La sostenibilidad del sistema público de pensiones viene siendo un tema recurrente en estos tiempos de crisis, con la interesada contribución de toda una legión de medios de información-persuasión dispuestos a ser los voceros de la patronal. La CEOE, utilizando las cifras del INE, alerta del preocupante aumento de las personas inactivas. Unos ejemplos: si en 2002, por cada cien personas en edad de trabajar había veinticinco con más de 65 años, en 2015, la ratio se había elevado a veintiocho y en el horizonte de 2050 las personas mayores de 65 años serían 74, o lo que es lo mismo, por cada cuatro personas en edad de trabajar habrá tres fuera del mercado laboral. Cifras para sembrar la inquietud social y justificar los recortes, pero que no tienen en cuenta otros datos objetivos.
Lo primero que hay que aclarar es que el Pacto de Toledo estableció una distinción en el sistema público de pensiones español: las pensiones no contributivas serían financiadas vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que las contributivas lo harían mediante las cotizaciones sociales. Es claro colegir que, en ese caso, llegado el momento de crisis, la financiación de estas últimas se resentiría. Pese a ello, las agoreras previsiones que hablan de lo insostenible del modelo actual no tienen fundamento. Según datos de Eurostat, el gasto de pensiones en relación al PIB en España fue de un 11,4% en 2012 (en 2016, además, ese porcentaje descenderá al 10,4%), por debajo de trece países de la UE15, siendo Francia (14,9%) e Italia (16,1) los que dedican más presupuesto. Luego es falso que España gaste mucho en pensiones. Incluso a la altura de 2050, según Eurostat, el gasto del Estado español igualaría al actual de Francia (un 14%).
Otro dato. Cuando se relaciona el problema de las pensiones con la baja natalidad de este país no se tiene en cuenta que: 1. España no tiene un problema de jóvenes dispuestos a trabajar y sostener el sistema; el problema es que tienen que emigrar fuera de nuestras fronteras. 2. Según los expertos, a la altura de 2050, el baby boom de los años 70 y 80 será ya historia pasada, y se notarán los efectos de la actual transición demográfica, de baja natalidad, que está originando un descenso poblacional, que llevaría también a menos personas perceptoras de pensiones. 3. En todo caso, se obvia interesadamente que ese descenso poblacional del país y de la población activa se verá compensado con un incremento de la productividad.
No es el componente poblacional, pues, el más influyente. El mayor ataque a las pensiones han sido las políticas neoliberales impuestas por los Gobiernos del PSOE y PP, que han llevado a un deterioro enorme de las condiciones laborales, con altos niveles de paro, precariedad, bajos salarios y contratos 'basura'. A este respecto, LA OPINIÓN daba cuenta, hace unos días, de que uno de cada cuatro contratos de trabajo dura sólo siete días o menos. El problema, pues, no es el elevado número de pensionistas ni, por supuesto, la cuantía de las pensiones, de las más bajas de la UE15, sino la menor recaudación de la Seguridad Social. A este respecto, Vicenç Navarro afirmaba en un artículo reciente que si en España hubiera el mismo porcentaje de población (hombres y mujeres) que trabajan en Suecia, y con los mismos salarios y carga fiscal, no tendríamos problema alguno.
Por último, un elemento a considerar, nada desdeñable, es la injusta política redistributiva de este país. En España, las rentas del capital han alcanzado, en este momento, casi la mitad de las totales del país, con una excesiva dependencia del Estado de las rentas del trabajo. Cuando desde Bruselas se insta al Gobierno español a corregir la desviación del déficit para situarlo en el 3,1% y cuando el Gobierno se apresta, pues, a recortar el gasto en 5.500 millones de euros, hay que oír a los expertos. Héctor Illueca, doctor en Derecho, inspector de trabajo y profesor de la Universidad de Valencia, afirmó hace unos días, en charla impartida en Murcia organizada por los yayoflautas, que si las cotizaciones sociales fueran más progresivas, eliminando las subvenciones a los empresarios y el techo de cotización para las rentas salariales más altas, y se aplicara una política de persecución del fraude en los contratos a tiempo parcial, los ingresos destinados a las pensiones podrían incrementarse en unos 10.000 millones euros/año.
Las pensiones no son una limosna del Gobierno, sino un derecho constitucional consagrado en los artículos 41 y 50 de nuestra Carta Magna. Por eso, su defensa exige de todos nosotros y nosotras, actuales perceptores y futuros pensionistas, información y, sobre todo, movilización, porque hay toda una gigantesca operación orquestada para entregarlas a grupos financieros y siniestros fondos de inversión, de dudosa rentabilidad.
Hace unos días asistimos en Murcia a la primera manifestación convocada por los yayoflautas que pretendía concienciar de este hecho a la ciudadanía murciana. Que no nos engañen: las pensiones son viables.
