Tribuna Libre

Sobre las evaluaciones finales de Educación Obligatoria y Bachillerato

14.10.2016 | 04:00

Por suerte, desde 1978 España se rige por lo dispuesto en la Constitución y leyes en vigor. Vivimos en un Estado de Derecho y, es obvio, que esto nos obliga a todos a cumplir las leyes. En lo que respecta al sistema educativo, las evaluaciones de fin de etapa, tanto de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria como de segundo de Bachillerato, son un mandato de una Ley Orgánica, desarrollada por el Real Decreto de 30 de julio. La misma ley que ha hecho desaparecer las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU o Selectividad). Está claro que se trata de un marco jurídico muy concreto que las Administraciones tenemos que respetar.

Los alumnos que este curso realizarán estas pruebas, son los mismos alumnos que, junto con sus padres, han estado depositando su confianza en el sistema educativo durante toda su vida académica. No es de recibo que precisamente ahora, en uno de los momentos más importante de sus vidas, la situación de incertidumbre que en otros aspectos se vive, esté dando lugar a que, en lugar de hablar con rigor, se genere alarma social con argumentos sin fundamento.

Es preciso dejar claro que no es cierto que todavía no se sepa nada sobre estas evaluaciones, como malintencionadamente alguien se empeña en repetir. Al contrario, los alumnos no deben sentirse indefensos en su preparación de cara a estas pruebas finales, ya que, como se informó al profesorado, el pasado mes de julio se publicó el decreto que las regula, donde se establece cómo serán esas pruebas: de qué asignaturas se examinarán los alumnos, número de preguntas máximo por cada asignatura, tiempos de realización de las pruebas, características de las preguntas, etc. Así mismo, en este decreto se expresa claramente que las pruebas, tanto de cuarto de ESO como de segundo de Bachillerato, versarán sobre los mismos contenidos del currículo que se han trabajado en clase, cuya relación con las competencias y estándares de evaluación está establecida en todas las programaciones que los propios docentes han diseñado en todos los centros de la Región de Murcia.

Aunque la última concreción para esas pruebas se hará mediante una orden del ministerio durante el mes de noviembre, la comunidad educativa debe estar tranquila y transmitírselo así a los alumnos, por varias razones. En primer lugar, como he explicado anteriormente, las principales características de las pruebas ya se conocen. En segundo lugar, este curso las pruebas de Evaluación Final de ESO y Bachillerato no tendrán efectos académicos para los alumnos. En tercer lugar, en el caso de la Prueba Final de Bachillerato, en la Región de Murcia, la consejería está teniendo reuniones de trabajo con las dos Universidades públicas asentadas en nuestro territorio, con el objetivo de que los exámenes tengan un grado de dificultad idéntico a las antiguas PAU.

Es igualmente necesario aclarar que, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario, no es posible prorrogar las PAU por parte de la Comunidad autónoma, salvo que se modifique la ley. Es probable que esto sea realmente lo que más esté despertando recelos y desconfianza entre profesores y alumnos, ya que su mala interpretación está sirviendo de arma arrojadiza a los sectores que están en contra de la Lomce. Es cierto que hay Comunidades autónomas que han manifestado su deseo de que el ministerio no aplique la ley y prorrogue las PAU para este curso. Pero de ahí a que haya tomado la decisión de no acatar la ley hay una gran diferencia. La ley es de obligado cumplimiento en toda España; es decir, todas las Comunidades tenemos la obligación de hacer las pruebas fin de etapa en segundo de Bachillerato este curso. Y si en alguna Comunidad se decide prorrogar las PAU se estaría sometiendo a los alumnos a dos pruebas, puesto que la de fin de etapa puede sustituir a las PAU, pero no a la inversa.

Con independencia de lo que pensemos de las leyes y reglamentos que conforman el ordenamiento jurídico español, debemos acatarlos y cumplirlos. Podemos criticar las leyes educativas cuanto deseemos, pero no debemos, en ningún caso, sembrar desconfianza e inquietud entre nuestros alumnos.

Finalmente, como reflexión, creo que es importante que trabajemos por un Pacto por la Educación consensuado, tanto a nivel nacional como regional, para así fijar posiciones comunes en un asunto de vital importancia como es la formación de nuestros jóvenes, y aportar la mayor certidumbre posible más que crear ruido de forma artificial.

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