Al día siguiente de que el alcalde de Cartagena, Jose López, le dijera a la vicelcaldesa, Ana Belén Castejón, que le dejaba durante 48 horas las competencias de Urbanismo «para que prevaricara ella» y prohibiera el proyecto de Novo Carthago, «ya que este alcalde no puede hacerlo porque incumpliría la ley», el Partido Socialista registró una moción en la Asamblea Regional solicitando una suspensión de todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor.
Esta sucesión de hechos nos demuestra que la iniciativa del PSOE tiene un claro interés político que tapa la excusa de preservación de la laguna en un intento de tratar de poner un testigo a las grietas del Gobierno municipal en el Ayuntamiento cartagenero. Una vez más los socialistas han confundido la defensa del bien común con sus intereses particulares y partidistas. El partido que hace bandera de la participación ha tomado una decisión al margen de los municipios afectados por ella, incluso lo ha hecho sin consultar a su socio de gobierno en Cartagena.
El Partido Popular comparte que hay que intensificar las medidas para proteger el Mar Menor, los alcaldes de los municipios ribereños también se han manifestado en este sentido y el Gobierno regional está trabajando en esa dirección pero siempre con la ley en la mano.Las medidas que preserven la laguna de un crecimiento urbanístico desmesurado deben tomarse desde el rigor y el sentido común, pero no incumpliendo la legalidad y generando derechos indemnizatorios a los propietarios de suelo que ni los Ayuntamientos ni la Comunidad Autónoma están en disposición de afrontar.
La propuesta del PSOE es, además, inconcreta, sin avales técnicos y científicos, no establece plazos de duración de la prórroga y ni siquiera se plantea como ley, por lo que tampoco podría paralizar ningún plan urbanístico. En suma, una auténtica chapuza por cuanto carece de toda validez normativa y que, encima, se ha fraguado de espaldas a los Ayuntamientos, en una clara injerencia en sus competencias.
La vicealcaldesa de Cartagena, señora doña Ana Belén Castejón, se permite impartir lecciones de transparencia y participación, pero en la práctica no se ha molestado en recabar la opinión de los alcaldes afectados por su propuesta de moratoria: ni la misma Castejón, ni Tovar, ni los socialistas en general son quienes para prescribir cómo deben ordenar y planificar sus municipios. Pero, claro, de lo que se trata es de salvar, no al Mar Menor, sino a la propia Castejón y sus intereses políticos en el ayuntamiento de Cartagena. Hasta el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, ha reconocido públicamente el ridículo que su partido ha hecho en este asunto, y a toro pasado pretende consultar con esos mismos ayuntamientos y colectivos afectados a los que su partido ha eludido desde el primer minuto.
El señor Tovar, una vez más, llega tarde y mal, máxime cuando la posición de los regidores de los municipios ribereños es clara: no a una moratoria que si trata de proteger algo son determinadas pretensiones políticas. Además, no está de más recordar que en la actualidad hay dos comisiones en funcionamiento, una liderada por el Gobierno regional y otra en el Parlamento autonómico, en las que, junto con los colectivos afectados, y con la ayuda de técnicos y expertos en la materia, todos estamos arrimando el hombro para analizar el estado de conservación del Mar Menor y decidir medidas de mejora.
Porque en el Partido Popular entendemos que la participación es la mejor manera de aportar soluciones consensuadas para poner fin a los problemas de la laguna. Esta es la forma correcta de trabajar, y no desde decisiones unilaterales que tratan de solucionar los problemas políticos de Castejón en el ayuntamiento de Cartagena.
