La pasada semana, los tres partidos de la oposición parlamentaria, después de meses de negociación y encuentros con trabajadores y productoras llegamos a un acuerdo para la reforma del modelo de gestión de la televisión pública regional, un acuerdo que se plasmó en el registro de la proposición de ley necesaria para llevarlo a cabo. No obstante, a los pocos minutos de realizar ese registro, Ciudadanos se descolgó de ese acuerdo trabajado durante meses, probablemente por indicaciones de su dirección nacional, pues no tiene otra explicación.

Es en ese momento (cuando Ciudadanos se descuelga) cuando un alto directivo de la empresa Secuoya en la Región de Murcia (repito, alto directivo) se dirige a mí vía whatsapp y me dice «Menuda columpiada. Un abrazo, hombre». Le respondí con un refrán andaluz sobre galgos y mastines. A partir de ahí obvio la conversación, repleta de odio e inquina personal hacia mí por haber planteado esta propuesta de modificación de la ley. Estoy convencido de que en ese momento ni siquiera se había leído la modificación presentada y eso me hace disculparle esa aversión manifestada hacia mi persona e intentar explicarle, en este artículo, lo que dice esa modificación y por qué lo dice.

La Ley de creación de la empresa pública regional de Radiotelevisión para la Región de Murcia del año 2004 se modificó en 2012, poniendo en marcha el cambio de modelo de gestión de la televisión pública regional, implementando un modelo de gestión indirecta del servicio público, modelo que, a la luz de todos los indicadores (no hace falta ser experto en nada, basta ver la tele), no ha dado como resultado una televisión pública independiente, plural y de calidad, ni ha servido para dinamizar y promover el sector audiovisual regional; más bien al contrario, ha llevado a la precarización del sector en general, y muy en particular de las condiciones laborales de sus trabajadores.

La propuesta de modificación pretende realizar una modificación del modelo de gestión indirecta desarrollado hasta la fecha, planteando nuevas estrategias de desarrollo más rigurosas, eficientes e innovadoras para el ente público. Dichas estrategias tendrán como prioridad garantizar la correcta prestación del servicio público, mediante la creación (o recuperación, según el caso) de instrumentos de participación social y democratización, al tiempo que establece un modelo de gestión directa del servicio audiovisual televisivo que promueva y dinamice el sector productivo del audiovisual en la Región de Murcia, incorporando incluso los contenidos digitales online no previstos en la norma hasta ahora.

Como primera modificación, la tele pasa a ser gestionada directamente por el ente público RTRM, junto a la radio y los contenidos online. ¿En qué condiciones? Pues no podrá externalizarse la producción y edición de los servicios informativos (aunque sí los ENG), aunque transitoriamente, durante un plazo máximo de dos años, se podrán externalizar estos servicios, siempre con la figura de un editor delegado de RTRM. (Es decir, en lugar de que los informativos sean editados por la empresa actual, lo serán por profesionales del ente RTRM; pero el resto del funcionamiento será exactamente igual, con contrataciones externas de los ENG). En cuanto a los programas audiovisuales serán cedidos a terceros en su totalidad, mediante concurrencia competitiva, contratación pública y libre competencia con atención especial a la promoción y la dinamización de la industria audiovisual de la Región de Murcia. Tal cual está realizando en parte en estos momentos la empresa gestora, pero de manera objetiva, transparente y mediante concurrencia entre las productoras del audiovisual murciano, sin favorecer a nadie y con criterios objetivos.

En segundo lugar, se introduce la existencia de un Consejo de Informativos con el objetivo de velar por la independencia de los profesionales de la información y promover la independencia editorial del ente RTRM. Este Consejo estará formado por cinco profesionales del ente público elegidos mediante sufragio de todos los trabajadores. Totalmente separado de ninguna decisión política ni empresarial.

En tercer lugar, se introduce la existencia de un Consejo Asesor (sin percibir ninguna remuneración) como órgano de participación social en el ente. Formado por miembros de la Federación de Municipios, del Consejo Escolar, del Interuniversitario, de organizaciones de personas con discapacidad, del Consejo de la Transparencia, del Consejo Asesor de Medio Ambiente, del Consejo de la Juventud, de organizaciones culturales€ Darle participación a la sociedad en el asesoramiento a los medios públicos de comunicación para ir más allá en la consecución de unos medios públicos enfocados a una visión integral de la sociedad y, al mismo tiempo, velar para que el derecho de acceso de todos los colectivos sea una realidad.

Durante los últimos días, hemos asistido a una retahíla de amenazas («La televisión costará cincuenta millones»), de mentiras («Quieren colocar a los suyos») y a una sorprendente actividad de los responsables políticos de la tele actual, con múltiples llamadas, reuniones imprevistas y presiones inimaginables para poner en contra de esta modificación a cuanta más gente mejor. Eso significa algo, esta modificación está tocando ese resorte de poder que el Partido Popular se niega a abandonar: ser el dueño y señor de la información realizada a través de la tele pública.

El modelo de gestión directa de la televisión pública, con esta reforma, tendrá asignado el mismo presupuesto que en la actualidad mantiene la concesionaria de la gestión indirecta (10.800.000 euros, y no nueve como quieren hacernos creer), dado que el mecanismo de funcionamiento será similar, aunque produciéndose los siguientes ahorros de costes, que se reinvertirán en reconocimiento digno de salarios de los trabajadores y de las productoras prestadoras de los servicios externalizados: por reducción de personal directivo, 300.000 €; por eliminación de beneficios empresariales gestión indirecta: 800.000 €; reinversión de parte del IVA, 900.000 €. En total dos millones de euros reinvertidos en dignidad profesional de todos los trabajadores del sector.

Una de las dudas que han surgido también es qué pasará con los trabajadores y trabajadoras de la actual empresa gestora. No está contemplado en la modificación de ley presentada, pero desde esta tribuna lanzo el compromiso de llegar hasta donde se pueda legalmente para que la mayor parte de todos esos profesionales no directivos, que en la actualidad tienen esos salarios precarios y esas condiciones impuestas, puedan subrogarse a la empresa pública RTRM. Me comprometo a ello en el período de enmiendas.

¿Quién puede decir NO a una mayor pluralidad e independencia de los medios públicos de comunicación en la Región de Murcia? ¿Quién puede decir NO a la existencia de un Consejo de Informativos que vele por la independencia del trabajo de los profesionales de los medios públicos de comunicación?¿Quién puede decir NO a la existencia de un Consejo Asesor que sea el vínculo de participación social en los medios públicos de comunicación y vele por el derecho de acceso?¿Quién puede decir NO a una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la televisión y del sector audiovisual regional?

Dignidad, independencia y pluralidad. Ése es el objetivo de la reforma. Quien busque inquina personal en esto va por el camino equivocado.