La Feliz Gobernación

Ramón Luis, sé fuerte

"Valcárcel ha desarrollado todo un rosario de actuaciones a la desesperada, sin espacio para el disimulo, con el fin de zafarse de las implicaciones de intentar promover una urbanización planeada por amigos"

20.06.2016 | 14:08

En la pantalla iluminada del móvil se leen tres letras mayúsculas: RLV. Conecto la llamada, y al instante se derrama sobre mí una bronca como no conocieron los siglos. El expresidente brama, a voz en grito, en un tono insólito en él en lo que a mí respecta, aunque alguna vez ya percibí asomos y otras fui testigo involuntario de arrebatos similares con otras personas, también vía telefónica. No doy crédito a lo que escucho, sobre todo por los modos y las maneras.

Está fuera de sí. «Ya empezaste con aquello de Domingo Valera, y ahora acabas con esto». «No te has leído el auto». «Si te hubieras leído el auto, verías que no se refiere a mí, sino a otros... o a otras». «O rectificas mañana o te llevo a los juzgados». Son algunas de las frases que recuerdo entre lindezas menos reproducibles. Intento mantener el diálogo „qué diálogo; es su monólogo„, en previsión de que, en efecto, no haya leído con la debida atención el primer auto el juez Abadía sobre el caso Novo Carthago.

Estoy en casa y no lo tengo a mano. Mi lectura de él está en el periódico de esa mañana: «El juez señala a Valcárcel como el Señor X del caso», había titulado mi artículo. Algunos colaboradores de Valcárcel me advirtieron tiempo atrás de que el recitado de sus broncas telefónicas siempre lo hacía en presencia de testigos, para demostrar su dominio ante terceros, y mientras escucho su desaforada imitación de negrero me pregunto quién podría estar a su lado.

Lo que tengo muy claro es que debo contenerme. A otro, lo habría mandado a freír monas, por decirlo así, pero se trataba del expresidente de la Comunidad, y mis impulsos personales en estos casos están condicionados por el respeto a mi oficio. Poco importa que quien, como él, representa a instituciones públicas y cobra de nuestros impuestos se salte las normas de cortesía y recurra incluso a la amenaza. Alguien tiene que mantener la calma.

Acudo a la Redacción y releo con todo detalle y precisión el auto, y al hacerlo veo con más claridad que el Señor X, aunque innominado, es Valcárcel para el instructor, y que con su llamada, ha pretendido que derive esa interpretación hacia Pilar Barreiro, que sí aparece mencionada, lo que resulta expresivo de su solidaridad con el propio staff.

Hay que recordar en ese contexto que el abogado de la entonces alcaldesa de Cartagena había lanzado las sospechas hacia la Comunidad, lo que provocó un rifirrafe personal entre un familiar directo de Valcárcel que abordó de malas maneras a Barreiro, incidente del que sólo existe información off the record.

Por supuesto, no rectifico mi valoración sino que me ratifico en ella en el artículo del día siguiente, si bien durante un tiempo, cada día que abro el buzón, espero encontrar la denuncia judicial de Valcárcel, que nunca llegó. Supongo que no se produjo porque hubiera reflexionado „nunca me llamó para pedirme disculpas„, sino porque al poco, el siguiente auto del instructor dejaba claro que Valcárcel era presuntamente el jefe de la trama Novo Carthago, aunque hasta hoy se haya visto libre de imputación por su calidad de aforado.

Algunos compañeros intentan aliviarme del temblor de piernas que inevitablemente produce el hecho de que el tipo políticamente más poderoso de tu Región te amenace a voz en grito con meterte una querella.

¡

Son gajes del oficio, me dicen. Yo no lo entiendo así. En una sociedad libre y democrática no es de recibo que los políticos investidos de poder, con la autoridad moral que les delegan los votos, intenten amedrentar a los comentaristas políticos o, pongamos por caso, acudan a los editores de los periódicos a pedir las cabezas de sus directores si no les bailan el agua. Es preciso considerar estos movimientos en la categoría a que corresponden, sin despreciarlos como incidencias circunstanciales.

No hay que tener miedo, claro, pero hay que estar prevenidos. Véase lo que se ha llevado por delante la simple instrucción del caso Novo Carthago. En primer lugar, una operación política perfectamente diseñada para sacar la instrucción del TSJ, donde la investigación estaba tocando las zonas sensibles: se forzó con urgencia la dimisión del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, imputado en el caso, a fin de intentar la prescripción o de que pasara a un juzgado ordinario y quedara fuera del alcance del juez Abadía, quien había conseguido aportar indicios muy ilustrativos acerca del interés en aquel desarrollo urbanístico. Cerdá no se ha repuesto todavía de esto y no ha dado una explicación a la opinión pública, dada su lealtad al presidente que lo mantuvo en el cargo casi tanto tiempo como duró su mandato.

Pero una sola acción no bastaba, de modo que el también ´agradecido´ Vicente Martínez Pujalte contribuyó, con su visita impropia a la sede de la Fiscalía General del Estado, a deducir la impresión de que intentaba influir en la desimputación en el Supremo de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, no por amistad o simpatía hacía ella, inexistentes, sino porque se intentaba cortar el fuego del caso en su origen: si no existió delito en la tramitación municipal, preceptiva para las autorizaciones de la Comunidad, podría alegarse que el caso decaería.

