Estos días se escucha un grito de emergencia para el Mar Menor. Ya nadie puede ocultar la dramática situación ambiental de esa joya de la biodiversidad y moribunda gallina de los huevos del turismo regional. En las hemerotecas encontraremos (y encontrarán los historiadores) los responsables, con sus nombres y apellidos, de una larga trayectoria desde hace dos o tres décadas que ha desembocado en 'la sopa verde' de sus aguas. Para nosotros no cabe la menor duda de que la actual situación del Mar Menor se debe a una acumulación de negligencia institucional tras veinte años de Gobierno del Partido Popular. Han bloqueado cualquier iniciativa legal o de planificación para regular la actividad económica del territorio circundante del Mar Menor y tras esta continua dejación ahora se sorprenden (¿de verdad?) del estado crítico de las aguas del Mar Menor.
El Gobierno regional del PP ha venido propiciando el desgobierno medioambiental desde que empezó a gobernar esta región hace veinte años y cuyos herederos hoy, bajo la dirección de Pedro Antonio Sánchez, se esmeran en intensificar (véase ese irresponsable Decreto Ley Decreto-Ley 2/2016, del pasado 20 de abril, que aniquila las regulaciones medioambientales). En su día paralizaron la Ley del Mar Menor aprobada en 1987, como han venido boicoteando otras iniciativas como el proyecto CAMP Mar Menor de 2003 (Programa de Gestión Integrada del Litoral del Mar Menor y su Zona de Influencia) que contaba con financiación internacional y que dejaron abandonado en la intemperie intencionadamente.
La política regional de medio ambiente realmente existente para el PP es la que no existe. Esto es, el desgobierno medioambiental. ¿Estaríamos hablando hoy de la 'sopa verde' del Mar Menor si siguiera vigente y se hubiera desarrollado la Ley del Mar Menor 3/1987? ¿Qué estado tendrían hoy las aguas del Mar Menor si el Gobierno del PP no hubiese metido en un cajón desde 2004 el proyecto CAMP Mar Menor, un proyecto piloto de Gestión Integrada de las Zonas Costeras único en la Europa occidental y que hubiera hecho posible la conciliación de los usos e intereses y ya se planteaba actuaciones para disminuir la contaminación de nitratos?
Mientras tanto, ha permitido la expansión descontrolada de los grandes regadíos en el entorno de la laguna (los del Sur de la laguna datan de hace cinco años y son manifiestamente ilegales), no han facilitado el uso de técnicas ente los agricultores para reducir los nitratos en las labores de fertilización y han permitido la proliferación de desalobradoras ilegales en manos de particulares (hasta 1.5000) que generan enormes cantidades de salmuera. Ni siquiera la consejería ha hecho el más mínimo seguimiento del estado ambiental de la laguna mediante tomas de muestras periódicas y estaba obligada a ello por la Directiva Marco Europea de Aguas y también por la de Vertidos. En ausencia de controles ambientales, ahora les ha estallado una sopa verde marina que se podía haber evitado.
Causa sonrojo observar la actual disputa de la consejería con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que manifiesta la profunda ausencia de coordinación y comunicación entre dos Administraciones gobernadas por el mismo partido. Es incomprensible que un territorio como el Mar Menor que está distribuido en cuatro municipios y sobre el que intervienen las competencias de los tres niveles de la Administración (municipal, autonómica y estatal) carezca de un órgano de coordinación supramunicipal e interadministrativo. Este es el principal problema del Mar Menor: el desgobierno y la dejación. Mientras tanto, miles de euros cada verano a tratar de parar la invasión de medusas en las playas, sin siquiera plantearse que ya están apareciendo otras especies invasoras al calor de la sopa verde y que igualmente provocan el rechazo de los veraneantes.
Desde hace años se sabía del problema de las conducciones de las desaladoras ilegales que vierten al Albujón, Desde al menos 1997 se sabía del problema de contaminación de la salmuera y de los nitratos. No han hecho absolutamente nada. Esto no es ni siquiera libre mercado, esto es irresponsabilidad institucionalmente construida.
