Por fin se produjo la toma de posesión del nuevo director general de la Radio Televisión Autonómica: el profesor de la facultad de Comunicación y Documentación de la UMU Juan Miguel Aguado. Y hemos de celebrar este nombramiento porque, aparte de las cualidades del nuevo director general, está el hecho de que ha sido el primer responsable de este organismo que no ha podido ser nombrado, directamente, por el Gobierno de la Comunidad, el PP, que con su continuada mayoría absoluta se podía permitir no consensuar ni este ni otros nombramientos.

Pero las cosas han cambiado, ya no se goza de esa mayoría absoluta y se ha de aceptar que sean los partidos en la oposición quienes propongan el nombramiento a la Asamblea Regional porque, aunque esta designación ha sido propuesta por Podemos, no es menos cierto que ha sido apoyada por PSOE y Ciudadanos y votada afirmativamente por PP. Y ha podido ser así gracias a la Proposición de Ley aprobada a instancias del PSOE en la Asamblea Regional merced a la que se logró modificar el procedimiento de elección del director general de RTRM, pasando de su designación unilateral por el Gobierno regional a la elección por mayoría absoluta de la Cámara. Pero esto no es suficiente para permitir que este organismo funcione como tiene que hacerlo un ente público. Y sé muy bien de lo que estoy hablando porque esta es la segunda legislatura que pertenezco al Consejo de Administración de la Radio Televisión Autonómica y siempre pensé que es un organismo que no sirve para nada, por lo menos hasta ahora. Y ustedes se preguntarán los motivos por los que continuo perteneciendo al mismo con esta opinión, pero es que pienso que las cosas que no funcionan has de intentar cambiarlas desde dentro, no dando el portazo y dejando que todo continúe igual, que esperemos que no ocurra así porque esta nueva etapa no puede quedar solo en el nombramiento por la Asamblea del director.

Esta nueva etapa tiene que dar paso a lo que ahora no está ocurriendo y que no es otra cosa que realizar un riguroso control de los principios generales que debe cumplir la programación de la radio y televisión públicas de la Región. Entre ellos, aquellos que tanto hemos echado de menos en 7RM a lo largo de sus diez años de programación, como son el respeto a la objetividad e imparcialidad de las informaciones.

Sin embargo, la normativa que rige la gestión de los medios públicos regionales se ha caracterizado por la ausencia de una definición clara y exhaustiva de los principios inspiradores del servicio público de comunicación audiovisual, a lo que en la última ley 6/2012 se sumó la implantación de un modelo de gestión indirecta de la televisión que otorga amplias competencias en la elección de la programación y emisión a la empresa adjudicataria. Esto supone, simple y llanamente, la cesión por parte del sector público de una gran parte de la responsabilidad editorial al sector privado, y con ello la selección de programas y contenidos, entre otros. La experiencia nos ha demostrado que dicho modelo no sólo no funciona, sino que incumple reiteradamente objetivos a los que está obligado, entre otros, el de ofrecer a los ciudadanos una información independiente y plural, que contribuya a fortalecer la libertad de expresión. Y para ello, no queda otro camino que modificar la Ley que actualmente existe, revertiendo al sector público la responsabilidad que nunca debió delegar, en la que la dirección y el Consejo de Administración sean dotados de competencias que les permitan realmente ejercer una labor de control que fomente los criterios y líneas estratégicas de una programación que garantice un mínimo de pluralidad informativa, que apueste por el respeto, la igualdad, y el incremento de la calidad de un medio que debe responder a las exigencias de una sociedad avanzada. Algo que ahora no ocurre.