El Mar Menor es una joya de la naturaleza, un espacio emblemático y único en Europa que tenemos el privilegio de albergar en la Región de Murcia. El compromiso del Partido Popular con la protección de la laguna de agua salada más importante del continente es firme, como acreditan unas medidas y actuaciones ya en ejecución que, por cierto, se alejan muy mucho de ciertas moratorias que, como la promovida por el PSOE, han tratado de imponerse unilateralmente, están cargadas de inseguridad jurídica y cuyo único objetivo es la preservación, no del Mar Menor, sino de determinados intereses políticos.
Bien al contrario: como es 'marca de la casa' del Ejecutivo regional de Pedro Antonio Sánchez, la elaboración del Plan de Gestión Integral del Mar Menor ha contado con un alto grado de participación, ya que han sido analizadas e incorporadas al texto las propuestas y alegaciones de expertos, entidades de la sociedad civil y los Ayuntamientos concernidos; un Plan que ahora vuelve a salir a información pública, lo que incide en su carácter participativo. Así se defiende y protege la laguna: con rigor y sentido común, respetando la legalidad y las competencias municipales y, por supuesto, contando con las aportaciones de los profesionales.
Se trata de un Plan de Gestión que protege de forma coherente espacios situados en siete municipios „Cartagena, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Mazarrón y Águilas„ sobre una superficie de 31.123 hectáreas incluidas en la Red Natura 2000, con un presupuesto de casi catorce millones de euros para los próximos seis años.
El texto no solo tiene en cuenta los valores naturales de un entorno tan singular, sino también las numerosas actividades económicas que le afectan: agricultura, pesca, navegación, desarrollo urbano, etc. Así por ejemplo, establece que las ampliaciones de las instalaciones portuarias deberán ser sometidas antes a evaluación de repercusiones para garantizar la conservación de los hábitats y las especies. Además, prohíbe la construcción de playas artificiales y transmite a los ayuntamientos ribereños unos criterios estrictos para reducir los dragados al mínimo.
Otras medidas que plantea el Plan son el fomento de la navegación a vela y la imposibilidad de poner en marcha nuevas explotaciones mineras, así como de abrir nuevas carreteras o ampliar las ya existentes.
Asimismo, la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, como es sabido, ha puesto estos días sobre la mesa diversos proyectos concretos: el proyecot de bioelectrogénesis, los humedales artificiales o filtros verdes que limpien de nitratos el agua que se vierte al Mar Menor; los salmueroductos, petición que, en su reunión con el presidente Pedro Antonio Sánchez, han trasladado los mismos agricultores y regantes con el fin de que los vertidos de salmuera sean tratados en la desaladora de San Pedro del Pinatar.
Pero lo más importante es que se ha logrado que hoy los vertidos al Mar Menor sean cero. La Confederación Hidrográfica del Segura ha comenzado a taponar los canales de drenaje y los agricultores han dejado de utilizar los pozos para regar, aunque con la seguridad de que como contrapartida van a recibir más recursos, procedentes del Trasvase y otras fuentes: de hecho, gracias a un acuerdo que se está gestando entre la comunidad de regantes del Campo de Cartagena y la desaladora de Escombreras, los agricultores dispondrán de ocho hectómetros cúbicos de agua de la planta; un agua que adelantaría la propia Confederación Hidrográfica del Segura, CHS.
Y es que, para el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, la actividad agraria del campo de Cartagena, generadora de riqueza y prosperidad, es plenamente compatible con la protección del Mar Menor, que ha de seguir siendo distintivo de un turismo de calidad, respetuoso con el medio ambiente y, por todo ello, impulsor del crecimiento económico y la creación de empleo en nuestra Región. En pos de ese objetivo común, y como es también divisa del Gobierno regional, trabajamos codo con codo y codecidimos con agricultores, regantes y todos los sectores y agentes sociales implicados en la preservación de la laguna.
