No serán pocos los lectores que hayan oído aunque sea de referencia el nombre de Puerto Mayor. Y es así, porque desde 1975, más concretamente desde el 17 de Junio, el Consejo de Ministros franquista presidido por Arias Navarro autorizó a la empresa de la que toma nombre el proyecto la construcción de un puerto deportivo de invernada, con otorgamiento de determinados terrenos ganados al mar en La Manga del Mar Menor, término municipal de San Javier. Es decir, a la fecha de este artículo han transcurrido exactamente 41 años, 2 meses y 11 días sin que este ´proyecto´ haya dado pasos hacia algún lugar razonable. Tanto tiempo ha pasado, que este asunto ha superado la dictadura, ha visto cómo se aprobaba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ha visto la alternancia democrática e incluso la pérdida de la mayoría absoluta por parte del partido ganador de las elecciones regionales por primera vez en nuestra historia. Increíble, pero cierto.

Pero claro, si bien el repaso de la historia de este affaire nos informa de lo intrincado técnicamente del mismo, no lo es menos afirmar que desde el 21 de Mayo de 2010, fecha de la última sentencia dictada por el TSJ de Murcia, lo que concurre aquí no es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad política y de cumplimiento de la legalidad que representa este pronunciamiento judicial para el Gobierno de la Región de Murcia, un gobierno, que con el signo del Partido Popular desde 1995 ha mostrado la peor cara de la desidia en cuanto se trata de proteger los intereses generales de la ciudadanía plasmados en la necesaria y constitucional protección del medioambiente, inclinando la balanza de forma reincidente en la protección de lo individual. La Zerrichera, Novo Carthago, Puerto Mayor, por poner algunos ejemplos, son la etiquetas de la vergüenza de unos gestores que ante la duda han amparado hasta la más grosera ilegalidad en beneficio de unos pocos especuladores, agitando el espantajo de un falsario desarrollo económico que solo ha generado desigualdad y ha puesto negro sobre blanco la ausencia de un modelo económico sostenible para la Región de Murcia. Es esta, la de poner fin a la historia de Puerto Mayor, una reivindicación reiterada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional que con gran esfuerzo encabezó mi querida compañera Teresa Rosique junto con la incansable acción de ANSE en la Región, una situación de hecho, que volviendo a la sentencia del TSJ de 2010, se encuentra en las manos del Gobierno Regional desde aquel momento. Desde entonces, la desidia cómplice de presidentes y consejeros del ramo del Partido Popular es la constante, y por desgracia así seguimos.

Pero está comprobado que, en materia de protección del medio ambiente, el PP sólo sale de la desidia cuando responde al miedo o a la vergüenza pública. Al miedo, por las consecuencias de los procedimientos penales en los que están inmersos algunos de los principales protagonistas de estos escándalos especulativos, o a la vergüenza pública que a través de los medios de comunicación les provoca el que se conozca por la generalidad de la ciudadanía situaciones tan graves como la de Puerto Mayor o la situación de nuestro querido Mar Menor, después de 20 años de abandono consciente, y que «ya han resuelto» con una consulta trampa/cortina de humo que sirva como excusa para ver si es posible intentar forzar de nuevo la legalidad con alguno de los proyectos propuestos, en los que hasta la Universidad de Murcia ha censurado con un informe expreso, en concreto sobre la pasarela peatonal en el arco norte de La Manga sus negativas repercusiones medioambientales. Simplemente, son incorregibles.

En el caso que nos ocupa, esa vergüenza pública se revivió cuando el pasado mes de febrero en la Asamblea Regional se aprobó a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que se declarara la caducidad de la concesión de Puerto Mayor y se restaurara la zona medioambientalmente con el apoyo de los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos, y con el voto en contra del Grupo Popular. Finalmente, el presidente Pedro Antonio, como así gustan los acólitos en llamarle, no sé si con alguna reminiscencia de la Roma Imperial, nos sorprendió con la ´espontánea´ noticia de un «carpetazo a Puertomayor». Sinceramente, nos alegramos de leer aquello. Parecía que las cosas después de 41 años podrían llegar al sentido común y se cumplía con el mandato parlamentario, pero mucho nos tememos que no era así. El carpetazo ha resultado ser una nueva carpeta dentro del expediente, un nuevo capítulo de la reincidente posición del PP con los intereses individuales predominantes buscando adaptar el viejo proyecto a un «nuevo proyecto de Puerto Mayor» que dada la precaria situación del Mar Menor y la necesidad de recuperar esta zona como espacio de futuro para la ciudadanía, como propone ANSE, no parece en absoluto conveniente. Ni las sentencias ni las leyes, ni el parlamento les son suficientes para rectificar. Nada parece haber cambiado, distintos presidentes y ´nuevas generaciones´ con las mismas formas de entender la política, la misma desidia, los mismos problemas no resueltos desde hace 20 años que se analizan con el mismo erróneo prisma, esto es, resolver los problemas de la Región protegiendo intereses individuales en detrimento de los generales. A pesar de ello, aviso a navegantes, seguiremos estando al frente de esta forma de hacer las cosas le pese a quien le pese y con todas las capacidades que nos confiere el parlamento regional y el estado de derecho.