Tribuna libre

La familia, en el centro de las decisiones políticas

31.07.2016 | 04:00

Es importante reflexionar sobre cuáles deberían ser las prioridades del nuevo Gobierno con respecto a la familia y, sin duda, éste debe identificar claramente cuáles son las necesidades de las familias y primar su cobertura, teniendo en cuenta el equilibrio y estabilidad presupuestaria. Esto le obliga a llevar a cabo una Política de Familia cuyo objetivo prioritario debería ser ayudarlas, de manera subsidiaria, al desempeño de sus funciones. Acción Familiar destaca tres que resultan insustituibles: reproducción humana y enlace de generaciones; cuidado y atención de sus miembros, especialmente de los más débiles –niños, ancianos y personas discapacitadas–; y educación integral.

Es complejo enumerar las medidas a poner en marcha, sin evaluar previamente los resultados de las ya existentes, así como analizar las causas que están detrás de los comportamientos de las familias. AFA considera esencial ir al fondo del problema, para que las acciones no se limiten a «poner parches» sobre las consecuencias que se derivan de dichos comportamientos, causantes de una realidad insostenible: que los más jóvenes no tengan hijos o sólo tengan uno; que los padres y madres no puedan dar a sus hijos ni los recursos materiales ni la educación que necesitan porque su trabajo se lo impide. Mientras, la sociedad sólo se preocupa de que los niños sean necesarios porque el actual sistema de pensiones no es sostenible. Una sociedad cohesionada, humana y justa precisa crecimiento económico sostenido lo que exige ´inversión´ en capital humano, y no puede hacerse sin contar con la familia.

Acción Familiar destaca tres áreas de actuación que el nuevo Gobierno debería priorizar:

Eliminación de obstáculos para que los más jóvenes puedan tener el número de hijos que deseen, lo que exige un mayor reconocimiento social y económico del valor de la maternidad y la paternidad. No se trata de tener ´cotizantes´, sino hijos, que tienen mucho más valor. Nadie los tendrá por miedo al problema demográfico, o por mantener el actual modelo de pensiones. Sí lo harían si tuvieran una perspectiva de futuro estable, no sólo a nivel económico, sino también de pareja y matrimonio; sí los tendrían si pudieran emanciparse más jóvenes, y disponer de una vivienda digna y asequible, así como de un trabajo en el que la maternidad no fuera un elemento de discriminación evitando la doble desigualdad por ser mujer y madre.

Creación de empleo y mejora del mercado de trabajo, en especial para los más jóvenes y los que tienen responsabilidades familiares. Muchas parejas desean tener hijos, pero la carencia de empleo o los horarios de trabajo, entre otras razones, lo impiden o dificultan. Si se facilita la búsqueda de empleo a personas con hijos a cargo, y/o dependientes, se evitaría una pobreza en cadena que afecta a los más débiles y de la que difícilmente podrán salir solos. Si la familia está obligada al cuidado de los más pequeños y no puede hacerlo por falta de recursos habrá que ayudarla a disponer de ellos, y es evidente que la creación de empleo es la ´política social´ más eficiente, aunque no la única. También son necesarias actuaciones que faciliten la conciliación familiar y laboral mediante un equilibrio entre horarios y calendario laboral y escolar y mayor racionalización del uso del tiempo, posibilitando a los padres y madres pasar más tiempo en familia. En definitiva los jóvenes y quienes tienen responsabilidades familiares, deben ser un colectivo prioritario tanto en las políticas activas como pasivas del mercado de trabajo, con el objetivo de lograr su plena incorporación al mismo.

La familia es la primera transmisora de valores personales y sociales: esfuerzo, responsabilidad, y respeto a las diferencias. La verdadera educación exige una formación no sólo intelectual sino integral. Hay que facilitar el papel activo de los padres desde el primer momento de vida, proporcionándoles medios que les permitan elegir libremente la educación que desean para sus hijos. Los resultados académicos no dependen sólo de la legislación educativa sino también del apoyo familiar que reciban.

Para alcanzar estos objetivos no es necesario reclamar de manera inmediata un aumento del gasto hasta alcanzar la media de la UE, sino situar a la familia en el centro de todas las decisiones públicas.

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