Sea por la extraña visita del diputado por Murcia que se dedicaba a asesorar a empresas contratistas con la Administración a 5.000 euros el informe verbal ante un cafelito, o sea por la propia convicción de la Fiscalía del Supremo, lo cierto es que Barreiro se va librando, y con ella, tal vez, la responsabilidad de quienes venían a respaldar la urbanización „recuérdese: 10.00o viviendas en la linde del Mar Menor, zona LIC, ZEPA y ZEPIN y de protección del trasvase, todo un canto al respeto ecológico„ desde el Gobierno de la Comunidad.

La gestión de Martínez Pujalte, quemado él mismo en sus cafelitos, por los que está imputado, ha sido generosamente agradecida, y esto es un dato, al colocar a su esposa, Isabel Borrego, en el número tres de la candidatura del PP para el 20D y para el 26J, a pesar de que no es murciana. No es casual.

Y como tan sólo dos acciones no bastan, el Gobierno central procedió a la destitución inmediata del delegado de Hacienda en Murcia, quien había realizado un excelente trabajo de investigación „a instancia judicial„ que había detectado algunos de los presuntos manejos de influencia que permitieron la imputación de familiares directos tanto de Valcárcel como de otros miembros del partido, caso de Sánchez Carrillo.

Pero, por si faltaba algo, también hay que computar la comparecencia pública de Valcárcel, tras la publicación de la investigación inicial que desvelaba presuntos favores del promotor de Novo Carthago a personas de su entorno, en la que insinuaba de manera impropia en un dirigente público la existencia de intereses inconfesables, que no detalló „lo hicieron después sus propios„ en el juez instructor, una descalificación en toda regla del sistema judicial para intentar justificar las evidencias que, en cualquier caso, quedaban a la vista.

Todo un rosario de actuaciones a la desesperada, sin espacio para el disimulo, con el fin de zafarse de las implicaciones de intentar promover una urbanización planeada por amigos, como se deduce del hecho de que el promotor, presunto empleador indirecto de la hija del presidente, fuera invitado a la boda de ésta.

Si a esto añadimos los problemas que para el erario público está suponiendo la desaladora de Escombreras „una iniciativa inicialmente privada que, sin embargo, puede acabar repercutiendo en los impuestos de los murcianos con un coste de seiscientos millones de euros„, que a todas luces es una instalación concebida para suministrar recursos a la urbanización Novo Carthago, tendremos el conjunto de claves que nos explican tanto nerviosismo, tanto desafuero y, en origen, aquella llamada destemplada en la que confundió a un periodista con uno de sus lacayos.

Ahora lo que falta saber es qué extraños interés concurren alrededor de la titular del juzgado ordinario que ha ratificado las imputaciones del primer instructor del TSJ, porque algo tendrán que decir sobre ella para descalificarla como a su antecesor so pena de dar por buena la previa instrucción.

No cabe esperar que Valcárcel acepte el requerimiento de declarar voluntariamente, pues para algo está el recurso del aforamiento (aunque no sea por causa de su función en el Parlamento Europeo, que es lo único que la justificaría), y querrá mejor arroparse en los jueces del Supremo, que por algo los nombra el Gobierno.

Lo que sí va quedando claro es el motivo por el que el presidente del PP no asistió esta semana al mitin de Rajoy en Murcia, una vez advertidos en el PP de que a partir del jueves podrían producirse decisiones judiciales como la dictada sobre Novo Carthago, lo que habría producido un álbum de fotos que podrían haber creado cierta incomodidad en el candidato popular a la presidencia del Gobierno, aunque éste, es sabido, no se incomoda por nada. Una pena, porque, según su costumbre, podría haberle dicho de viva voz a Valcárcel: «Ramón Luis, sé fuerte».


Piezas separadas

  • El Gobierno quiere ´unir´ s a Secuoya y GTM. El Gobierno regional pretende que la actual concesionaria de la televisión autonómica, Secuoya, comparta sociedad con el Grupo de Televisión Murciana (GTM), la anterior titular del canal, con la perspectiva de la renovación de la concesión, que se habrá de producir en los últimos meses de este mismo año. Como modo de resolver el conflicto entre ambas empresas, el Gobierno aspira a una solución salomónica que le permitiría prorrogar la concesión, pero con la incorporación de nuevos accionistas, los procedentes de GTM, que mantienen emisiones a través de su canal privado de televisión local. Falta saber si el Gobierno se limita a plantear esa sugerencia o intentará actuar como mediador, pero la negociación se prevé difícil, pues tendrá que decidirse, no sólo qué empresa mantiene la mayoría del accionariado, sino que parecería obligado que GTM retirara el abundante número de denuncias y querellas que mantiene contra Secuoya tanto por el concurso de la concesión como por presuntos incumplimientos de su contrato público.  
  • Pedro Antonio Sánchez dispone  de interlocutores en la dirección nacional de Ciudadanos. Las relaciones políticas entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Región de Murcia son complicadas, no sólo por la natural competencia política entre ambas formaciones sino porque los populares aseguran que encuentran muchas dificultades para distinguir a interlocutores sólidos, y ya se han producido muchos casos en que, tras un acuerdo entre ambos grupos parlamentarios, Ciudadanos ha cambiado de posición en el último momento, a veces durante el mismo debate de la cuestión a desarrollar. En el PP aseguran que a falta de confianza en los distintos portavoces que se dicen autorizados, el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha establecido contactos con la dirección nacional a fin de hallar interlocutores válidos que le permitan llevar a cabo estrategias que le permitan conocer de antemano si cuentan con el apoyo del partido de Albert Rivera, un supuesto aliado natural que sólo actúa como tal en ciertas ocasiones y no siempre las esperadas.

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