En el planeta fútbol el fango llega hasta las rodillas. Papis que se embolsan millones del traspaso de sus hijos, clubs que defienden con hashtags el fraude fiscal de sus estrellas, etc. Así, la denuncia de la Comisión Europea contra siete clubs españoles por recibir «ayudas públicas ilegales» debe ser una buena noticia; aunque antes de celebrarlo merece la pena hacer un repaso sobre a qué se refiere exactamente Bruselas.
Se reclama al Real Madrid 18 kilos por la cesión de terrenos hecha en su día por el Ayuntamiento de la capital, mientras que Valencia, Hércules y Elche deberán reintegrar unos 30 millones por avales del Instituto Valenciano de Finanzas. Hasta aquí todo correcto. El problema llega con la segunda parte: la CE condena a Madrid, Barça, Athletic y Osasuna a pagar cinco millones cada uno por disfrutar de un régimen fiscal favorable.
Para entenderlo hay que retrotraerse a la Ley 10/1990 del Deporte, que premió la gestión económica de éstos permitiéndoles mantener su estatus de club deportivo frente a las SAD, lo que evidentemente implicaba un gravamen fiscal diferente, por el cual ahora se les acusa; o, lo que es lo mismo, por cumplir con la ley. Sin que sirva de precedente, igual esta vez, hecha la ley, no existe la trampa. O no ahí.
