¿Estaremos los españoles condenados a repetir, irremediablemente, los principales errores de nuestra historia? Esa es la lamentable impresión que uno tiene al observar la evolución de los principales acontecimientos políticos de nuestro país y nuestra región. En lugar de caminar hacia la solución imaginativa y dialogada de nuestros problemas, parece que algunos dirigentes hayan apostado, insensatamente, por el enfrentamiento y la crispación progresiva. Ajenos a los aprendizajes de nuestra historia pretenden ocultar su incapacidad para resolver conflictos, con la agitación irresponsable de fantasmas ideológicos que creíamos felizmente superados.
Nadie suponía hace unos pocos años que Cataluña fuera a liderar un desafío frontal a nuestro modelo de Estado, hasta que un gobernante incapaz, e irresponsable, desbordado por sus problemas de corrupción, déficit, deuda pública y mala gestión decidió optar por una huida hacia adelante y levantar la bandera del independentismo. Y es que la tentación de acudir al atajo visceral de la ideología es muy fuerte cuando no se saben afrontar correctamente los problemas.
Nadie imaginaba en la región que la llegada de una nueva universidad iba a plantear tanta polémica mediática, académica y social como la que hemos vivido, frecuentemente, cada vez que se ha solicitado la implantación de nuevas titulaciones o la firma de nuevos conciertos. El último episodio es el protagonizado por las prácticas de los alumnos de Medicina de la UCAM. Mi punto de vista sobre la cuestión es muy distinto a los conocidos discursos sobre la supuesta radicalización ideológica, e intolerancia motivada por posibles intereses irreconciliables de cada una de las partes. ¿Estamos ante un problema que reproduce enfrentamientos históricos entre partidarios y detractores de lo público y lo privado, entre el neoconfesionalismo y el laicismo militante? Con el tiempo podría llegarse ahí, si la inconsciencia y la irresponsabilidad sustituyeran al sentido común. Personalmente, confío en que no sea así. Mi opinión es que, en estos momentos, se trata, fundamentalmente, de un problema creado por reiterados errores administrativos y políticos.
Conviene recordar que la causa principal de los conflictos que periódicamente se reproducen sobre las prácticas clínicas en la región es debida a una deficiente e improvisada planificación y programación de las enseñanzas universitarias. El artículo 4 del Real Decreto 1558/1986 de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias, establece que para la elaboración del concierto se tendrá en cuenta las necesidades asistenciales de la población «en el marco de la planificación general de la enseñanza superior».
El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios establece, así mismo, en su artículo 13 que para la supervisión y control periódico de las universidades las Administraciones exigirán la presentación anual de una memoria comprensiva de sus actividades docentes e investigadoras, realizadas «en el marco de la programación plurianual». De igual manera, nuestra Ley 3/2005 de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, en su artículo 46 establece que «la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia efectuará la programación de la oferta de plazas en las enseñanzas de las universidades públicas de su competencia y sus distintos centros () y que la oferta se comunicará al Consejo de Coordinación Universitaria para su estudio y determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas». Pues bien, la correcta ordenación y coordinación del sistema universitario de la Región de Murcia sigue siendo una asignatura pendiente, ya que la ambigua normativa actual no ha servido para que el Consejo Interuniversitario cumpla adecuadamente con una de sus más importantes funciones, como es la de determinar correctamente «los límites de acceso de los estudiantes» (art 9.3.j). Me explico. Si no se fijan con claridad los límites de plazas a las que se les pueda asegurar una docencia y unas prácticas de calidad en los centros habilitados de nuestra región es imposible poner una solución estable al problema de las prácticas clínicas. (Por cierto ¿existe algún estudio riguroso sobre la capacidad de nuestro sistema hospitalario para realizar en condiciones óptimas las prácticas de los alumnos? ¿Se ha consultado a todos los profesionales implicados antes de su realización?). Por otra parte, sin un correcto ejercicio de la supervisión y control administrativo para comprobar que se respetan los acuerdos adoptados tampoco es posible llegar a una solución duradera. Para ello, resulta imprescindible realizar una revisión y actualización de la Ley Regional de Universidades que, entre otras cuestiones, clarifique las funciones de los órganos de coordinación, establezca instrumentos operativos de planificación, seguimiento, evaluación y control, y diseñe con claridad y transparencia criterios objetivos de coordinación que eviten la arbitrariedad y discrecionalidad de la Administración en la toma de decisiones.
Con respecto al actual marco regulador de las prácticas clínicas, parece claro que establece como prioridad garantizar que los estudiantes de las universidades públicas tengan una formación de calidad en los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma a través de los programas de prácticas curriculares y extracurriculares (artículo 52. 1), pero estoy convencido que la preferencia de los alumnos de las universidades públicas en el uso de los recursos públicos es compatible con el uso complementario de los alumnos de otras universidades, siempre que se garantice que no se resiente la calidad de las funciones docentes, así como la de las asistenciales y de investigación, indisolublemente ligadas.
No tenemos datos para pensar que en estos momentos existan dificultades insalvables para llegar a acuerdos razonables, pero resulta evidente que, si no se toman medidas urgentes de planificación nadie puede garantizar que el sistema actual de prácticas sea sostenible en el futuro.
Si existe la posibilidad real de llegar a acuerdos ¿cómo interpretar los pronunciamientos y decisiones radicales de los últimos días? El rector de la Universidad de Murcia, cansado de esperar, una vez comenzado el curso y ante la indefinición de la Administración optó por agitar el frasco para acelerar una reacción y lograr, por fin, una respuesta clara. Se podrá estar de acuerdo, o no, con su estilo, pero no parece creíble que las palabras de Orihuela fueran la causa del desacuerdo final. De hecho, mientras las pronunciaba, uno de sus vicerrectores estaba negociando y aceptando una propuesta de la consejería de Sanidad, que, según el Servicio Murciano de Salud (SMS), era el último escollo para la firma del Concierto con la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
A la vista está que la consejería no ha sabido negociar bien el texto con la UCAM y que al no aceptar ésta la propuesta final, sencillamente, ha roto la baraja («se han echado al monte», me comentan desde la Administración regional). Esta universidad rechaza la última oferta del SMS, al tiempo que descalifica como interlocutor a la consejera de Sanidad. Así pues, no es tanto un conflicto ideológico irreconciliable entre universidades, como algunos se empeñan en hacernos creer, como un enfrentamiento, confiemos que breve, entre la Universidad Católica y algunos gestores de la Comunidad.
No parece existir otra solución, conociendo la historia de pasados conflictos entre las instituciones y la personalidad de sus dirigentes, que designar un nuevo interlocutor capaz de reducir la tensión y retomar el camino del diálogo para conseguir, cuanto antes, un acuerdo que permita firmar el Concierto pendiente y acabar con los enfrentamientos verbales y legales. Pero el acuerdo será necesariamente provisional. Mientras, se debería comenzar a trabajar en la redacción de un nuevo marco legal que clarifique la ambigua situación actual. Los alumnos, principales rehenes de la indefinición, e inoperancia administrativa lo merecen y la región necesita un marco estable de coordinación y convivencia entre nuestras universidades.
