TRIBUNA POLÍTICA

Si algunos supieran...

Según marca la ley, el presupuesto debe aprobarse primero en Consejo de Ministros y presentarse al Congreso antes del día 30 de septiembre.

24.07.2016 | 04:00

El pasado martes, 19 de julio, cinco diputados y cuatro senadores murcianos tomamos posesión de nuestro cargo en Congreso y Senado respectivamente con la vista puesta en la segunda quincena del mes de agosto, fecha prevista por nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, para aprobar en ambas Cámaras el techo de gasto del año 2017, paso previo e indispensable para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de ese año.

Según marca la ley, el presupuesto debe aprobarse primero en Consejo de Ministros y presentarse al Congreso antes del día 30 de septiembre. Una vez allí comienza la tramitación parlamentaria: comparecencias, debates de totalidad, enmiendas parciales y aprobación definitiva. Sólo cuando las cuentas reciben el visto bueno del Congreso se envían al Senado donde se repite el proceso de comparecencias, debate de los vetos a la totalidad y negociación de enmiendas, hasta que se aprueba la norma, que debe ratificarse posteriormente en el Congreso (paso que suele producirse bien entrado el mes de diciembre) que es cuando los presupuestos reciben el visto bueno del Parlamento y quedan listos para entrar en vigor el uno de enero del año siguiente.

Hay quienes opinan que esta podría ser una excusa más de presión al resto de grupos parlamentarios para facilitar la investidura la primera semana de agosto del legítimo ganador de las pasadas elecciones, Mariano Rajoy, curiosamente los mismos que siguen instalados en el ´no´ y embarcados en favorecer un Frente Popular. Este juego político puede ser legal y hasta legítimo, pero además de no atender al sentir mayoritario de la sociedad española, algo que para la inmensa mayoría de los españoles es profundamente antidemocrático, inevitablemente retrasaría y pondría en peligro el proceso de recuperación económica del país ante la imposibilidad de aprobar en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Mi responsabilidad me obliga a no confundir al lector porque habrá quienes recuerden que allá por el 2011 el anterior Ejecutivo socialista dejó el Gobierno de España con los deberes sin hacer. Este hecho obligó al siguiente inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, a tramitar en un solo año, 2012, dos presupuestos generales del Estado, los correspondientes a 2012 y 2013. Luego la posibilidad de prorrogar los actuales presupuestos, como ocurriese en 2011, existe, pero después del esfuerzo hecho entre todos para remontar el peor escenario de crisis económica que ha vivido España y la sociedad española en su historia reciente, un ´no´ a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España pondría en grave riesgo nuestra credibilidad ante nuestros socios europeos y nuestra recuperación como país.

Porque cuando te importa tu país y te interesas en conocer la importancia y la necesidad de disponer en tiempo y forma de unas cuentas que cumplan nuestros compromisos europeos reconduciéndose nuestro déficit lo más cerca posible del nivel acordado con Bruselas para el año que viene, el 2,5% del PIB; que disipen las dudas sobre importantes decisiones de inversión de agentes económicos internacionales, y que den estabilidad y seguridad a las Comunidades autónomas y a los Ayuntamientos para hacer su previsión de ingresos y elaborar sus propios presupuestos, la excusa y el personalísimo de unos pocos por trilear otra vez el resultado electoral, se convierte en la urgencia del resto por seguir acometiendo las reformas que España necesita para terminar de salir del pozo en el que algunos de los primeros nos metieron.
Y yo me pregunto: si el resto de diputados y senadores murcianos supieran cuánto nos jugamos como país y el poco tiempo que tenemos para ello, ¿cambiarían el sentido de su voto el próximo 5 de agosto?

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