Nadie lo confirma, pero en los mentideros políticos se da por seguro, y a mí no me extraña, que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dio un sonoro puñetazo en la mesa mientras blasfemaba (no se sabe si en catalán o en español) contra los responsables de su partido en la Región cuando conoció los pormenores del escándalo que ha traspasado nuestras fronteras para llegar a todo el reino en un momento especialmente delicado para los políticos por cuanto se avecinan nuevas elecciones generales en dos meses. Su formación ha pagado de manera irregular facturas de la campaña electoral del pasado mes de mayo con el dinero que tiene asignado el grupo parlamentario en la Asamblea Regional, lo cual es ilegal, es decir, puede terminar en los juzgados, aunque los responsables del partido se han apresurado a declarar que van a reintegrar el dinero supuestamente mal empleado. Las primeras consecuencias del caso, las internas, no se han hecho esperar: la dirección ha destituido a su delegado territorial, Mario Gómez, quien además era uno de los aspirantes a dirigir a la formación naranja, y también le ha abierto un expediente -al igual que al diputado regional Luis Fernández- cuyo alcance se desconoce, aunque nadie duda a estas alturas de que la carrera política de Gómez toca a su fin. Y esto por el momento, porque hay otros nombres relevantes que siguen tomando tila, en vez de gintonics, por lo que pueda suceder en los próximos días. Para conocer el alcance de las segundas consecuencias, las externas, debemos esperar a la reacción del electorado en los próximos comicios del 26 de junio.

Sin embargo, queda aún al menos un frente abierto: la investigación iniciada en la Asamblea Regional. La presidenta del Parlamento, Rosa Peñalver, ha anunciado que los servicios de la Intervención de la Cámara están elaborando un informe sobre la documentación para la justificación de gastos presentada por Ciudadanos y los demás grupos. Y en este punto, conviene hacer una aclaración: ¿quién firma todos los justificantes de pago de cada grupo parlamentario como último responsable? Indefectiblemente, el portavoz del grupo, en este caso, Miguel Sánchez. Aludir, como hizo Sánchez, a «la bisoñez» para justificar lo injustificable parece, cuando menos, excesivamente bisoño. Y culpar a un trabajador administrativo de la formación naranja de lo ocurrido es desatinado. El guasap, ese maléfico y a la vez propicio invento, ha puesto en evidencia a Gómez. Pero la investigación del Parlamento puede dejar una segunda víctima marcada. Los grupos del PP y de Podemos, en boca de sus respectivos portavozces Víctor Martínez y Óscar Urralburu, respectivamente, han reaccionado rápidamente y exigen que se aclare el caso hasta en el más mínimo detalle, pero llama la atención que el responsable del grupo parlamentarios socialista, Rafael González Tovar, haya actuado, incomprensiblemente, con cierta condescendencia hacia Miguel Sánchez. Este escándalo ha provocado que C's comience a parecerse a la vieja política que siempre han denunciado. Probablemente este partido se ha hecho mayor.