a transparencia en la gestión pública viene siendo un clamor de los ciudadanos en estos tiempos en los que estamos saliendo de la crisis económica más importante que hemos atravesado en los últimos decenios. Las penurias que han tenido que soportarse por las fuertes caídas de los ingresos y por los casos de corrupción han provocado un estado de desconfianza hacia la gestión pública que obliga a hacer una profunda reflexión sobre el comportamiento de los políticos. Y cuando parecía que las administraciones empezaban a tomarse en serio una mayor ortodoxia en la gestión de las finanzas, también por las presiones y amenazas del ministerio de Hacienda, conocemos que hay hasta 13 ayuntamientos de la Región que siguen teniendo agujeros en sus cuentas; es decir, deudas con proveedores que no están incluidas en los presupuestos. Si bien es verdad que durante este año la cuantía y el número de corporaciones ha descendido, aún son cinco millones de euros los que escapan a los balances de las cuentas públicas. Es más, hay ayuntamientos que desde diciembre de 2015 hasta finales de marzo de este año han incrementado el volumen de deuda en la oscuridad. Se trata de Bullas, cuyas obligaciones de pago sin presupuestar se han incrementado en tres meses en casi 400.000 euros; o Yecla, que los ha aumentado en 432.000 euros; además de Fortuna, con una deuda sumergida que ha crecido en 208.000 euros. Por el contrario, el ayuntamiento de Lorquí ha saldado sus facturas en los cajones, que ascendían tres meses antes a 470.000 euros.
Es cierto que la financiación local sigue siendo una asignatura pendiente de resolver y que los excesos del 'boom' urbanístico durante los primeros años de este siglo y su posterior hundimiento están siendo una losa para muchas corporaciones locales. Los convenios urbanísticos fallidos, en algunos casos teñidos de corrupción, proporcionaron en un principio unos ingresos adicionales que luego han tenido que devolver y que son parte del lastre que arrastran muchos ayuntamientos. Pero una cosa son las deudas que se contraen por servicios que se prestan y otra que se escondan para que no figuren en las cifras oficiales. Porque lo que provocan son sospechas de favoritismo y desconfianza hacia la solvencia económica de los ayuntamientos. Esta situación, al margen de la negativa imagen que genera, es una mala carta de presentación a la hora de pedir un crédito a una entidad bancaria para emprender un proyecto o para que los proveedores quieran trabajar con esas corporaciones municipales.
Pero no son solo las finanzas públicas de muchos ayuntamientos las únicas que permanecen sumergidas, por esa costumbre tan nuestra de ocultar la actividad económica que ejercemos, porque la consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ha descubierto durante las inspecciones realizadas en los primeros seis meses de este año que 123 empresas alquilan 1.800 apartamentos turísticos irregulares en la costa. La nueva normativa aprobada por la Comunidad obliga a aquellas empresas o particulares que alquilen este tipo de alojamientos a que sean declarados como tales y que se atengan a unos requisitos determinados. Esta era una de las exigencias de las empresas turísticas que tienen que cumplir una legislación muy estricta, puesto que este tipo de instalaciones extrahoteleras le hacen una competencia desleal al escapar a todo tipo de controles. Esta campaña de inspecciones, que ha incluido visitas a 60 empresas, ha dado ya como resultado las primeras sanciones que se imponen y la mitad de ellas ya se han dado de alta en la clasificación de Turismo.
¿Por qué es tan importante que se incluyan estos apartamentos en el registro oficial? Los alojamientos turísticos deben mantener unos parámetros mínimos que aseguren un servicio de calidad a los clientes y es la administración la que tiene la obligación de supervisar y de asegurar que se cumplan. Además, la Región necesita mejorar la calidad de sus establecimientos para atraer a turistas que luego van a contribuir al desarrollo económico de la zona y a la creación de puestos de trabajo. A todos nos interesa que ese grado de satisfacción sea alto para fidelizarlos. Por delante tenemos numerosos retos, entre ellos la repercusión que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea en la llegada de turistas británicos a la Región.
Los estragos de la sequía
Si bien la economía sumergida es uno de los problemas seculares de esta Región, no lo es menos la sequía. Las escasas precipitaciones que se están registrando los últimos meses, hasta la mitad de lo normal, están causando ya estragos en la Región. Los cultivos de secano como la almendra y la aceituna se están viendo afectados y la cosecha se reducirá de forma considerable, de acuerdo con los balances que están realizando las organizaciones agrarias. Pero el mayor problema estriba en los árboles, muchos de los cuales ya se están secando y se teme cuantiosas pérdidas, porque son años los que tardan en producir si se vuelven a plantar. Además, Asaja ha advertido de que la falta de agua está contribuyendo a que uno de cada cinco agricultores abandone el campo y no hay un relevo generacional suficiente para incorporar a nuevos efectivos a la actividad.
