Tras las elecciones municipales de 2015 se vivió en España un momento único de cambio en el que tomaron protagonismo nuevos espacios políticos y de movilización social bajo el paraguas de la izquierda transformadora. Así, por primera vez, grandes capitales como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Santiago de Compostela pasaron a ser gobernadas por candidaturas de unidad popular, iniciando un camino hacia otro tipo de política más cercana a la ciudadanía. Desgraciadamente en Murcia, por la abstención Ciudadanos, siguió gobernando el PP.
Para los Gobiernos del cambio y las formaciones como Cambiemos Murcia, con tres concejales en el Ayuntamiento, la primera lucha estaba clara: abrir las puertas y las ventanas de las instituciones. En nuestro municipio el reto era de gran envergadura tras veinte años de mayoría absoluta de la derecha. Con este panorama se hacía aún más necesario ese objetivo de hacer realidad la transparencia municipal, algo tan básico que debería estar en la raíz del sistema democrático. ¿Cómo se gestiona el dinero público? ¿Cuál es el estado de la deuda? ¿Cómo funcionan los servicios privatizados?
El siguiente paso, más difícil, fue y sigue siendo destinar esfuerzos para poner una institución como los Ayuntamientos, con unas competencias reducidas e intervenidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del ministro Montoro, al servicio de políticas que realmente cambien las condiciones de vida de la gente y creen un nuevo modelo de municipio, más social, más sostenible y más igualitario. Para esto contamos con herramientas muy potentes cuya implementación requiere de valentía. Una de ellas es la contratación pública.
Sirva este dato para hacernos una idea de su importancia: el 18% del Producto Interior Bruto de España proviene de contrataciones de la Administración pública. De ahí la necesidad primordial de que se aplique de forma responsable, atendiendo a unos criterios de baremación justos y en base a unas cláusulas sociales, que son la herramienta para favorecer en la contratación a empresas que cumplan con determinados requisitos, como el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras; el apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar; la vinculación a la economía social como generadora de riqueza no especulativa, de empleo estable y muy vinculado a lo local, y el respeto al medio ambiente.
En Murcia, por desgracia, la contratación pública está copada principalmente por holdings y grandes empresas a pesar de que la mayoría de los murcianos y las murcianas que pueden trabajar lo hacen en empresas pequeñas y vinculadas social y económicamente al territorio. Imaginemos, pues, que los más de cincuenta millones de euros que el Consistorio destina a Cespa cada año por la recogida de basuras sirvieran, además de para hacer del nuestro un municipio más limpio, para el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o la utilización de métodos más respetuosos con el medio ambiente.
El Ayuntamiento tiene la obligación de dejar de ser un gestor de precariedad como lo ha sido hasta ahora; un hecho lamentable que se demuestra fácil con ejemplos como el de la empresa Ayuda a Domicilio, cuyos trabajadores y trabajadoras sufren mes a mes retrasos en el pago de nóminas y fraccionamiento de pagos, todo ello acompañado de unas condiciones laborales precarias.
Hasta ahora el único criterio utilizado por el PP ha sido el del precio, obviando cuestiones trascendentales como la calidad de servicio o las condiciones del empleo. Solo hacía falta cumplir formalmente con la ley y ser el más barato, lo que ha supuesto en repetidas ocasiones que las grandes empresas entraran en una espiral alocada de bajada de precios para ganar el concurso, sin más razón que la rentabilidad económica. Sin embargo, ahora, empezando por nuestros Ayuntamientos, por la administración más cercana, tenemos la oportunidad histórica de darle la vuelta a esta tendencia y, por fin, poner las instituciones al servicio de la gente.
