Nadie lo esperaba, pero ha vuelto a pasar. Aún con la incertidumbre de qué será de la Unión Europea tras el triunfo de los partidarios del Brexit, y la consecuente salida de Reino Unido de la UE (la primera de su historia), el resultado de otro referéndum vuelve a sorprender a propios y extraños: Colombia dice NO al acuerdo de paz. Esto nos abre un debate, a mi juicio, tan impopular como necesario, sobre la idoneidad de recurrir a referéndums en asuntos tan sumamente importantes como éstos, asuntos en los que los que apelan a poderosas emociones, tienen todas las de ganar contra aquellos que apelan a la razón. Como sabemos, en comunicación política no hay nada más persuasivo que la apelación a lo emocional, circunstancia que, como en este caso, se agrava al entrar en juego sentimientos como el rencor, el odio o el revanchismo contra una organización que tantísimo daño ha hecho a Colombia durante más medio siglo.

Las explicaciones del porqué son variadas. Por un lado, no sentó demasiado bien la pomposa ceremonia de firma de la paz una semana antes de preguntar a los ciudadanos. Por otro, las repetidas auto-postulaciones del presidente Santos junto con el líder de las Farc Timochenko al premio Nobel de la Paz fueron vistas como una ofensa dado el historial sangriento del líder de la guerrilla.

Las principales razones por las cuales los colombianos, por un estrecho margen, han dicho que no al acuerdo, han sido los argumentos con gran carga emocional esgrimidos por aquellos que hicieron campaña por el no. En la cabeza de esta postura se encontraba el expresidente Uribe. Consiguieron imponer su relato, en el que, aquellos que tantas víctimas se habían cobrado, que tanto dolor habían causado, aquellos que habían mantenido al país rehén durante cincuenta y dos años, no iban a pagar en absoluto por sus crímenes.

El acuerdo contemplaba un cuerpo legal especial y tribunales especiales que hubieran dado beneficios judiciales a los guerrilleros. Los que confiesen sus crímenes no hubieran ido a la cárcel, en su lugar, tendría que hacer actos de 'servicio a la comunidad'. Un castigo demasiado blando para la mayoría de colombianos.

La puerta abierta a las Farc para entrar en política tampoco ha sido fácil de digerir. Porque no solo podrían presentarse a las elecciones, sino que hubieran recibido cinco escaños en el Congreso y cinco el Senado en los comicios de 2018 y 2022, fuese cual fuese su resultado. Un premio inadmisible para los detractores del acuerdo, que acusaron a Santos de 'vender el país' a los populismos marxistas.

Por último, un tercer motivo y, seguramente, el que más indignación ha causado, ha sido el tema de las retribuciones a los integrantes de las Farc: de haber ganado el sí, pasarían a recibir, durante 24 meses, una ayuda del Estado, del 90% del salario mínimo, más una asignación única de 700 euros.

En resumen, es difícil de entender para muchos que no solo no pasen por la Justicia ordinaria, no solo se les concede beneficios electorales, sino que, además de todo eso, todos los colombianos con sus impuestos tendrían que pagar la manutención de aquellos que un día fueron sus verdugos.

Siempre he estado y estaré a favor del acuerdo de paz. Sin embargo, analizados los argumentos del 'no', me doy cuenta de que desde fuera es mucho más fácil y que, quizás, muchos de los que no nos explicamos cómo ha podido salir que no, deberíamos pensar, aunque solo fuera por un instante, si nosotros aceptaríamos un acuerdo con dichas condiciones para la banda ETA en España.

Entonces, ¿ahora qué? Una pregunta difícil de responder. Por el momento, ambas partes han manifestado su deseo de no tirar la toalla.

Sin embargo, muchos son los interrogantes que ahora surgen, como el futuro del presidente Santos, o en qué situación quedan los miembros de las Farc, interrogantes que habrá que esperar para verlos resueltos. Mientras tanto, esperemos que, sea cual sea la vía, Colombia deje atrás una etapa tan oscura de su Historia.