La Bahía de Portmán y sus alrededores anegados por más de sesenta millones de toneladas métricas de estériles mineros contaminados sigue siendo aún el mayor desastre medioambiental de España y el Mediterráneo, a pesar de los veintiséis años transcurridos desde que cesaron los vertidos del lavadero Roberto.

Tras diversas alternativas fallidas, en 2006 parecía que se iniciaba por fin un proceso sólido para lograr la ansiada regeneración de la Bahía, con el convenio firmado entre el ministerio de Medio Ambiente de Narbona, el Gobierno regional y el ayuntamiento de La Unión, convenio que compromete y marca una hoja de ruta común a las tres administraciones, y que además cuenta con un amplio consenso social, al estar basado en la propuesta de las organizaciones vecinales, de retranqueo de 250 m. de la línea actual de playa, traslado del material dragado a cortas mineras, recuperación de la playa y del puerto pesquero de Portmán, y en caso de construirse un puerto deportivo, hacerlo interior tras la playa.

En base a ese convenio, por fin en 2011, con Pedro Antonio Ríos en la dirección general de Costas, el ministerio aprobó el proyecto de regeneración, con evaluación ambiental positiva y el consenso de todas las Administraciones y organizaciones implicadas; y fue licitado a finales de 2011, con un presupuesto comprometido por la intervención del Estado de 79 millones de euros a ejecutar en cuatro años, iniciándose incluso las obras de adecuación de la Corta San José donde se trasladarían los estériles dragados. Así, la recuperación de la Bahía ya debía estar hoy finalizada, habiendo generado empleo y un nuevo horizonte de desarrollo sostenible para la zona.

Sin embargo, tras el cambio de Gobierno en las elecciones, el nuevo ministerio de Arias Cañate paralizó en 2012 las obras en marcha de la Corta San José y anuló injustificadamente la licitación del proyecto, alegando unas supuestas irregularidades administrativas nunca aclaradas. Y en vez de volver a licitar el proyecto, supeditó la regeneración a la propuesta de Aria Internacional en 2013, junto con Acciona, que prometía recuperar toda la Bahía ´gratis´ para el erario público, con un maná de puestos de trabajo, para explotar el mineral de hierro de los estériles y venderlos al mercado chino. Y así nuestro Gobierno regional declaró la Bahía recurso minero, mientras el ministerio suprimió en 2014 la partida para Portmán de los presupuestos y convocó un concurso para otorgar una concesión administrativa del DPMT para su aprovechamiento minero, adjudicándolo a la única empresa que optó, Portmán Aria SL, y no ejerciendo su derecho preferente sobre esos recursos mineros, con lo que dejó irresponsablemente en manos de esa empresa el futuro de la Bahía.

A pesar de las quejas por el retraso y paralización del proyecto aprobado en 2011 y de las advertencias de las organizaciones vecinales, ecologistas y expertos universitarios sobre la inviabilidad ambiental y económica de este ´cuento chino´, las Administraciones sólo cerraron el proceso cuando el fiasco se hizo público en octubre de 2014, debido a la detención del responsable de Aria Internacional, por fraude, y al concurso de acreedores de la empresa, que ni siquiera presentó, afortunadamente, la documentación precisa. Así, en noviembre de 2014 el ministerio archivó el concurso para el aprovechamiento minero, y en marzo de 2015, la dirección general de Minas canceló la declaración como recurso minero de la Bahía y la solicitud de Aria.

Tras este fiasco, el ministerio tuvo que retomar el proyecto de 2011, aprobando el Consejo de Ministros del 19 de junio de 2015 sacarlo de nuevo a licitación por un importe mucho menor, de 59,5 millones de euros, habiendo perdido injustificadamente cuatro años. Pero nadie dio explicaciones ni asumió responsabilidades políticas. Todo lo contrario, Bernabé, que como alcalde fue su principal valedor, descalificando a todo el que pusiera objeciones al mismo, fue ´ascendido´ a consejero de Fomento e Infraestructuras. Y Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa, ´ascendido´ a secretario de Estado de Medio Ambiente.

El desastre de gestión del Gobierno anterior „y del hoy Gobierno en funciones„ no acabó ahí, puesto que casi un año después siguen sin estar contratadas las obras, en un proceso que raya lo esperpéntico. Así, tras descartar una de las ofertas por baja temeraria del 51,83% respecto al presupuesto de licitación, el ministerio adjudicó el 14 de diciembre las obras a la UTE encabezada por Acciona (la misma que inició junto a Aria el proceso anterior), por un presupuesto de sólo 33,4 millones de euros, lo que supone una baja del 43,85%.

Pero la UTE Marco-Ciomar, con una oferta económica aún más baja (-46,02%) y que había quedado empatada a puntos con la anterior, recurrió la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que le dio la razón el 5 de febrero de 2016, anulando la adjudicación del ministerio y obligando a éste a continuar el procedimiento y adjudicar el contrato a Marco-Ciomar. Pero tampoco el ministerio ha cumplido esa resolución, alegando primero que no era prudente adjudicar las obras ante el recurso presentado en la Audiencia Nacional por la UTE encabezada por Acciona, y aplazando finalmente la ejecución del proyecto «hasta que haya nuevo Gobierno, por indisponibilidad de fondos», debido a la interinidad de la ministra y de sus altos cargos.

Conclusión: la regeneración de Portmán sigue bloqueada por este Gobierno casi cinco años después de que el proyecto fuera aprobado, y ni siquiera han retomado las obras de la corta San José, ni han convocado para dar explicaciones a la Comisión de Seguimiento del Convenio, ninguneándola en todos estos años. Sólo ha crecido la frustración y la indignación vecinal por tanto despropósito. Pero desde las organizaciones ciudadanas vamos a seguir trabajando para que Portmán deje de ser la eterna asignatura pendiente.