Estamos asistiendo en los dos últimos años a un peligroso proceso en el ámbito político que amenaza la convivencia. Se trata de actos de rebeldía hacia decisiones basadas en normas de convivencia que nos hemos adoptado en un sistema democrático. Si bien estas actitudes las iniciaron los partidos independentistas catalanes, que no aceptan ni la Constitución que se aprobó por una abrumadora mayoría de los representantes de los ciudadanos ni las sentencias que emanan de una legislación aprobada por una mayoría del Congreso, las continuaron algunos dirigentes de la izquierda radical que ponen en cuestión el acatamiento y aplicación de leyes surgidas de la soberanía nacional porque difieren de sus proyectos políticos. El último episodio lo encontramos en el grupo parlamentario socialista del Congreso, muchos de cuyos diputados se niegan a acatar la resolución acordada por el Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, de abstenerse en la segunda votación del debate de investidura de Mariano Rajoy para facilitar la gobernabilidad del país. Estos actos de rebeldía contra acuerdos y normas aprobados democráticamente sitúan a todos ellos al borde del antisistema, pero participando del sistema. Todo un ataque al marco de convivencia democrática que hemos elegido legítimamente.
