pagaron a la Hacienda pública, según la Agencia Tributaria, un tipo medio efectivo del 7,3% cuando el tipo nominal era del 28%. Esto es posible porque estos grupos empresariales ubican en paraísos fiscales a sus filiales más rentables para evitar el pago de impuestos. Casi la mitad de los 35 grupos empresariales del Ibex han llegado a no pagar nada en el Impuesto de Sociedades en España.

Los paraísos fiscales son el instrumento más utilizado por los grandes defraudadores. Se han convertido en enormes agujeros negros por los que el Estado pierde miles de millones de euros. El 72% del fraude fiscal, que Gestha lo calcula en unos 60.000 millones de euros anuales, proviene de grandes empresas y grandes fortunas en paraísos fiscales. El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, denuncia que más del 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria se dedica a controlar a los ya controlados, personas con nóminas, pymes o autónomos. Y que el esfuerzo que se dedica a controlar la gran bolsa de fraude es muy escaso.

España tiene un problema de fraude fiscal que afecta directamente a la supervivencia del ´Estado del Bienestar´. En un país con 13,4 millones de pobres; con unos índices de desigualdad que han crecido diez veces más que el promedio europeo; con miles de millones de euros en recortes en sanidad, educación, dependencia, desempleo; con más de 4,3 millones de parados y casi la mitad sin ningún tipo de cobertura; y un déficit público de casi el 5% del PIB nacional (unos 50.000 millones de euros). No es admisible que el conjunto de las Administraciones públicas permitan que los grandes grupos empresariales y las grandes fortunas utilicen los paraísos fiscales y las ventajas fiscales de nuestro sistema tributario para eludir el pago de miles de millones de euros a la Hacienda pública.

Con estas iniciativas parlamentarias contribuimos a visibilizar ante la opinión pública una realidad que ofende, sobre todo porque está siendo consentida por el Gobierno español.

No estamos ante un acuerdo parlamentario táctico para decir una cosa y hacer la contraria, o ante un acuerdo técnico sobre lo que es o no posible, se trata de un acuerdo político, de los cuatro grupos parlamentarios representados en la Asamblea Regional, por el que hemos adquirido el compromiso de tomar medidas para penalizar en todos los ámbitos de las Administraciones públicas a las corporaciones empresariales que utilicen los paraísos fiscales para evadir y eludir el pago de impuestos en España.