Bases para un pacto nacional del agua

04.09.2016 | 04:00
Javier Pérez Pérez

Dentro de las ciento cincuenta medidas pactadas por Ciudadanos y el Partido Popular para la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, figura la de abordar un Pacto Nacional del Agua, estando contenida como propuesta número 28 dentro del apartado primero del pacto ('Crecimiento económico, competitividad y empleo'). Evidentemente no es casualidad tal ubicación a la vista de lo señalado en el apartado primero del artículo 130 de nuestra Constitución: «Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura? a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles».

Sentado lo anterior y ante la situación por la que atraviesan nuestros regantes, no podemos permanecer en situación de quietud contemplativa ante la formulación de un enunciado que podría terminar como el tristemente famoso mantra del 'agua para todos', que sólo ha servido para decorar alguna que otra fachada de edificios públicos para ofensa de la dignidad de los murcianos. Y no está precisamente el horno para bollos.

Veamos: si queremos llegar a un pacto de ese tipo, su consecución pasa primeramente y de forma necesaria por la revisión del vigente Plan Hidrológico Nacional, el cual nunca debió considerarse legalmente como un todo conformado por los diversos planes hidrológicos de cuenca, cuyos encajes en aquél no tiene nada que envidiar a intentar ensamblar las caras del cubo de Rubik.

En segundo lugar y aunque esto no 'suene' aparentemente bien, hay que olvidarse en la nueva planificación hidrológica de aplicar el típico esquema «cuencas excedentarias/deficitarias» porque acaba generando tensiones innecesarias entre territorios. Las cuencas hidrográficas sólo son lo que sus propios nombres indican y añadirles tales calificativos responde a la cantidad e intensidad de los diferentes usos y aprovechamientos a los que están sometidas. Por lo tanto, a la hora de abordar la planificación hidrológica, hay que partir de un esquema flexible (ya sé que el calificativo quizá no sea muy académico) de interconexión de cuencas, superador del binomio forzoso cuenca cedente-cuenca receptora, siempre sometido a reglas o normas de explotación de aplicación rígida y automática. Para muestra, el Memorandum del Trasvase Tajo-Segura. Y mientras, todavía se encuentra pendiente el total desarrollo reglamentario de los Centros de Intercambio de Caudales previstos en la vigente legislación de aguas, así como la puesta en marcha de pequeñas infraestructuras de interconexión de cuencas que aliviarían la situación actual.

Prosigamos. Partiendo de la base de que la agricultura de regadío supone un 77% del total de los usos consuntivos del agua en nuestro país, es claro que lo que hay que abordar primeramente es la actualización del Plan Nacional de Regadíos, cuya necesidad de urgente revisión es contemplada en la Memoria del vigente Plan Hidrológico del Segura (pag. 580) así como puesta igualmente de manifiesto por la ministra García Tejerina cuando todavía no había accedido al cargo. Decía la por entonces secretaria general de Agricultura que «el nuevo Plan Nacional de Regadíos estará perfectamente coordinado con los Planes Hidrológicos de cuenca, será clave para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional y estará perfectamente inserto en el nuevo Plan Marco (Horizonte 2.020) de la Unión Europea para la aplicación de la PAC». En esas estamos?

Circunscribiéndome ya a nuestra Región, tendremos que empezar a aceptar en la implementación de ese futuro Pacto que prácticamente hemos alcanzado el umbral de plenitud en la utilización de nuestros recursos hídricos, incluyendo ya la incorporación de otros que hasta hace poco tiempo no eran convencionales, como los procedentes de la desalación, aunque deberán estar disponible a un precio razonable para lo que será necesaria la modificación del actual régimen económico-financiero previsto en la Ley de Aguas.

Finalmente, nuestra agricultura deberá ir pensando en lo que ha descrito la Fundación de Estudios Rurales como el traspaso de la frontera de la fase de la modernización de los sistemas de riego (de eso aquí ya lo sabemos todo) hacia una nueva fase de modernización de las explotaciones agrarias, donde el consumo energético que requiere el regadío tiene cada vez una mayor importancia. Así, se calcula que en Murcia y Almería se consumen 3.276 Kw/hora por cada hectárea, cuando en el Plan Nacional de Regadíos (Horizonte 2.008) la media en España era de 1.173 Kw/hora/ha. De ahí que la citada Fundación señale que en la actualidad se utiliza un 23% menos de agua que hace un par de décadas aunque, a cambio, se necesite un 69% más de energía, dejando al margen el progresivo aumento de las tarifas eléctricas producido en los últimos años. Ya no se tratará de una simple disponibilidad del recurso, sino de su optimización en su consumo. El asunto da para mucho? Otro día más.

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